En la Unión Europea a 15, el número de parados ha pasado de 13 a 18,4 millones entre 2008 y 2010. ¿Va la austeridad generalizada a añadir crisis a la crisis? Si, hay motivos para estar aterrado. Toda recesión hace retroceder la actividad económica, aumenta el paro y aumenta el déficit del Estado. Pero la […]
En la Unión Europea a 15, el número de parados ha pasado de 13 a 18,4 millones entre 2008 y 2010. ¿Va la austeridad generalizada a añadir crisis a la crisis?
Si, hay motivos para estar aterrado. Toda recesión hace retroceder la actividad económica, aumenta el paro y aumenta el déficit del Estado. Pero la reacción inicial estuvo, se puede decir, bastante adaptada: se inyectó liquidez para impedir que se hundiera el sistema financiero; se reforzaron los «estabilizadores sociales», todo lo que impide que las rentas se hundan demasiado; se preservó, en parte, el empleo reduciendo el tiempo de trabajo, particularmente con el recurso al «paro parcial»; y se hicieron planes de relanzamiento. El coctel es por supuesto diferente de un país a otro, pero estas medidas contribuyeron a amortiguar (un poco) el choque. Lo más llamativo fue las ayudas a los bancos: cierto, habría sido irresponsable dejarlos que se declararan en quiebra, pero era una buena ocasión para imponerles en caliente reglas como la prohibición de los beneficios derivados, de los paraísos fiscales, etc. La solución óptima habría sido nacionalizarlos a fin de poner todo en orden y de purgar los créditos tóxicos.
Los gobiernos tenían ya en la cabeza la idea de que habría que deshinchar los déficits presupuestarios llevando a cabo políticas de «reforma» reforzadas. Pero habían comprendido que más valía esperar a que la recuperación estuviera suficientemente instalada, so pena de matarla en el huevo. Fue entonces cuando comenzó la especulación contra las deudas soberanas de los países más fragilizados: Grecia, luego Irlanda y Portugal. Hay que comprender que esta especulación no ha sido posible más que porque no ha habido ninguna medida de control de los bancos, ni de asunción compartida de las deudas a escala europea. Son, por otra parte, los bancos centrales los que proporcionan las municiones, prestando a los bancos al 1% el dinero que será luego utilizado para aprovecharse de la subida de las tasas pagadas por los estados, y embolsarse la diferencia.
La reacción de los gobiernos ha sido «tranquilizar a los mercados», como dijo Fillon para justificar la reforma de las jubilaciones en Francia. Fue entonces cuando se produjo el gran giro hacia la austeridad con el anuncio de planes de una gran brutalidad. Su severidad difiere de un país a otro, pero se basan en dos principios comunes: prioridad a los recortes en los gastos y, si esto no basta, prioridad al aumento de los impuestos más injustos, como el IVA.
Es una política insensata, independientemente incluso del hecho de que vaya primero a golpear a las capas sociales más frágiles. Recortando en los gastos públicos, se provoca recesión que tiene por efecto reducir de nuevo los ingresos fiscales. Se llega a una posición peor que al comienzo. Y, como todos los países llevan a cabo esta política al mismo tiempo, hay un efecto multiplicador de esta «euroausteridad». Una cosa es cierta: el resultado no puede ser otro que el mantenimiento del paro europeo al nivel récord que la crisis le ha hecho alcanzar.
Angela Merkel propone un «pacto de competitividad» a los países de la Unión. ¿Cuales son sus principios?
Lo primero que hay que subrayar es que ese pacto ha sido apoyado por Sarkozy, incluso si, extrañamente, no se habla en él de impuestos a las transacciones financieras… [comentario irónico a la demagógica propuesta que hizo recientemente Sarkozy en este sentido]. En realidad, se trata de un trato: yo participo en la financiación de las deudas (vía el Fondo europeo de estabilidad financiera) a cambio de una Europa competitiva. Entre las seis pistas propuestas, tres son a priori aceptables: reconocimiento mutuo de los diplomas, régimen de gestión de crisis para los bancos, y armonización de la fiscalidad de las empresas. Pero todo depende de las modalidades, por ejemplo de la tasa del impuesto sobre las sociedades.
El resto, es pura provocación. Suprimir la indexación de los salarios con los precios (lo que concierne a Bélgica, Luxemburgo, pero también, en la práctica, a España) equivale a abandonar toda garantía de un simple mantenimiento del poder de compra. En el caso francés, el SMIC [Salario mínimo interprofesional] está indexado con la inflación: ¿habrá que suprimir esta regla? Afirmar que los regímenes de jubilación deben ajustarse a la evolución demográfica, es una perogrullada si no se dice cómo. La respuesta es conocida, y la Comisión Europea ha puesto los puntos sobre las íes recomendando a los «Estados miembros que no lo han hecho aún subir la edad de jubilación» e impulsando «el desarrollo del ahorro privado complementario». En fin, el proyecto, apoyado por Sarkozy, de inscribir en la constitución de cada país una regla para limitar el déficit presupuestario sería una falta de respeto grave a la soberanía popular que el Parlamento se supone encarna cuando vota el presupuesto.
