La gestión del gobierno de la crisis migratoria en las islas obedece a una política coherente con unas directrices europeas que apuntan a evitar la entrada de migrantes y privilegiar los mecanismos de expulsión. Activistas reflexionan sobre cómo responder a ese marco.
¿Recuerdan la foto? Una pareja de bañistas frente al cadáver de una persona migrante subsahariana tras naufragar su patera. «Ahora ya no es solo indiferencia, ahora también es odio», resume el autor, el fotoperiodista Javier Bauluz.
El Gobierno canario hace gala de su incapacidad de coordinar una respuesta a la situación, mientras el Gobierno de España se preocupa más por tapar el problema con soluciones chapuceras y poco humanitarias, que por aportar soluciones contundentes a largo plazo.
El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE era una oportunidad para garantizar protección adecuada a quienes buscan seguridad en el continente. Sin embargo, ha puesto en marcha más muros físicos y burocráticos.
Más de 8.000 migrantes han llegado a las islas en lo que va de año, casi un 700% más que el anterior. Mientras los números se parecen cada vez a los de la crisis de 2006, Interior bloquea los traslados a la península y Migraciones sigue sin desplegar una red estable de acogida. Los hoteles, vacíos por la pandemia, sirven de albergue temporal mientras la tensión social y política aumenta cada día.
En la isla de Lesbos, Grecia, la vida es una pausa para las miles de personas que llegan en busca de un futuro mejor y siguen presas de las políticas migratorias de la Unión Europea. Perimene –espera— es la palabra más repetida entre las solicitantes de protección internacional que sobreviven al campo de refugiados más grande de Europa.
450 organizaciones demandan a la UE y sus estados miembro el fin de la reclusión de las personas en condiciones miserables en las islas griegas
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo