El gobierno del cambio por el que muchos abogábamos se ha ido desvaneciendo con el paso de los meses y con él las políticas progresistas necesarias para garantizar a los ciudadanos progreso, eficiencia y bienestar. España seguirá presa de la austeridad impuesta por la Troika, esos llamados «expertos» económicos que trabajan en instituciones económicas tan […]
El gobierno del cambio por el que muchos abogábamos se ha ido desvaneciendo con el paso de los meses y con él las políticas progresistas necesarias para garantizar a los ciudadanos progreso, eficiencia y bienestar. España seguirá presa de la austeridad impuesta por la Troika, esos llamados «expertos» económicos que trabajan en instituciones económicas tan democráticas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o en la Comisión europea.
Hace ya más de cinco años de que aquella noche de agosto en la que la que el partido del gobierno, por aquel entonces el Partido Socialista Obrero Español, y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, se pusieron de acuerdo una vez más para modificar el artículo 135 de la Constitución Española contentando así las exigencias de la Troika. Este artículo tiene una importante relevancia para la soberanía económica de un país porqué fija los parámetros en los que faculta al Gobierno para emitir deuda pública y así financiarse. Con aquella modificación se introdujo lo siguiente: «los créditos para satisfacer intereses y capital de deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos presupuestarios y su pago gozará de prioridad absoluta», clarificando así que ante la disyuntiva de satisfacer distintos tipos de gastos, prestaciones por desempleo, jubilación, pobreza o exclusión social, por poner algunos ejemplos, la principal norma del ordenamiento jurídico español exigiría al conjunto de las Administraciones Públicas el pago preferente y prioritario de las sumas de capital e intereses a todos aquellos -banca, inversores, instituciones financieras, ahorradores- poseedores de instrumentos y títulos de deuda pública. Las consecuencias no tardaron en llegar a los servicios públicos: recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales, congelación de las retribuciones de funcionarios y de las pensiones y recortes en investigación, es decir en I+D+I.
Al año siguiente, con el partido Popular en el gobierno con mayoría absoluta, aceptó el memorándum de entendimiento impuesto una vez más por la Troika, en el que rescataban al sistema financiero español a cambio de la eliminación casi en su totalidad de las cajas de ahorros y la concentración del propio sistema haciendo de él un monopolio para unas pocas entidades bancarias.
Otro ejemplo del poder que ejerce la Troika lo vivimos con el referéndum griego, que un estado en solitario no tiene poder para reclamar un cambio de rumbo en las políticas económicas, más bien vimos la enésima exhibición de autoridad en aquella situación porqué al final el gobierno progresista griego se vio obligado a aceptar un memorándum mucho más exigente que las medidas previas al referéndum (subida de impuestos, eliminación de jubilaciones anticipadas y aumento de la edad de jubilación, reducciones de las pensiones, y privatización de infraestructuras públicas).
Pero el problema no está en España ni en Grecia y eso nos debe ampliar el marco y ver que el problema está en la Unión Europea existente. Con estos ejemplos se ve que con los marcos actuales de la Unión no es posible hacer políticas de izquierda. Esto nos lleva a una conclusión complicada, una conclusión que nos debe hacer pensar que tal vez si se puede pero que a lo mejor solos no. Tenemos que empezar a pensar que una gran coalición de países del sur de Europa es necesario para plantear que no puede haber una salida individual para cada estado a lo que es la disciplina de la Troika.
No es un problema solo del euro si no también un problema del conjunto de las normas que marca ahora mismo la misma Unión Europea. Es decir, existen estados fuera del euro pero dentro de la Unión Europea que tiene que implantar las mismas medidas de austeridad. Por tanto lo que se debería hacer es una unión de los estados, pero con el finalmente gobierno español derechista el deseo de un frente común europeo contra la austeridad formado por países con gobiernos de izquierdas como Italia, Portugal, Grecia, Chipre, Malta y España desaparece. Sin la adhesión de España a esta coalición pierden peso y fuerza, ya que España es la cuarta economía más grande de la zona euro (por detrás de Italia), para desobedecer y al mismo tiempo exigir a las instituciones europeas políticas en las que su máxima aspiración sea parar el frenesí de la austeridad y sustituirlo por políticas abocadas a impulsar el crecimiento y la creación de empleo.
Esta coalición tenía que abandonar definitivamente las políticas de ajuste fiscal y devaluación salarial en el continente que no han hecho sino profundizar la recesión. No tiene ningún sentido que una zona económica que no deja de bordear la deflación, cuyo banco central está comprando deuda pública en los mercados secundarios y cuya cifra de déficit se ha situado durante estos años por debajo del 0% del PIB, priorice seguir reduciendo el déficit frente a la posibilidad de reducir el desempleo. Y empezar a construir una nueva política económica, centrada en un crecimiento sostenible y robusto con trasfondo ético, que sea factor de promoción de desarrollo social y democrático y que reconozca la necesidad de situar la sostenibilidad ambiental en el centro de una política económica decididamente orientada al crecimiento y a la creación de empleo de calidad, y en la recuperación de la protección y la cohesión social.
@XLinaresValor
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