La Comisión Europea ha logrado, por su parte, poner en pie el «semestre europeo»: los Estados miembros deben en adelante integrar sus recomendaciones antes de hacer aprobar su presupuesto, y esto comienza en 2011. Pero no es todo: tiene también su plan en seis puntos, que debería ser sometido al Parlamento Europeo para ser votado en junio. Los Estados verán cómo se les impone un calendario de reducción de su deuda pública y su no respeto será acompañado de sanciones automáticas del 0,2% del PIB (lo que supondría 4 millardos de euros en el caso francés).
Un nuevo procedimiento «sobre los desequilibrios excesivos» sería introducido: los Estados «que presenten desequilibrios macroeconómicos graves» deberían «someter un plan de medidas correctivas al Consejo, que fijará los plazos para su aplicación». Un Estado miembro de la zona euro que persistiría en no tomar esas medidas se expondría a sanciones: ¡multa anual del 0,1% de su PIB! Entre los desequilibrios graves, estará sin duda la falta de competitividad, pero no la tasa de paro.
¿Cuál es el objetivo del fondo de socorro europeo? ¿Salvar al euro?
El FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) había sido creado en mayo de 2010 para responder a la crisis griega. Disponía inmediatamente de 250 millardos de euros de los 440 anunciados, a los que se podrían añadir 250 millardos de euros provenientes del FMI. El 14 de febrero pasado, los ministros de Finanzas decidieron doblar la cantidad y pasar a 500 millardos.
El objetivo inmediato es evitar un escenario de catástrofe en el que la especulación se extendería, por ejemplo, a España, y llevaría a ciertos países a la suspensión de pagos, dicho de otra forma a no pagar ya la deuda. Pero hay que ver que se trata ante todo de salvar los bancos alemanes o franceses que se verían directamente afectados.
Este «apoyo» se acompaña, en la gran tradición de los planes de ajuste estructural tan queridos del FMI, de la imposición a los países afectados de una austeridad de una gran violencia, pero también de enormemente absurdos. No podrán, en efecto, reducir hasta ese punto sus gastos públicos sin entrar en una espiral recesiva que conduzca a aún más déficit. El caso de Irlanda es caricaturesco: el déficit representa el 32% del PIB y corresponde en lo esencial al rescate de los bancos. No hay evidentemente ninguna razón para que los ciudadanos irlandeses tengan que pagar una factura así, pero además es imposible.
De todas formas, todo esto no convence a los «mercados»: las spread (primas de riesgo) no han bajado mucho. Grecia debe hoy tomar prestado al 10,7% (a 10 años) e Irlanda al 8,2% mientras que Alemania puede hacerlo al 2,5% y Francia al 3%. En realidad, nada cambia: a falta de financiar directamente las deudas, el fondo de apoyo recurrirá a los bancos que continuarán reclamando tasas de interés muy superiores. Además, el Consejo Europeo ha hecho un anuncio absurdo admitiendo que las deudas podrían ser reestructuradas en 2013. Ciertamente, tal reestructuración es necesaria, e incluso inevitable, pero habría que imponerla unilateralmente a las finanzas en vez de darles un nuevo motivo de especulación.
¿Cuál podría ser el impacto político a medio plazo si este pacto de estabilidad reforzado se impusiera en Europa?
No hay término medio. La factura de la crisis no va a evaporarse y lo que está en juego es saber quién va a pagarla: o bien son las finanzas y quienes se benefician de ella, o bien son los trabajadores. Una ofensiva tan brutal puede hundir a quienes son sus víctimas y conducir a un aumento de la desestructuración social, pero puede también desencadenar una explosión social. Todo esto es imprevisible, y el contexto es diferente de un país a otro.
Lo más grave es que desplazando a nivel europeo la gestión de la austeridad, se abre una avenida a una derecha nacionalista y Marine Le Pen lo ha comprendido, haciendo campaña por la salida del euro. Este callejón sin salida no adquiere una cierta credibilidad más que en razón del retraso tomado por el movimiento social en asumir un proyecto alternativo europeo. Colmar este retraso es una prioridad. En Francia, la austeridad es relativamente moderada en relación a otros países, porque se está a un poco más de un año de las elecciones presidenciales. Si se quiere ir más lejos que una alternancia resignada, es preciso que aparezca una oferta que plantee una política diferente.
Fuente: http://hussonet.free.fr/eecompet.pdf
Traducción: Alberto Nadal para VIENTO SUR.