Aquel 11 de abril del 2002, el día que amaneció de golpe, y las 47 horas posteriores, no las podré olvidar jamás. En ese entonces yo era presidente de la APEX, la Asociación de Periodistas Extranjeros, y a primera hora de la mañana los colegas estaban desesperados por encontrar la información que los medios locales, cartelizadamente, negaban.
La historia latinoamericana hasta abril de 2002 enseñaba que, una vez derrocado el presidente, su destino era la muerte.
Lo que dejó en claro el golpe contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez en 11 de abril de 2002 fue que los insurrectos, civiles, religiosos, militares, venezolanos y extranjeros no contaban con la reacción de un pueblo desarmado que salió a las calles, desarmado, a exigir el retorno con vida del “comandante”, para asegurar el proceso de cambios y de la democracia participativa.
El Senado colombiano, por unanimidad, acompañó una iniciativa de tres de sus miembros, para solicitar a la Asamblea Nacional de Venezuela la conformación de una comisión parlamentaria binacional para normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, rotas desde el 23 de febrero de 2019, cuando desde Colombia se alentó la irrupción por los pasos fronterizos que buscaba tumbar al gobierno de Nicolás Maduro.
La noticia de la extradición del empresario y diplomático Alex Saab desde Cabo Verde a los Estados Unidos tiene como consecuencia inicial y directa la suspensión hasta nuevo aviso del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición destituyente, que debía tener por estas horas otra rueda de conversaciones en México.
Pueden disfrazarla de Blancanieves, pero es apenas una nueva doctrina para el permanente injerencismo de Washington en otros países, proveniente de un presidente demócrata.
Desde hace algunas semanas el tono de la política en Venezuela cambió. Los dos polos más enfrentados, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Juan Guaidó están hablando de posibilidad de algún tipo de acuerdo, con vistas a las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el presidente de Colombia, Iván Duque, afinaron estrategias para debilitar y derrocar el gobierno constitucional de Venezuela, conversaron sobre el cambio climático, la protección de los derechos humanos y la recuperación económica regional ante la pandemia de Covid-19.
El informe preliminar de la relatora especial de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU confirma que el ilegal bloqueo económico-financiero-comercial y las legislaciones promulgadas por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, instrumentadas desde 10 años antes del decreto Obama de 2015, han minado la economía venezolana y la calidad de vida de la población.
La relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, reconoció que las acciones coercitivas y unilaterales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela han tenido efectos devastadores en la alimentación, salud y educación del pueblo venezolano.