En lo que va del gobierno de Ollanta ya se han producido 35 muertos por la represión. Todos ellos indígenas, de las diversas nacionalidades de un país tan diverso. Es lo que denunció un grupo de congresistas en un comunicado. La parlamentaria Veronika Mendoza agrega un dato más: no hay ningún policía sancionado, ni siquiera […]
En lo que va del gobierno de Ollanta ya se han producido 35 muertos por la represión. Todos ellos indígenas, de las diversas nacionalidades de un país tan diverso. Es lo que denunció un grupo de congresistas en un comunicado.
La parlamentaria Veronika Mendoza agrega un dato más: no hay ningún policía sancionado, ni siquiera con sanción administrativa para ya no hablar de juicios penales. Cabe destacar que Veronika entró como parte de la bancada de Ollanta Humala pero pronto renunció a su bancada justamente en protesta por estas muertes. Prefirió la soledad a la complicidad. Pero la soledad de Veronika fue relativa. En primer lugar porque las renuncias siguieron, pero además porque ella cumple sus labores no solo en el Parlamento sino en las calles con el pueblo organizado.
Sin embargo este septiembre que acaba de finalizar ha sido particularmente fatal. A la represión se le ha sumado el sicariato contra dirigentes sociales.
Primero fueron las protestas en el Cuzco con un saldo de 2 muertos. Entre ellos un joven de apenas 17 años: Jean Pierre Vilca Pereyra. Durante dos años los pobladores de la provincia de La Convención plantearon una serie de problemas y no fueron escuchados. Para que se instale una Mesa de Dialogo fue necesario que se realice un paro regional que duró 14 días. Pero más rápido que el dialogo llego la represión. Y llego matando. Dicen que «en legítima defensa». Pero ¿es proporcional usar AK contra piedras? El Ministro del Interior dice que dispararon al aire ¿Jean Pierre volaba?
Luego fueron los dirigentes asháninkas: Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo. Los asháninkas son una nación amazónica que vive entre Perú y Brasil. Por supuesto que defienden su hábitat contra los taladores ilegales. Y en manos de estos destructores murieron sus dirigentes de la comunidad de Saweto en Ucayali. A Lima llegó la noticia recién 10 días después. Pero hubo una demora peor. Recién después de recibida la noticia hemos visto el video en que se decía amenazado. Un video que tiene ya más de un año. Demandaban protección y exigían la titulación de sus tierras. Su muerte llegó antes. El clamor de justicia de parte de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica es claro: no sólo se trata de encontrar y castigar a los asesinos sino de dar títulos de propiedad a las comunidades sobre tierras que siempre fueron de ellas. Sólo así se podrán defender de quienes entren a lo que hoy es «tierra de nadie».
Hay quienes dicen que hay una separación radical entre las elecciones y la lucha. Si eso fuera así no hubiera tanta violencia en las elecciones municipales que están en curso. El asesinato de Líder Villazana Flores, candidato a la alcaldía distrital de San Martín de Pangoa (Junín); la ejecución del consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco Alvarado, y el crimen del alcalde de Amarilis (Huánuco), Marzony Puskas Vásquez Ramón, se traducen en una de las campañas electorales más violentas de las últimas dos décadas. Las razones son distintas. Pangoa es un espacio donde se siembra coca y no toda es para chacchar. Pero en todos los casos se trata de candidatos que denunciaron algún tipo de corrupción. Y de eso hay mucho en el Perú.
Ese es el Perú de Ollanta. Cuando las elecciones estaban en curso hubo un candidato fujimorista al parlamento que dijo «Nosotros matamos menos». No sabíamos que se refería a esto.