Aspirantes al Congreso legislativo de Perú, por el partido que tiene como candidata presidencial a Keiko Fujimori para las elecciones del 10 de abril, ocultaron a las autoridades comiciales que son investigados por narcotráfico y lavado de activos. De las 13 agrupaciones políticas que presentan aspirantes al Poder Legislativo, los medios de comunicación peruanos descubrieron […]
Aspirantes al Congreso legislativo de Perú, por el partido que tiene como candidata presidencial a Keiko Fujimori para las elecciones del 10 de abril, ocultaron a las autoridades comiciales que son investigados por narcotráfico y lavado de activos.
De las 13 agrupaciones políticas que presentan aspirantes al Poder Legislativo, los medios de comunicación peruanos descubrieron hasta ahora tres casos de postulantes relacionados con casos de tráfico de drogas ilegales.
Los tres son del conglomerado Fuerza 2011, nacida para respaldar la candidatura de Keiko Fujimori, impulsada por su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que cumple una larga condena por crímenes de lesa humanidad y corrupción en una prisión próxima a Lima.
Estos señalamientos se suman a otras conexiones entre el llamado fujimorismo y figuras vinculadas al narcotráfico, en sombras a las que han contribuido incluso las filtraciones de Wikileaks sobre los papeles del Departamento de Estado de Estados Unidos, y que llegan a la candidata.
Keiko Fujimori es según encuestas difundidas el día 14 la segunda aspirante en intención de voto, pero en una tendencia declinante desde enero, que dificulta que pueda participar en el previsible balotaje del 5 de junio, frente al favorito expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
La candidata y su partido no suscribieron el «Compromiso Ético contra la Infiltración del Narcotráfico», promovido por Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas, el organismo gubernamental antinarcóticos, para ser suscrito por los participantes en las elecciones.
El compromiso obliga a las organizaciones políticas que presentan candidaturas presidenciales y legislativas a «establecer rigurosos procedimientos de selección de los candidatos».
Esos procedimientos deben, en particular, promover «la veracidad y la transparencia de la información sobre los antecedentes de los aspirantes a cargos de elección popular, procurando evitar que en los partidos se despliegue la acción del narcotráfico».
El primer caso descubierto tuvo como protagonista a José «Pepe» Vásquez, un famoso cantante popular de música afroperuana, y fue destapado pocos días después de que Keiko Fujimori presentase su lista de candidatos a legisladores.
«Fueron seleccionados luego de un riguroso proceso», afirmó entonces.
Sin embargo, el programa informativo de televisión Día D reveló que la Policía Antinarcóticos investigaba a Vásquez por su supuesta estrecha vinculación con el capo peruano de la droga Augusto Arriaga.
Arriaga es buscado por las autoridades policiales, por estar acusado de encabezar una mafia en que participan colombianos y mexicanos y está dedicada a la exportación de cocaína.
Keiko Fujimori denunció que se trataba de una campaña urdida en su contra y contrató un abogado del bufete que defiende a su padre para que asesore a Vásquez.
Pero ante otra serie de evidencias sobre la conexión Arriaga-Vásquez, la candidata presidencial se vio forzada a sacar al cantante de sus listas legislativas.
Luego, el diario La República, editado en Lima, sacó a la luz otros dos casos de postulantes fujimoristas al unicameral parlamento, que están bajo sospecha de haber mantenidos contactos con los carteles del narcotráfico.
Se trata de Karina Beteta y Juan Almonacid, ambos del departamento central de Huanuco, donde se encuentra el valle del Alto Huallaga, una de las zonas productoras de hoja de coca y de cocaína.
Beteta, quien en 2006 resultó electa congresista por la alianza del Partido Nacionalista y de Unión por el Perú y que ahora está en las listas de Fuerza 2011, es investigada por la Cuarta Fiscalía Penal de Lima por presunto lavado de activos derivados del narcotráfico.
La fiscalía sospecha que en su condición de abogada, Beteta contribuyó a ocultar el origen ilícito de los bienes de su cuñado, Luis Egoavil, con un amplio prontuario por narcotráfico.
