La gira «Agua para la tierra» organizada por la asociación Perifèries en coordinación con otras organizaciones de solidaridad internacionalista, que recorre las principales universidades del País Valencià, nos trae la historia de dos mujeres, Vidalina Morales y Manuela Morales, originarias de la comunidad, Santa Marta en El Salvador. Una comunidad que, tras ser arrasada en […]
La gira «Agua para la tierra» organizada por la asociación Perifèries en coordinación con otras organizaciones de solidaridad internacionalista, que recorre las principales universidades del País Valencià, nos trae la historia de dos mujeres, Vidalina Morales y Manuela Morales, originarias de la comunidad, Santa Marta en El Salvador. Una comunidad que, tras ser arrasada en los años 80, ha logrado impulsar una ley inédita que prohíbe la actividad de la industria minera en su país.
Una región en el punto de mira
Centroamérica ha sido en los últimos tiempos una de las regiones del planeta donde se ha fijado la atención internacional. En Nicaragua los estudiantes han protagonizado las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega desde el pasado abril, con un saldo de más 320 muertos y más de 600 presos políticos. Cerca de 8 mil personas atraviesan México huyendo de la miseria y la violencia en Honduras. En su paso por Guatemala al menos un millar de personas se unieron a esta caravana migrante por razones similares. Estos países junto a El Salvador, en el que nos centraremos en esta ocasión, sufren además las guerras de despojo de sus recursos naturales. Esta agresión derivada de los tratados neoliberales de libre comercio, tiene su antecedente en las guerras que sufrió Centroamérica durante los años 80. Así lo explica el guatemalteco Rolando Morán, miembro de asociación valenciana Perifèries. «Durante aquellos años se vivieron auténticas guerras de exterminio. Guatemala sufrió un genocidio de 200 mil personas, 50 mil desparecidos y un millón de desplazados, en El Salvador se contabilizaron 75 mil víctimas, Honduras y Nicaragua fueron invadidos por ejércitos mercenarios adiestrados y financiados por Estados Unidos. En las mismas zonas donde hubo masacres hay hoy multinacionales hidroeléctricas, mineras y de monocultivo. Estas empresas actúan con prácticas militares; muchos militares se reciclaron pasando a formar parte de las empresas de seguridad de estas multinacionales. Un caso paradigmático es el de Berta Cáceres, en cuyo asesinato al menos la mitad de los 8 imputados son ex-militares o están relacionados con el ejército.»
Ante este escenario parecería que no caben más posibilidades que la resignación o el lamento. Sin embargo desde miles de comunidades de toda Latinoamérica nos llega siempre un mensaje que se repite constantemente: llevamos 500 años de resistencia. Esta memoria, esta vivencia y este aprendizaje de siglos no son un eslogan, son una realidad que sirve para forjar un carácter y una determinación. La historia que contamos aquí es la de una comunidad, la de Santa Marta en El Salvador, que tras ser arrasada su tierra y exiliada su población renació para fortalecerse aún más y lograr que su país fuera el primero en el mundo en aprobar una ley que prohíbe el despojo que supone la minería de oro y plata.
Bajo el lema «Agua para la tierra; defendiendo bienes comunes y construyendo alternativas» la asociación Perifèries que promueve la solidaridad y la cooperación internacionalista, organizó la visita de dos mujeres, Vidalina Morales y Manuela Morales, que recorrieron las Universidades de València, Castellón y Alicante para dar testimonio de la historia, la lucha y los logros de su comunidad. Estas dos mujeres campesinas miembras de ADES (Asociación de Desarrollo Económico y Social) representan el importante papel desempeñado por las mujeres en la lucha por los derechos de sus comunidades.
Destrucción y renacimiento de una comunidad
En 1980 comienza la guerra civil en El Salvador. La comunidad de Santa Marta es bombardeada y arrasada y su población huye hacia Honduras, donde se refugiaron hasta 60 mil salvadoreños. En el camino al exilio hostigados por el ejército salvadoreño al menos 400 personas mueren en lo que se conoce como la masacre del río Lempa. «Durante los siete años de exilio en Honduras la comunidad de Santa Marta permaneció unida y organizada, nuestro deseo siempre fue regresar. ACNUR tenía otros planes para nosotros y pretendía rehubicarnos definitivamente en el interior del país pero la comunidad se opuso y regresó a su territorio siete años después cuando todavía quedaban cinco años más de una guerra que terminó en 1992,» cuenta Manuela.
Cuando regresaron a su tierra sus pueblos habían quedado arrasados, no quedó nada en pie y tuvieron que empezar de cero. Constituimos ADES y comenzamos a trabajar. Hoy la comunidad de Santa Marta, donde conviven más de 600 familias, está en mucho mejor situación que otras comunidades vecinas. En un impresionante ejemplo de autogestión han levantado escuelas y centro sanitarios. «Formamos a nuestros propios promotores educativos porque quisimos que nuestros niños no perdieran la memoria de todo lo que nos tocó vivir, algo necesario para conservar nuestra identidad como comunidad. Por lo mismo no permitimos la implantación de modelos educativos llegados de fuera. Colectivizamos la tierra formando una cooperativa legalmente constituida entre todas las familias. Fue una decisión de la comunidad porque temíamos que si algunas tierras estaban en propiedad de alguna persona pudiera pasar algo con ella y tener problemas para reclamarla. La comunidad decidió que era mejor actuar así, una tierra común en la que todos vivimos y cultivamos. La unión de la comunidad es la que permitió que pudiéramos rehacernos desde la anda.» En este proceso de reconstrucción también se creó Radio Victoria, que recientemente ha cumplido 25 años, una radio comunitaria que sería clave en la lucha contra las mineras.
