El pasado verano Ana, una trabajadora migrante en situación irregular, tuvo que elegir entre seguir trabajando a pesar de la sospecha de contagio de covid-19 o arriesgarse a perder su empleo en una casa y con él los únicos ingresos de su familia.
El pasado verano Ana, una trabajadora migrante en situación irregular, tuvo que elegir entre seguir trabajando a pesar de la sospecha de contagio de covid-19 o arriesgarse a perder su empleo en una casa y con él los únicos ingresos de su familia.
Este 22 de septiembre se debate en el Pleno del Congreso la PNL impulsada por #RegularizacionYa y la Coordinadora Obrim Frontères apoyada por un conjunto de 8 fuerzas políticas, con el objetivo de regularizar a las más de 600.000 personas migrantes en situación administrativa irregular en España.
CGT considera que la pérdida de vidas humanas en la ruta de las Canarias podría mitigarse si desde el Estado se apostara por un Salvamento Marítimo público y civil.
“Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son cárceles racistas encubiertas bajo el amparo legal del control de la inmigración irregular”, recordó la Campaña Estatal por el cierre de los CIE en mayo, cuando los ocho centros, dependientes del Ministerio del Interior, se vaciaron de reclusos (el gobierno español decretó el Estado de Alarma para hacer frente a la COVID-19 el 14 de marzo).
La sentencia es un paso fundamental para quienes solicitaban protección internacional en Ceuta y Melilla y por decisión de los sucesivos Gobiernos, se les impedía el paso a la península.
Los temporeros son el último eslabón de un negocio que factura casi 850 millones de euros anuales en exportaciones. Este año la covid, el racismo y el incumplimiento de las leyes laborales marcan la campaña.