Traducido por Gorka Larrabeiti
Nadie ganará las elecciones en Italia. Nadie, pues hasta ahora todos parecen ignorar una cuestión fundamental que se llama «organizaciones criminales»; o mejor, «economía criminal».
No hace mucho el informe de Confesercenti valoró la facturación de las mafias en torno a 90.000 millones de euros, equivalentes al 7 % del PIB, o dicho de otro modo, a cinco ejercicios financieros del estado. El título «La mafia S.p. a. es la mayor empresa italiana» apareció en los periódicos de todo el mundo, y sin embargo en la campaña electoral nadie ha hablado aún de ello.
Hasta hoy ninguna de las partes políticas en liza ha logrado prescindir de la relación con el poder económico de los clanes. Ponerse contra ellos no sólo significa perder consenso y votos, sino también tener dificultades para realizar obras públicas.
Estas elecciones no las ganará nadie. Porque si no se afronta ya mismo la cuestión de las mafias, ganarán siempre ellos. Independientemente de cuál sea la coalición que gobierne el país. Las mafias están ya listas, han encontrado con qué políticos ponerse de acuerdo en ambas coaliciones. No hay enfrentamiento electoral en Italia en que no se venza gracias al voto de trueque, un arma formidable en el sur donde el desempleo es alto y después de décadas reaparece incluso la emigración al extranjero. Algo archisabido que nadie se atreve a afrontar.
Cuando era niño, el voto de trueque era más rentable. Un voto: un puesto de trabajo. En correos, ministerios, pero también en la escuela, en los hospitales, en las oficinas municipales. Conforme crecía, el voto se iba vendiendo cada vez por menos. Facturas telefónicas y de la luz pagadas durante los dos meses anteriores y del mes sucesivo. En las penúltimas, la novedad era el teléfono móvil. Te regalaban un celular modificado para fotografiar la papeleta electoral en la cabina sin que se oyera el clic. Sólo los más afortunados obtenían un trabajo a tiempo determinado.
En las últimas elecciones el valor del voto había descendido a 50 euros. Casi como en la época de Achille Lauro, el empresario alcalde de Nápoles que en los años cincuenta regalaba paquetes de pasta y el zapato izquierdo de un par por estrenar, mientras que el derecho se entregaba tras la victoria. Hoy se obtienen votos por poco, por poquísimo. La desesperación del sur, que llega a malvender su voto por cincuenta euros resulta inversamente proporcional a la potencia de la empresa italiana más grande, que lo domina.
En Italia nunca había habido un desprecio tan unánime por la política como en los últimos años. Los italianos la perciben como una continuación de los negocios privados en la esfera pública. Ha perdido su vocación primaria: crear proyectos, establecer objetivos, intervenir con determinación en la resolución de problemas. Nadie pretende que se pueda regenerar en el arco de una campaña electoral.
Pero en el vacío de poder en que se ha vuelto sierva de manipulaciones y miopías interesadas prevalecen poderes incompatibles con una democracia avanzada. ¿Acaso es avanzada una democracia en la que se han disuelto 172 ayuntamientos en los últimos años por infiltración mafiosa, o donde desde 1992 hasta hoy las organizaciones han asesinado a más de 3.100 personas? ¿Más que en Beirut? Si quiere ser nuevo de verdad, el Partido Democrático de Walter Veltroni no ha de tener miedo de cambiar. No debe ceder a compromisos por miedo de perder.
El gobierno Prodi cayó en tierra de la Camorra. Quizá minusvaloró no ya a Clemente Mastella, el líder del partidito UDEUR, sino los riesgos que comportaba la inclusión en las listas de una parte de sus hombres. Personajes desconocidos para la opinión pública, pero que en las actas de algunos magistrados son descritos como correas de transmisión entre la administración pública y el crimen organizado.
Entre tanto, el gobierno ha permitido al gobernador de Campania, Bassolino, seguir a flote pese a su fracaso en la gestión de la emergencia de residuos. Sin entender que esa situación sólo representa el ejemplo más clamoroso de lo que puede suceder cuando el sometimiento -por pasivo que sea- de la política a los intereses criminales conduce a un jaque. Todo ello mientras el centroderecha liderado por Silvio Berlusconi asistía mudo o condescendiente a las celebraciones del gobernador de Sicilia, Cuffaro, por una condena que confirmaba sus favores a un padrino, limitándose a exculparlo de la acusación de ser un mafioso puro y duro.La cuestión de la transparencia atañe a todos los partidos, al país entero. Además, mucha militancia antimafiosa se forma en grupos de jóvenes católicos cuyos votos no siempre van al centroizquierda.
También estos electores deberían pretender que no se presenten a las elecciones vedettes o personajes capaces sólo de defender su propio interés. Los electores del centroderecha deberían pretender que no hubiera sólo vedettes y en el sur exponentes de consorcios empresariales. Me vienen a la cabeza las palabras que dirigió Juan Pablo II el 9 de mayo de 1993 desde la colina de Agrigento a la Sicilia y la Italia heridas por las masacres de mafia: «Este pueblo… talmente apegado a la vida, que ama la vida, que da la vida, no puede vivir siempre bajo la presión de una civilización contraria, civilización de la muerte. Apelo a los responsables… Un día vendrá el juicio de Dios». Palabras que deberían haber crecido en las conciencias. Es hora de darse cuenta de que la demanda de candidatos no comprometidos va más allá de la cuestión moral. Arrancar la política de su connivencia con la criminalidad organizada no es una elección ética, sino una necesidad de autodefensa vital. Yo no me meteré en política. Mi oficio es escribir. Y siempre que logre seguir escribiendo, seguiré considerándolo como el instrumento de compromiso más fuerte que poseo. Cuento el poder, pero no podría gestionarlo. No se trata de renunciar a asumir la propia responsabilidad, sino de considerarla parte del trabajo de uno.
Intentar impedir que la algarabía de las polémicas distraiga la atención de los problemas que cuanto menos ruido hacen, más daño ocasionan. O que las disquisiciones morales oculten medidas concretas que afectan a todos los partidos. Es esta la tarea que, a mi juicio, recae sobre un intelectual. Creo que ha llegado el momento de no volver a permitir que un voto se compre con calderilla. Que futuros ministros, asesores, alcaldes o concejales municipales puedan obtener consenso prometiendo favores míseros. Quizá ha llegado el momento de no contentarse con ello.
En 1793 la Constitución francesa había previsto el derecho a la insurrección: acaso ha llegado el momento de hacer valer en Italia el derecho a no soportar. A no vender el voto. A dar aún un sentido a la elección democrática, optando por no malvender el destino por un celular o la luz pagada durante unos meses.
Fuente: http://www.repubblica.it/2008