La lucha contra la minería
Pacific Rim fue la multinacional canadiense que pretendía asentarse en Santa Marta para levantar mineras de oro y plata. Vidalina explica cómo «entre sus estrategias fue la de crear una fundación que con el lema de la «Minería Verde» pretendía convencer a la gente de las bondades supuestamente ecológicas de la minería y de las ventajas a nivel laboral y de progreso que traería a la comunidad.» Los medios de comunicación repitieron y amplificaron este mensaje. Con la excepción, claro está, de radio Victoria. «Hay un control casi total de los medios de comunicación masivos de la que se escapan las 23 radios comunitarias que existen en el país y que comparten una sola frecuencia para todas. A los compañeros de Radio Victoria se les intentó sobornar y cuando esto no funcionó, recibieron amenazas personales y familiares por lo que algunos tuvieron que exiliarse durante algún tiempo.» Pero las amenazas contra defensores medioambientales y líderes comunitarios no se detuvieron aquí. La oposición de la comunidad al proyecto minero se saldó con varias muertes. Como la de Dora Alicia Recinos que estaba embarazada cuando la asesinaron, a Marcelo Rivera Moreno lo encontraron muerto y amordazado o a Ramiro Durán Ayala que murió acribillado en una emboscada de diseño militar. Todos ellos destacados defensores medioambientales. «Fueron momentos de terror en que sentíamos debilidad como cualquier ser humano.» Pero continuaron resistiendo.
Desde ADES consiguieron movilizar a la universidad para que los científicos analizaran y corroboraran la letal contaminación de los ríos y también a la iglesia para que sus sacerdotes explicaran en sus homilías los daños que la minería estaba causando. La multinacional Pacific Rim acabó por demandar al Estado salvadoreño por no poder llevar a cabo sus proyectos debido a la resistencia de las comunidades. El que una empresa pueda pedir indemnizaciones al gobierno de un país se debe a la aprobación de los tratados de libre comercio. El Salvador tuvo que pagar a la empresa canadiense hasta 13 millones de dólares. Sin embargo la lucha continuó, la comunidades siguieron movilizadas. La multinacional australiana Oceana Gold se hizo con las acciones de Pacific Rim y gracias a la presión popular, en un fallo sin precedentes, el tribunal de arbitraje sentenció que debía compensar al estado salvadoreño con 8 millones de dólares. «Desde ADES nos aliamos con unas 14 organizaciones a nivel nacional y logramos concienciar a la población salvadoreña que en un 70% declaró su rechazo a la minería.» Finalmente y tras doce años de resistencia contra las mineras y 30 desde que la comunidad de Santa Marta regresó del exilio, en 2017 El Salvador fue el primer país en el mundo en aprobar una ley que prohibía la minería en su territorio.
Una aldea global
Tras la exposición de Vidalina y Manuela frente a los estudiantes valencianos, surgen algunas cuestiones. Llama la atención la fortaleza de su comunidad y se pregunta cómo se consigue una unión tan fuerte entre su gente. Vidalina responde: «Si no estuviéramos juntos no podríamos sobrevivir. Tenemos un pensamiento colectivo forjado por nuestra historia. Enfrentamos adversidades desde hace mucho, la resistencia forma parte de memoria colectiva. A principios de siglo en 1932, hubo un exterminio perpetrado por el gobierno de 30 mil campesinos indígenas. El motivo fue que las comunidades se oponían a la apropiación de sus tierras por parte de empresarios poderosos. Estas luchas se repiten, tratamos de mantener viva nuestra memoria histórica algo que es fundamental para defender nuestro ecosistema, nuestra agua, nuestra tierra, nuestros bosques. Puede que en Europa haya más recursos pero el pensamiento individualista es el que dificulta aquí los proyectos de autogestión y resistencia.»
Otra de las preguntas que se plantean, es sobre cuál es la motivación para venir hasta acá y explicar sus luchas, qué esperan de este tipo de encuentros. De nuevo Vidalina toma la palabra y aprovecha la pregunta para lanzar su mensaje: «A pesar de haber ganado esta batalla contra las mineras nosotras seguimos atentas. La situación en muchas partes de Latinoamérica está cambiando en un giro peligroso a la derecha y eso nos preocupa porque sabemos cómo funcionan las cosas En nuestro país existe la corrupción, el crimen organizado y la violencia de las maras, hay casos evidentes de convivencia de estos grupos con gentes de derechas. Ahora estamos en periodo electoral, si vuelve a gobernar la derecha podrían cambiar las leyes y favorecer a los grandes oligarcas tanto nacionales como extranjeros. El supuesto desarrollo de unos países supone la destrucción de otros pero esa misma destrucción de nuestros mundos traerá antes o después catástrofes aquí por muy desarrollados que estén. Podemos vivir sin oro pero no sin agua. Entonces venimos aquí porque tratamos de crear conciencia, una conciencia colectiva; vivimos en un mundo global, una aldea global decimos nosotras.»
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.