Un discurso confuso y con graves errores no puede considerarse como una cuestión de ignorancia de la realidad, cuando proviene de un dirigente de cierta trayectoria en el movimiento ambientalista, como lo es Carlos Vicente de GRAIN. Por otro lado, es preocupante que un sitio de la calidad de Rebelion.org reproduzca un análisis que por […]
Un discurso confuso y con graves errores no puede considerarse como una cuestión de ignorancia de la realidad, cuando proviene de un dirigente de cierta trayectoria en el movimiento ambientalista, como lo es Carlos Vicente de GRAIN. Por otro lado, es preocupante que un sitio de la calidad de Rebelion.org reproduzca un análisis que por su título parecería que va a ser un aporte de trascendencia, pero que termina diciendo nada más que generalidades que no señalan ningún camino claro, que no sea el de continuar profundizando el falso dilema planteado por los K: «campo vs gobierno»; identificando implícitamente al primero (el campo) con las corporaciones, y al segundo (el gobierno) con la soberanía alimentaria.
A continuación, algunas reflexiones sobre el texto, ya que el silencio ante una nota que contiene afirmaciones falsas puede interpretarse como aceptando una verdad que no es tal.
El artículo [1] comienza reivindicando la ley de medios K, considerada por el séquito de los obsekuentes como una herramienta contra el poder corporativo mediático «que condiciona y coloniza nuestras vidas». Resucita de esta forma el falso debate de «Clarín vs Gobierno», que en realidad sirvió para ocultar los principales problemas que existen en nuestro país en materia de los derechos de la comunicación y de paso avanzar con un mayor control oficial sobre los medios.
Primero, porque esos derechos (a estar informados adecuadamente, al acceso a la información pública, a la libre expresión, al pluralismo en la comunicación, etc), que son parte esencial del conjunto de los derechos humanos, no estuvieron presentes en la disputa sobre la nueva norma. Segundo, porque su violación sistemática en la Argentina no es causada sólo por los grandes grupos privados opositores, sino principalmente por el oligopolio público-privado que predomina ampliamente en todo el territorio y responde de manera incondicional al relato fantasioso de los K. Tercero, porque la nueva ley sólo constituye un arma manipulada para servir al discurso oficial y al proyecto dominante, y de ninguna manera ha contribuido a mejorar las condiciones del ejercicio de los derechos de la comunicación.
El autor continúa diciendo que ese debate por la ley de medios debería continuar con un debate contra las corporaciones de los agronegocios, poder que habría sido quien puso en jaque al gobierno nacional en el año 2008, cuando se aumentaron las retenciones a las exportaciones de granos. En especial, menciona expresamente a Monsanto y a las transnacionales que controlan el comercio internacional de granos en la Argentina como las grandes enemigas.
De nuevo, con una mirada tuerta, se reitera otro falso dilema que desvió la atención de la sociedad durante meses, en una lucha por el reparto de la torta de la renta agraria, sin entrar en las cuestiones esenciales que caracterizan el modelo neocolonial extractivista (que el autor aparenta luego cuestionar en un párrafo posterior). Al respecto valen las siguientes aclaraciones:
Primero, los grandes beneficiarios de todos los incrementos de las retenciones a las exportaciones dispuestos desde fines del 2007 en adelante no serían ni el Estado ni los sectores populares. Fueron precisamente las grandes corporaciones cerealeras, que habían declarado por anticipado ventas externas a una tasa de retención del 22% por volúmenes que cubrían un año de exportaciones. Eso significó que todos los aumentos por encima de ese porcentaje no serían pagados al Estado, pero sí se los cobrarían a los productores (como efectivamente sucedió). Entonces, la suba al 35% en las retenciones a la soja y la posterior móvil (que llegó caso al 50% mientras rigió) eran regalos por varios miles de millones de dólares del gobierno «nacional y popular» a las transnacionales que controlan el comercio exterior, en perjuicio de todos los productores y del país.
Por lo tanto, esas corporaciones que el autor de la nota las ubica como sostén de la Mesa de Enlace, son las que se quedaron con el pedazo más grande de la torta gracias a las decisiones del gobierno nacional, gobierno a quien el autor de manera sorprendente ni siquiera menciona por su responsabilidad central en esa política entreguista.
En párrafos siguientes el autor critica a los monopolios y oligopolios que en los últimos cincuenta años han determinado las políticas públicas, como si los gobiernos no han sido cómplices imprescindibles en la fijación de tales políticas, en especial desde los noventa hasta la actualidad, con el menem-kirchnerismo gobernando.
Pero al parecer, para el autor de la nota la responsabilidad única del modelo que supuestamente cuestiona, recae en las corporaciones, que ahora estarían de vuelta a través de la Mesa de Enlace, amenazando al gobierno (reviviendo el falso dilema que impusieron en el año 2008). Y el camino para enfrentarlas ya tiene (según él) nombre y contenido: la soberanía alimentaria.
Implícitamente se podría leer que el debate está planteado entre este modelo depredador de los agronegocios que impulsan las corporaciones, y la soberanía alimentaria que estaría impulsada por el gobierno nacional.
Es sorprendente que luego de mencionar «las consecuencias socio ambientales del modelo impuesto», que compartimos y que son horrorosas, no exista una sola mención a las políticas del actual gobierno nacional, que han sido el sostén principal de este modelo.
Vale la pena recordarle al autor que la creciente concentración y extranjerización de la economía argentina, con el motor central de los agronegocios saqueadores y contaminantes, no se extendió en lo que va de este siglo por casualidad, sino por políticas públicas que buscaron y lograron esos resultados.
Más aún, el conjunto de leyes y normas que impuso el menem-kirchnerismo, ha sido completado por medidas que apuntalan el avance de las multinacionales en el mercado local, con la aprobación de numerosas semillas transgénicas sin una mínima evaluación del impacto que las mismas provocan, que no sean de incrementar las suculentas ganancias de los monopolios y oligopolios extranjeros y de alimentar la insaciable y gigantesca caja del Estado K, para pagar incondicional y religiosamente una deuda ilegítima y fraudulenta (que ya pagamos varias veces), sostener los múltiples negocios de los ‘empresarios’ amigos, y practicar un repudiable clientelismo que le permita ganar las elecciones y continuar siendo los capataces más confiables para administrarle los bienes a los poderosos.
Si en realidad es sincero el comentario sobre la necesidad de «enfrentar las raíces del problema y avanzar en la democratización de nuestra agricultura y nuestra alimentación» como pregona el autor de la nota, debería partir de desenmascarar y no ocultar la responsabilidad de la política kirchnerista, como sostén y difusor de este modelo neocolonial extractivista, depredador y de crecientes desigualdades sociales, que lleva a la sociedad argentina a un camino sin futuro.
Nota:
[1] La necesaria democratización de la agricultura y la alimentación en Argentina y América Latina – Carlos A. Vicente
Luis Lafferriere. Docente universitario de economía política. Profesor titular en las Universidades Nacionales del Litoral y de Entre Ríos. Director del Programa de Extensión «Por una nueva economía, humana y sustentable» (Fac. Cs de la Educación de la UNER).
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