Beteta afirma que desconocía que su pariente era traficante de drogas, pero la fiscalía pone en duda ese argumento.
En el caso del empresario Juan Almonacid, propietario de la compañía de transporte Turismo Armonía, la Fiscalía Provincial de Bolognesi, en el departamento norandino de Áncash, le abrió una indagación por los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Las investigaciones contra Turismo Armonía y el empresario comenzaron por los sucesivos hallazgos de droga en las bodegas de los buses de su compañía y en las pertenencias de los pasajeros.
Keiko Fujimori no se ha pronunciado públicamente sobre los dos nuevos casos. Tampoco dijeron nada oficialmente las autoridades electorales sobre la presencia de candidatos investigados por narcotráfico en la lista de Fuerza 2011.
«Tal como se presentan los hechos, parecería que el narcotráfico no es un tema de preocupación e interés real de muchas de las autoridades», dijo a IPS la directora del no gubernamental Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet.
«Parece que la transparencia y la vigilancia incomodan y que, más bien, la corrupción es necesaria para seguir operando con total impunidad», añadió.
«Para el tráfico ilícito y el lavado de dinero los narcotraficantes requieren de cobertura y qué mejor que tener vínculos claves con los políticos», analizó la especialista en ética pública.
A su juicio, dentro de ese objetivo, «la modalidad hoy es el financiamiento a candidatos corruptos para que una vez dentro del Congreso, los cubran y garanticen su impunidad para continuar operando. Lo que hace más difícil su identificación».
Proética comenzó una campaña para que los ciudadanos revisen las hojas de vida que presentan los candidatos a la Presidencia y al Congreso y para que denuncien información falsa y oculta.
Los candidatos Beteta y Almonacid no mencionan en sus curriculos que son investigados por narcotráfico y lavado de dinero.
El diario El Comercio, también editado en Lima, publicó un cable de la embajada de Estados Unidos aquí, del 28 de noviembre de 2006, en que señalaba que el empresario Rofilio Neyra estaría vinculado a actividades de narcotráfico.
El cable forma parte de los papeles del Departamento de Estado filtrados por la organización no gubernamental Wikileaks, y tiene como título «Influencia de la narcopolítica».
Neyra también es candidato ahora a integrar el Congreso por Fuerza 2011, y al publicarse el documento Keiko Fujimori lo respaldó y mantuvo en las listas.
«Debería plantearse la necesidad de restringir la participación de investigados y procesados por narcotráfico y lavado de activos vinculado al narcotráfico en los procesos electorales», afirmó Inés Arias, coordinadora del no gubernamental Grupo de Trabajo Contra la Corrupción.
«Pero esto demanda todo un debate sobre si lo que debe seguir primando es el derecho de toda persona a la presunción de inocencia», reconoció la activista.
Arias dijo no basta con estar alerta sobre la penetración del narcotráfico en la política y los poderes públicos, mediante la introducción de figuras vinculadas al delito.
«También se debe tener mucho cuidado en la financiación de los partidos políticos por parte de grupos vinculados al narcotráfico», subrayó.
La especialista aseguró que las mafias en muchas ocasiones «logran saltar cualquier tipo de límite que se quiera poner», utilizando para su fin «el lavado de dinero y la constitución de empresas de fachada».
La propia Keiko Fujimori ha sido relacionada con personas investigadas por tráfico de drogas.
Ella misma admitió en un programa de televisión que la familia del investigado empresario pesquero Eudocio «Olluquito» Martínez, contribuyó en su campaña de 2006. Y no ha desmentido que la financie en el presente proceso.
Virgilio Hurtado, portavoz del Jurado Nacional de Elecciones, dijo a IPS que solo puede ser retirado el candidato que en su hoja de vida omita sentencias condenatorias.
Los procesados por graves delitos como narcotráfico y legitimación de capitales provenientes del delito no están obligados a incorporar esa información, explicó.