Desde hace más de una semana la población de la ciudad y provincia de Colón, al norte del Panamá, desembocadura del Canal de Panamá, sobre el Mar Caribe, se encuentra en una dramática situación: una desmedida represión policial y de la policía de frontera, bombas lacrimógenas, violación de domicilio, golpizas, detenciones arbitrarias, un niño de […]
Desde hace más de una semana la población de la ciudad y provincia de Colón, al norte del Panamá, desembocadura del Canal de Panamá, sobre el Mar Caribe, se encuentra en una dramática situación: una desmedida represión policial y de la policía de frontera, bombas lacrimógenas, violación de domicilio, golpizas, detenciones arbitrarias, un niño de 10 años muerto de balas, una niña de cinco años y otra de catorce en condiciones muy graves, una señora mayor fallecida a causa de los gases lacrimógenos, en una palabra una flagrante violación de los derechos humanos. A este caos se suman las acciones de robo y de destrucción que personas amigas de lo ajeno van cometiendo, aumentando el nivel de inseguridad pública.
El pueblo de Colón, en una inusitada y creciente unidad de sus diversos sectores, mantiene una posición férrea de rechazo a la recién aprobada Ley 72 que el presidente Ricardo Martinelli acaba de sancionar (estaba en gira por Alemania y Europa, regresó, firmó la ley y se fue inmediatamente a Japón, en donde se encuentra actualmente). Con esta ley el Gobierno abre el compás para vender las tierras en donde se encuentra asentada la conocida Zona Libre de Colón a las empresas que la ocupan. La razón que esgrimieron los diputados de la Asamblea Nacional, que es la razón del Ejecutivo, para configurar y aprobar esta ley es que un porcentaje de las ventas serían destinadas al desarrollo de Colón, mediante un fideicomiso compuesto por diversos sectores, la mayoría gubernamentales, en el que se quiere incluir a la jerarquía de la Iglesia Católica. Le lectura más acertada en opinión de los sectores críticos es que el gobierno de Martinelli está urgido de capital para solventar un declarado déficit de más de 400 millones en el actual presupuesto y, segundo, beneficiar al sector empresarial, nacional y extranjero, que es la tónica del presidente.
Hay que señalar que durante los breves días de discusión del anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional se dieron momentos tensos de protesta y rechazo a la pretensión de la venta de las tierras, sin embargo los señores diputados en menos de media hora le dieron aprobación con los votos del oficialismo, que son mayoría en la Asamblea.
Para entender la explosión social de Colón es necesario tomar en cuenta las condiciones históricas de vida de la población de esta parte norte del país: mayoritariamente de raza negra, especialmente en el sector urbano, víctima del desempleo, sin el servicio regular de agua potable, un desastre en las aguas servidas, hacinamiento habitacional, casas condenadas de madera que construidas a principio de siglo para albergar a los trabajadores del Canal Interoceánico, sistemas deprimentes de salud y de educación, y encima de todo ellos, la violencia y el robo.
El pueblo panameño no olvida las recientes tragedias causadas por este gobierno con la aplicación de leyes injustas como aquella Ley 30, conocida popularmente como la «ley chorizo» que cercenaba los derechos laborales humanos a los trabajadores, mayoritariamente indígenas, de la provincia de Bocas del Toro, que causó cientos de heridos y la muerte de varios dirigentes, como tampoco la dura represión ejercida por la policía contra la población indígena en las provincias de Chiriquí y Veraguas en el rechazo de la minería y de los proyectos hidroeléctricos que igualmente causaron los mismos estragos de muerte de indígenas, detenidos, golpeados, mujeres violadas.
Nunca nadie se explica cómo ocurre que a lado de un emporio comercial multimillonario como es la Zona Libre de Colón se dan condiciones de vida de la población, incluso trágicas, como las que mencionamos, cuando el desarrollo debiera florecer en esta región. Pero la razón es sencilla: una permanente política de olvido, de abandono, de engaño, de promesas electorales incumplidas, de desprecio a la población y del aprovechamiento desmesurado de parte del actual y de todos los gobiernos que con la aplicación de las políticas neoliberales no tienen ojos más que para la ganancia, no importa a qué precio. Con mucho orgullo el gobierno nacional
El pueblo de Colón y todas las organizaciones solidarias, como es el caso del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, mantienen una posición firme, exigente y urgente ante el gobierno nacional para que regrese la tranquilidad a Colón: que cese la represión contra el pueblo y sus dirigentes, la libertad a todos los detenidos y la derogación inmediata de la Ley 72. Es entonces cuando podrán sentarse a dialogar para encontrar los caminos de solución a los problemas sociales que aquejan gravemente a la población. Mientras tanto, continuarán las acciones de presión de toda índole, la realización de encuentros de dirigentes, la suspensión de clases, la paralización solidaria del transporte, especialmente aquel que sirve a la propia Zona Libre de Colón.
La jerarquía de la Iglesia Católica en la Diócesis Misionera de Colón y Kuna Yala ha emitido en el día de hoy un comunicado señalando que «la falta de diálogo y de una consulta ampliada a todos los sectores de la sociedad colonense ha generado una confrontación violenta», que «las necesidades de los colonenses son profundas» y hacen «un vehemente llamado a las autoridades públicas y a los sectores sociales a detener toda confrontación y violencia».
El pueblo continúa luchando en estos momentos con la firme decisión de llevar al gobierno a la derogación de esta ley tan impopular.
COPODEHUPA apoya las demandas de las organizaciones populares de Colón y Panamá para que se instale la paz, cese la represión, se libere a los detenidos y, fundamentalmente, se derogue la nefasta Ley 72, y hace un llamado al Gobierno nacional a instaurar de manera responsable un proceso de respeto y cumplimiento de los derechos individuales, económicos y sociales en la provincia de Colón y en todo el país.
Conrado Sanjur Sacerdote. Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA
Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=71542