¿Tenemos que combatir la tiranía con los instrumentos de los tiranos?

Después de una larga investigación acerca de los secuestros y vuelos secretos de la CIA en Europa, Dick Marty ha dejado establecido que, lejos de ser casos aislados, estos se han convertido en una práctica corriente. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa ha llegado en definitiva a la conclusión […]

«Cuando, en noviembre de 2005, el diario The Washington Post reveló que agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) habían secuestrado a presuntos terroristas musulmanes y los habían internado en centros secretos ilegales, yo estaba lejos de imaginar lo que me sucedería durante los siguientes meses. Aquel mismo día, la ONG americana Human Rights Watch publicaba un informe que ofrecía una información similar y precisaba, además, que los centros de detención se encontraban en Polonia, Rumania y en otros países de Europa oriental. [Esos datos provenían de] fuentes situadas, según supimos posteriormente, en los propios círculos de la CIA.

Paralelamente, la cadena radial ABC publicaba en su sitio de Internet una información análoga. Esta (información) estuvo en línea solamente media hora ya que el propietario de esa radio intervino para prohibir su difusión. En cuanto supo de la prohibición, el periodista se apresuró a avisarle a sus amigos para grabaran la noticia antes de que desapareciera, para la posteridad.

Las revelaciones del Washington Post y de la ONG Human Rights Watch no eran realmente una novedad. El periodista Stephen Grey, por citar sólo un ejemplo, ya había publicado artículos que hablaban de las «restituciones extraordinarias» y de «deslocalización de la tortura» pero, en aquel momento, la opinión pública no tomó verdaderamente conciencia del asunto.

Con esto estoy diciendo que, es cierto, hubo una prensa que habló de los secuestros de la CIA y de sus prisiones secretas, pero al mismo tiempo se pudo comprobar rápidamente que hubo presiones intensas para hacerla callar. Se descubrió más tarde que hubo una reunión en la Casa Blanca con los jefes de redacción de los principales periódicos americanos, [reunión] que tuvo probablemente como objetivo indicarles hasta qué punto hubiese resultado inoportuno difundir informaciones sobre la lucha contra el terrorismo.

Desde el momento en que se conocieron estos indicios sobre la existencia de prisiones secretas en Europa, el Consejo de Europa reaccionó inmediatamente: la Asamblea parlamentaria ordenó un informe sobre esos secuestros, cuya existencia, de comprobarse, era evidentemente contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos.

Quiero recordar que no hay otra organización intergubernamental que tenga una dimensión parlamentaria tan acentuada y fuerte como el Consejo de Europa. La Asamblea parlamentaria se compone de delegaciones de los diferentes parlamentos de los 46 países miembros. Esas delegaciones representan a los parlamentos nacionales, a los diferentes partidos, tienen que representar a los dos sexos y, de forma proporcional, a todas las minorías de sus países; por ejemplo, Suiza tiene 6 diputados y 6 sustitutos, o sea 12 diputados del Consejo Nacional y del Consejo de Estados están activos en ese recinto.

Quiso el azar que, dos días después de las revelaciones del Washington Post y de la ONG Human Rights Watch, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea parlamentaria se reuniera en París para, precisamente, elegir a su nuevo presidente. Me propusieron a mí y fue así que me encontré a la cabeza de la Comisión.

Lo primero que tuve que enfrentar fue el asunto de los secuestros y las prisiones secretas. Me di cuenta de lo que aquello podía representar varias semanas después, cuando, el 25 de noviembre de 2005, en Bucarest, la Asamblea parlamentaria tenía que confirmar el mandato que la Comisión me había confiado. La conferencia de prensa que anunciaba mi nominación como relator estuvo a punto de convertirse un motín, debido a la cantidad de periodistas. No fue hasta ese momento que percibí plenamente el carácter explosivo del asunto y que mi trabajo había comenzado verdaderamente.

La prensa me designa habitualmente como «el investigador» del Consejo de Europa. En realidad, yo no era ni soy un verdadero investigador, ya que un investigador tiene la posibilidad de citar personas, de confiscar documentos, de arrestar personas. Poderes que yo tuve durante 15 años, como fiscal, ¡pero de los que carecí cruelmente durante este trabajo! Decidí entonces luchar en el mismo terreno de aquellos de quienes se sospechaba que habían mantenido las prisiones secretas, y tratar así de realizar un trabajo «de inteligencia».

Pero, en ese terreno también me encontraba prácticamente sin medios: tenía a mi disposición el secretariado de la Comisión, pero este estaba totalmente sobrecargado de trabajo. Finalmente pude obtener la ayuda de un joven colaborador escocés de 28 años. Juntos establecimos contactos con periodistas de investigación independientes, con organizaciones no gubernamentales, con profesionales de «la inteligencia» de diferentes países. Y comenzamos a buscar y componer las piezas del rompecabezas.

Por su lado, a principios de 2006, el Parlamento de la Unión Europea también decidió abrir una investigación parlamentaria sobre los vuelos y las prisiones secretas de la CIA en Europa. Como Polonia es miembro de la Unión Europea y Rumania aspira a serlo, el Parlamento quería verificar lo sucedido. Se creó una comisión ad hoc de 46 diputados. Esa comisión, dotada de grandes medios -13 personas del secretariado trabajaban únicamente en este asunto-, se reunía todas las semanas y realizaba esencialmente audiencias. Aunque las audiencias de esa comisión se desarrollaban a puertas cerradas, no se podía garantizar el menor secreto. Mientras que yo, al trabajar solo, tenía la posibilidad de garantizar la confidencialidad de las fuentes. Así que teníamos una metodología y un enfoque completamente diferentes.

Presenté el primer informe en enero de 2006 y el informe principal a principios de junio de 2006. Pude obtener una ayuda importante del ministerio público de Milán. Yo conocía personalmente a los magistrados que estaban investigando la desaparición de Abu Omar, un ex imam de la mezquita de Milán, de origen egipcio, que había obtenido el asilo político en Italia hacia varios años. Aquellos magistrados lograron probar que Abu Omar había sido secuestrado en febrero de 2003 por agentes de los servicios secretos americanos que lo habían transportado en una camioneta hasta la base italiana de la OTAN de Aviano. Y de Aviano lo llevaron a Ramstein, sobrevolando Suiza. Luego, de Ramstein, fue llevado al Cairo, donde fue entregado a las autoridades egipcias que lo torturaron.

Quiero subrayar aquí la importancia de la independencia de la justicia. El ministerio público milanés actuó a pesar de la hostilidad manifiesta del gobierno de Berlusconi, que hizo todo lo posible por sabotear aquella investigación. Fue gracias al excelente trabajo de los magistrados y de ciertos servicios de la policía milanesa -hicieron una investigación absolutamente notable- que 25 agentes de la CIA implicados en el rapto del imam fueron identificados y que la fiscalía de Milán pudo emitir una orden internacional de arresto contra 22 de ellos.

Los magistrados milaneses pusieron a mi disposición todas las actas de la investigación. Las examiné durante una semana. Y tuve entonces la convicción moral de que estaba ante la pista correcta, de que estábamos ante un sistema, ante una lógica sofisticada, que era imposible que todo aquello pudiera suceder sin la colaboración, a uno u otro nivel, de las autoridades locales y que el Pentágono y la CIA no podían ser los únicos servicios implicados en esas «restituciones extraordinarias».

¿Qué significa el término «restituciones extraordinarias» utilizado oficialmente por la CIA?

En la práctica eso consiste en secuestrar a personas sospechosas de tener un vínculo con el terrorismo, sin que esa acusación haya podido ser verificada por la autoridad judicial, y en entregarlas a las autoridades de sus países de origen, donde son sometidas a interrogatorios brutales.

El objetivo de esas «restituciones» secretas es conseguir información mediante actos de tortura y obtener, mediante la presión de amenazas, que colaboren con los servicios secretos y que actúen prácticamente como agentes infiltrados. Fue en base a ese concepto de «restituciones» que los agentes de la CIA secuestraron probablemente a más de 100 personas. Hasta ahora no tenemos datos precisos.

Cuando la opinión supo de ese sistema de «restituciones extraordinarias», ello dio lugar a duros debates en Estados Unidos. Se trató entonces de justificar jurídicamente esas «restituciones extraordinarias». El jurista que elaboró la teoría de ese sistema es el actual ministro de Justicia, Roberto Gonzales [1], quien, en el sistema americano, es a la vez el fiscal general de Estados Unidos.

Esas «restituciones», cosa que me había parecido clara desde el principio, suponían una logística, y por tanto la existencia de centros de detención intermedios. Se supo después que muchas de las personas secuestradas que no habían sido entregadas a sus países de origen fueron internadas en prisiones secretas, ya sea en Bagram (Afganistán), en Abu Ghraib (Bagdad), o en Guantánamo.

El 5 de diciembre de 2005, la señora Rice, mientras justificaba las «restituciones extraordinarias y la existencia de Guantánamo», nos dio un importante indicio cuando declaró que «Estados Unidos no había violado la soberanía de los Estados europeos». Yo pienso que la señora Rice estaba diciendo, por una vez, la verdad. Al decir eso estaba revelando que lo descubierto en diferentes países europeos sobre las prisiones secretas se había hecho con la colaboración de los servicios del Estado interesado [2]; por consiguiente, no hubo violación de la soberanía por parte de Estados Unidos. Al expresarse así, la señora Rice les quiso decir a los europeos que estaban criticando a Estados Unidos: «no se pasen de listos que ustedes mismos utilizaron en el pasado el sistema de las «restituciones».

La señora Rice se refería así al caso del terrorista Carlos [3], secuestrado en Sudán por los servicios secretos franceses. Pero la gran diferencia con ese caso, [diferencia] que ella ignoró, es que Carlos fue entregado a la justicia francesa [4], que tuvo un juicio justo y que pudo incluso recurrir a la Corte Europea de los Derechos Humanos de Estrasburgo [5]. Por lo tanto, existe aquí una diferencia fundamental. Ese tipo de «restituciones» se puede defender cuando las personas buscadas están en países que no colaboran con la justicia o que no disponen de medios para arrestar y entregar las personas buscadas y cuando su objetivo es entregar las personas así secuestradas a los órganos de la justicia ordinaria.

En lo tocante a nuestras investigaciones, fue sobre todo en Polonia y en Rumania que confrontamos grandes dificultades. La gente con quien nos reunimos en esos países estaba absolutamente aterrorizada con la idea de que, si hablaban, sus declaraciones pudieran comprometer a sus países. En Rumania sobre todo, donde se convirtió en una cuestión de interés nacional el no decir nada que pudiera poner en peligro su pedido de admisión en la UE.

El papel de países como Suiza en la colaboración con los secuestros de la CIA resultó marginal, aunque ello no deja de plantear importantes interrogantes. Incluso países como Suecia están implicados, lo cual resulta muy inquietante. La policía sueca entregó espontáneamente a los agentes de la CIA dos egipcios que habían obtenido asilo. Hay testimonios de la policía que demuestran que los agentes de la CIA inflingieron malos tratos a esos egipcios, desde el aeropuerto mismo. Luego de su transporte al Cairo, sufrieron enseguida las mismas torturas que el imam Abu Omar. La Comisión de la ONU contra la Tortura condenó a Suecia por ese caso.

Otros países, como Bosnia, también entregaron personas espontáneamente. Cuando interrogamos a las autoridades bosnias, estas admitieron esos hechos y los deploraron.

Canadá también colaboró activamente con la CIA en esos secuestros ilegales. Ese país acaba incluso de pagar una indemnización de 10 millones de dólares a una persona de origen canadiense que estuvo detenida durante varios años en Guantánamo cuando en realidad no había absolutamente nada que reprocharle.

En Estados Unidos, las personas puestas en libertad no han recibido ninguna excusa ni indemnización. Actualmente hay 5 abogados que trabajan juntos en Estados Unidos y que están encargados de la defensa de los intereses de esas personas secuestradas. Esto dará lugar a toda una serie de acciones judiciales contra el gobierno de Estados Unidos.

Esta perspectiva de los hechos incita a varias reflexiones.

La administración de Estados Unidos ha tomado decisiones basadas en las siguientes consideraciones: el terrorismo constituye una amenaza tan grave que nuestro país tiene que considerarse en guerra. Nuestro sistema judicial resulta completamente incompatible con esta guerra. Así que, adiós a la justicia, bienvenidos sean Guantánamo, las prisiones secretas, se acabaron los juicios y todo eso. Necesitamos obtener información a toda costa.

