Un hito histórico se está escribiendo en el ámbito de la justicia internacional de una causa criminal que de haberse contado con un sistema penal más sólido en nuestro país Honduras, se hubiese resuelto en el marco de nuestra expresión soberana de persecución del delito.
Honduras, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, viene enfrentando desde hace tiempo un déficit estructural en sus cuentas externas, especialmente en la balanza de bienes y servicios. Las últimas cifras del Banco Central muestran un desequilibrio comercial mayor a los 7,900 millones de dólares en 2023, donde las importaciones han retomado su dinámica después del Covid-19, no así las exportaciones que cayeron en más de 16% en 2023.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH), publicó un informe preliminar sobre agresiones a defensoras de derechos humanos en los meses de diciembre 2023 y enero 2024. En tan sólo dos meses fueron identificados 310 ataques.
«El tema del crecimiento tiene un impacto sobre el ingreso fiscal: una economía que crece más genera más ingresos fiscales. El crecimiento es importante porque genera empleos, bienestar para la persona e ingresos fiscales”. (Mario Marcel, Ministro de Hacienda de Chile)
“La transformación estructural es mucho más amplia que la estabilización económica y el ajuste estructural neoliberal, va a los cimientos de la economía y sociedad misma, viene del pueblo no de elites económicas y políticas” (Aníbal Pinto)
“La UNAH debe estar al servicio del pueblo, no del mercado, ni de grupos de poder. La Academia tiene mucho que aportar y decir sobre los problemas de la economía y sociedad hondureña; va más allá de las propuestas de gobierno”. (Marco Virgilio Carias, docente e investigador académico)
En horas de la noche del 1 de diciembre, agencias noticiosas y redes sociales lanzaban un comunicado del Ministerio Público de Honduras, en el que se informaba de un “requerimiento fiscal con orden de captura contra otro implicado en el asesinato de Berta Cáceres”.
“Quién dijo que las deudas por recursos de crédito campesino, en el marco de programas de transformación agraria, no deben honrarse”. (Margarita Murillo, dirigente campesina, activista de derechos humanos y defensora del ambiente)
En Honduras, como en otros países latinoamericanos de democracia incipiente, se ha institucionalizado entre dirigentes políticos y diputados al Congreso Nacional, la práctica de interpretación de la Constitución y demás Leyes conexas para beneficio propio y del partido en el gobierno. Algunos diputados constitucionalistas lo consideran como una práctica corrupta, y otros como una forma de enfrentar a sus oponentes y salir vencedor al aprobarse leyes, decretos y nombrarse funcionarios de gobierno sin el consenso requerido.