El día 3 de febrero se somete al Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-ley firmado por el Ejecutivo el pasado 28 de diciembre sobre la reforma laboral, aprobada tras la prolongada negociación y el acuerdo tripartito entre el Gobierno, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme).
La edición más reciente del informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2022 advierte de una recuperación lenta e incierta debido a la persistencia de los efectos de la pandemia en los mercados de trabajo del mundo, con un desempleo mundial de 207 millones de personas.
El «ritmo excesivamente acelerado de trabajo», la vigilancia y los sistemas disciplinarios han creado un ambiente peligroso para los trabajadores del gigante del comercio electrónico
La cosa viene de atrás. Antes de que el gobierno de Rajoy aprobase su reforma laboral de 2012, su predecesor Zapatero ya había desbrozado el terreno aprobando en junio de 2010, con alevosía y veraneo, otra previa. Bruselas (BCE, Comisión Europea) le presionó para ello y el PSOE dijo amén.
Las modificaciones de la reforma laboral del PP son mínimas e insuficientes. En modo alguno se deroga. Ni siquiera alcanza los aspectos más lesivos de aquella. Por el contrario, en algunos asuntos la «mejora».
Nos equivocamos si creemos que el conflicto laboral de la Bahía de Cádiz versa sobre el incremento salarial del convenio, muy probablemente esa sea la cuestión básica sobre la mesa donde se ha negociado estos días el nuevo Convenio Colectivo de la Pequeña y Mediana Industrial del Metal de la Provincia de Cádiz, pero no sobre la mesa donde comen cada día las personas trabajadoras afectadas por el mismo, donde se juega su futuro laboral y un empleo digno.
¡¡Basta ya!! ¡¡Nuestros hijos y nietos no se merecen este futuro de esclavitud o exilio!!
El martes 16 saltaba la huelga indefinida del metal en Cádiz ante el bloqueo en la negociación del convenio. La patronal quiere imponer fuertes recortes en salario y derechos: exige eliminar dos pagas extras, aumentar la jornada laboral, quitar pluses y se niega a recuperar los de riesgo tóxico, penoso y peligroso, y además quiere crear una nueva categoría por debajo del especialista.
El Gobierno del PP, a primeros del año 2012, a comienzos de la legislatura y tras sus primeras medidas de restricción presupuestaria aprueba e impone, con su mayoría parlamentaria y sin diálogo social con los agentes sociales, una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva.