Juan Antonio Gallegos vende tortillas mexicanas en el Parque Cuscatlán de la capital de El Salvador y como otros comerciantes informales del área estos días solo piensa en una cosa: como resistir el desalojo impuesto por un plan de ordenamiento urbano. Unos 25 vendedores de comida recibieron una carta de la alcaldía de San Salvador, […]
Juan Antonio Gallegos vende tortillas mexicanas en el Parque Cuscatlán de la capital de El Salvador y como otros comerciantes informales del área estos días solo piensa en una cosa: como resistir el desalojo impuesto por un plan de ordenamiento urbano.
Unos 25 vendedores de comida recibieron una carta de la alcaldía de San Salvador, Norman Quijano, en que les notifica que el 2 de enero deberán abandonar el lugar. «Eso es un aviso de desalojo, si la mayoría de mis compañeros dice que resistamos, vamos a resistir con todo», dijo Gallegos a IPS mientras untaba aguacate en una tortilla de maíz.
Desde junio, el alcalde ordenó el desalojo forzoso de 1.053 vendedores, en una campaña destinada a ordenar una ciudad con más de 16.000 comerciantes informales, que han ido tomando calles y plazas con sus puestos precarios, cuando los tienen.
Las sucesivas «Operación Trueno», como llama la policía metropolitana a las expulsiones, terminaron varias veces en batallas campales, con decenas de detenidos y heridos.
Organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica, entre otros, demandan que las partes enfrentadas encuentren una salida negociada para dos necesidades antagónicas: una ciudad ordenada y funcional y el derecho a ganarse un sustento de los vendedores ambulantes.
«No es con desalojos violentos como se va a solucionar el problema, hay que buscar la negociación y allí encontrar la mejor fórmula que medie entre esas dos necesidades», dijo a IPS Saúl Baños, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, reconoció este mes que a la Iglesia Católica «este tema nos preocupa mucho». «Sentimos la necesidad de que se ordene la ciudad, (pero) es importante que las personas no pierdan su fuente de trabajo, que puedan seguir laborando honestamente», planteó.
Los desalojos forzosos son una escena frecuente en ciudades de América Latina y de otras regiones del Sur en desarrollo, donde la proliferación de los puestos callejeros chocan con planes para sanear los espacios públicos y mejorar los cascos urbanos.
«No es que nos guste vender en la calle, es que ante tanto desempleo es la única manera que uno tiene para ganarse el sustento y el de nuestras familias, dijo a IPS Martín Montoya, dirigente del Movimiento de Vendedores Independientes Unidos, uno de los impulsores de las movilizaciones y tomas de edificios para defender los derechos del colectivo.
Las reubicaciones aplicadas en este y otros países de la región no suelen funcionar, explicó, porque habitualmente los comerciantes son colocados en lugares donde no hay compradores.
La clave, dijo Montoya, es establecer lugares donde sí haya clientela, y eso se logra con negociación.
El dirigente dijo que los comerciantes informales están dispuestos a ello y propuso que en la mesa de diálogo participen como testigos el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, y el arzobispo Escobar. Ambos se mostraron dispuestos.
La economía informal y en especial la venta ambulante cobija al elevado porcentaje de la población latinoamericana que es marginada del trabajo formal, en un problema laboral enquistado en las sociedades de la región y que se agudiza cada vez que hay una crisis financiera.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, ha calificado la economía informal «como alternativa de sobrevivencia», que crece cuando una crisis financiera como la de 2009 incrementa el desempleo regional abierto en 3,4 millones de personas.
En México, por ejemplo, unos 12,2 millones de personas, casi un tercio de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, según datos oficiales de noviembre de 2009.
En Bolivia el porcentaje de la población activa en el comercio informal trepa a 62,5 por ciento, según el Informe Regional de Desarrollo Humano Latinoamérica 2010, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En El Salvador, un país de unos seis millones de personas, 48 por ciento de la población activa no cuenta con un empleo formal y gana menos de un salario mínimo precisa ese informe. Mientras, la Cepal colocó este mes a su economía entre las que menos crecerán este año en el área, con uno por ciento, frente a seis por ciento regional.
La rigidez del mercado laboral latinoamericano, subraya el PNUD, tiene un marcado componente de género, que arrincona a las mujeres de la región en el nicho del mercado informal y feminiza éste y otros sectores de baja rentabilidad.
Las calles de San Salvador son una vitrina del fenómeno, donde las vendedoras ambulantes sobresalen en cantidad. Un número alto de ellas, además, sacan adelante solas a sus familias y muchas veces mientras ofrecen sus productos, al lado, o durmiendo en la acera o entre los canastos y bultos de mercadería, están sus pequeños hijos.
Deshacerse de parte de los 16.000 comerciantes informales y controlar al resto, centra los planes del alcalde Moreno, de la opositora y derechista Alianza Republicana Nacionalista.
«Todos los países de Latinoamérica han tenido este problema en sus capitales, y todos lo han abordado», aseguró a IPS Carolina Ramírez, directora general de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de San Salvador.
«Queremos causar el menor daño colateral posible a todos los vendedores honrados», matizó la funcionaria.
Explicó que en lo inmediato la alcaldía pretende la remodelación y ampliación de algunos mercados ya existentes, para lo que ya cuenta con un crédito de cuatro millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Más a largo plazo proyecta la construcción de nuevos mercados y busca financiamiento para ello.
Ramírez afirmó que en San Salvador es más complicado que en otras ciudades latinoamericanas el recuperar espacios públicos por una alegada manipulación de los vendedores por dirigentes vinculados a las pandillas y al crimen organizado.
Ellos estarían detrás de la toma de algunas calles y aceras, que luego venden o alquilan a los vendedores ambulantes. «Esos grupos violentos son los que se oponen al ordenamiento, porque les quitamos el negocio», aseguró.
El dirigente Montoya se desmarcó de esas prácticas pero reconoció que en otras organizaciones sí se lucran a costa de los comerciantes informales.
Los vendedores ambulantes salvadoreños coexisten en 53 organizaciones y aunque en coyunturas decisivas logran algún grado de cohesión, están lejos de un frente común.
La funcionaria rechazó las reiteradas críticas de que el alcalde es contrario a negociar. Quijano, aseguró, ha hecho concesiones y propuestas flexibles de reubicación, pero los comerciantes al final piden lo inviable: permanecer en las calles. «Ese tipo de negociación es totalmente improductiva», señaló.
Juan Antonio Gallegos, el vendedor de tortillas mexicanas del Parque Cuscatlán, tiene un argumento esencial para su resistencia: no puede aceptar que lo reubiquen en un lugar por donde no circula gente porque «no voy a sacar ni para lo de mi comida».