Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas
El modo como está ocurriendo la transformación de la salud, de servicio público a negocio lucrativo, es escandaloso, inconstitucional y ciertamente violador del derecho de los ciudadanos a la salud. Lo que pasa es un caso único en los países de desarrollo comparable al nuestro.
Algunos ejemplos bastarán para resaltar la gravedad de la situación. Recientemente, la Ministra de Salud convocó a todos los directores de servicios públicos de reproducción asistida en virtud de crear las condiciones financieras y humanas para aumentar significativamente la oferta pública de estos servicios. Todos, excepto uno, rechazaron la oferta, bajo varios pretextos y por una sola razón: todos ellos dirigen servicios privados de reproducción asistida y no querían que los servicios públicos les hicieran competencia.
Otro ejemplo, aún más perturbador. Un determinado hospital público decidió aumentar la oferta de servicios especializados para corresponder a las solicitudes crecientes de los ciudadanos. Pues bien, esta decisión se vio contestada en los tribunales por el sector empresarial hospitalario con el fundamento de que, al expandir los servicios públicos, se estaban poniendo en causa las legítimas expectativas del sector privado en cuanto a su expansión y lucratividad. A pesar de que un propósito como éste clame al cielo, hay juristas de renombre dispuestos a dar opiniones elocuentes a favor de los descontentos y sólo nos queda esperar que nuestros tribunales hagan una ponderación de intereses a la luz de lo que determina la Constitución y decidan correctamente.
Tercer ejemplo. En contra del parecer de la Ministra de Salud, el Ministro de Finanzas autorizó un acuerdo entre un hospital privado, perteneciente al Grupo Espírito Santo, y la ADSE [Dirección General de Protección Social a los Funcionarios y Agentes de la Administración Pública], con el objetivo de, con el nuevo flujo de enfermos, viabilizar un hospital en dificultades. ¿El dinero gastado en ese acuerdo no podría haber sido aplicado, más eficazmente, a la expansión de los servicios públicos? La ironía de la historia es que, poco tiempo después, los periódicos anunciaban en primera página que los usuarios de la ADSE, al pagar peor, estaban siendo omitidos en el hospital referido.
Estos tres ejemplos son ilustrativos del ataque cerrado al que está siendo sujeto el SNS [Servicio Nacional de Salud] y del poder político que el sector privado ya ha adquirido entre nosotros. La actividad empresarial en el campo de la salud es una actividad legítima, pero dejará de serlo si interfiere con el derecho a la salud gratuita consagrado constitucionalmente. ¿Se imagina que la Policía Judicial pudiese ser llevada al tribunal por, al desarrollar sus servicios de investigación, violar las legítimas expectativas de los detectives particulares?
La destrucción del SNS estuvo hasta ahora a cargo de los gobiernos del PSD [Partido Social Demócrata] y del Ministro Correia de Campos. Ante la reacción de los ciudadanos, el gobierno procuró cambiar el curso y la actual Ministra parece ser una honesta defensora del SNS. ¿Tendrá poder? Las señales no son alentadoras porque las medidas a tomar son drásticas. Primero, los directores de los servicios hospitalarios deben estar en régimen de exclusividad, no sólo por el tiempo que deben dedicar al servicio, sino para evitar conflictos de intereses. Hasta ahora, siempre que el Gobierno lo ha intentado, se ha dejado atemorizar por el miedo a perder los mejores. No hay que tener ese miedo, ya que disponemos de muchos profesionales competentes y dedicados. Es preciso acabar con la figura del director de servicios que no dirige el servicio y es tan sólo el jefe de los médicos. Segundo, es urgente reponer y valorizar las carreras médicas para no crear incertidumbres desmoralizadoras. Tercero, formar un médico en un sistema público lleva diez años: no tiene sentido que, al final de esos años, el sistema privado se apropie de todo esa inversión y la transforme en un lucro. Los médicos deberían estar obligados a permanecer en el servicio público por un período razonable. Cuarto, deben profundizarse las formas de contractualización en los servicios públicos -desde que no pasen por las parasitarias empresas proveedoras de médicos (donde desaparece la responsabilidad por el acto médico)- para permitir la reducción de las listas de espera, como ocurrió recientemente en oftalmología. Quinto, no hay ninguna razón para que una lámpara de un sistema de imagenología lleve más tiempo en ser sustituida en el sistema público que en el privado.
Si, en un momento dado, el SNS no tuviera las condiciones para garantizar la salud de todos los ciudadanos, puede comprar servicios médicos a los servicios privados, pero, según el espíritu de la Constitución, eso sólo puede ocurrir si no pudiera expandir sus propios servicios públicos. Los casos antes mencionados muestran que puede y quiere. ¿Aún estamos a tiempo?
Fuente: http://www.ces.uc.pt/
Artículo original publicado el 28 de agosto de 2008.
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).
Antoni Jesús Aguiló es colaborador de Rebelión y Tlaxcala. Àlex Tarradellas es miembro de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente, a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor, al revisor y la fuente.