Pero cuando se habla de «guerra», hay que hablar necesariamente del derecho de la guerra. Cuando se habla del derecho de guerra, hay que mencionar la Convención de Ginebra. Y cuando se habla de la Convención de Ginebra, eso quiere decir que hay que comunicar los nombres de todos los prisioneros al Comité Internacional de la Cruz Roja y autorizar las visitas de sus delegados.

Pero Estados Unidos también estimó que la Convención de Ginebra no es un instrumento adecuado cuando se trata de enfrentar el terrorismo. Y escogió una tercera vía, la de la arbitrariedad -no la de la justicia, no la del derecho internacional-, una vía que ni siquiera es aplicable en el territorio de Estados Unidos y que no es válida para utilizarla contra los ciudadanos americanos. Así que se estableció una especie de sistema de apartheid jurídico. Por supuesto, se trata de un modelo que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra sensibilidad ni con nuestra tradición jurídica. Y sin embargo, los Estados europeos han aceptado implícitamente ese sistema.

Lentamente, los hechos nos están dando la razón. La mayoría de los gobiernos europeos, a uno u otro nivel, colaboraron activamente con Estados Unidos en la instauración de esa doctrina de las «restituciones extraordinarias», con su puesta en ejecución y con todo lo que ello implicaba. O lo toleraron, o lo sabían y no protestaron. Sí, hubo algunas protestas más o menos corteses sobre el tema de Guantánamo. Pero en lo tocante a lo demás –«restituciones extraordinarias», detenciones secretas y uso de la tortura- fingieron no saber nada.

Cuando tuve conocimiento [del contenido] de las actas de la investigación italiana, me puse en contacto con mi ex colega Armando Spataro, el fiscal adjunto de Milán encargado de la investigación sobre el rapto de Abu Omar. Le expresé mi convicción: no era posible que todo eso hubiera podido suceder sin la participación ya sea de la policía, ya sea de los servicios de inteligencia italianos. Y esa era su opinión.

En el mismo momento, en Bruselas, ante la Comisión investigadora del Parlamento Europeo, el jefe de los servicios secretos militares italianos, el señor Nicola Pollari, hacía una declaración en la que desmentía toda implicación en el caso, donde decía que nunca había sabido nada y que no había colaborado en lo absoluto con ese tipo de actividades.

Es importante que se sepa que hoy en día el señor Pollari ha sido depuesto por el nuevo gobierno y que comparece ante el tribunal de Milán porque se ha probado que los servicios secretos italianos, que él dirigía, colaboraron estrechamente con los agentes de la CIA en el secuestro de Abu Omar. Se trata de hechos ahora demostrados: la primera persona que se acercó a Abu Omar, identificándose como «policía» y exigiéndole «sus documentos», fue un agente del servicio de inteligencia italiano, el cual confesó. Segundos más tarde, metían a Omar en una camioneta y lo entregaban a los agentes americanos.

Se ha podido comprobar, en otros países también, hasta qué punto la colaboración con las acciones de los servicios secretos americanos tuvo un carácter activo. Lo que me impresionó durante esta investigación -quizás yo era y sigo siendo aún demasiado ingenuo- es hasta qué punto los gobiernos europeos mintieron y siguen mintiendo, activamente o por omisión. Están mintiendo, o, en todo caso, se niegan a decir la verdad, y dándose muy buena conciencia, [diciéndose a sí mismos que lo hacen] por el interés superior del Estado; que hay un secreto de Estado y que, por tanto, se puede, se debe mentir.

Ayer fue la Fiscalía de Munich la que emitió 13 órdenes de arresto contra agentes secretos de Estados Unidos acusados de haber secuestrado a Khaled El-Masri, ciudadano alemán de origen libanés.

Yo me reuní con Khaled El-Masri cuando nadie le creía en Alemania. Fue secuestrado en Macedonia y trasladado a Kabul, donde fue sometido a actos de tortura durante varios meses. Después lo llevaron de nuevo a Europa, lo liberaron en algún lugar de Albania y, finalmente, al cabo de una lucha encarnizada, se logró demostrar que Khaled El-Masri había dicho la verdad, que fue realmente secuestrado por los agentes de la CIA, muy probablemente con la colaboración de agentes alemanes.

Cuando me reuní con el fiscal alemán, le entregué la información que habíamos recogido en Macedonia. Ayer, en un comunicado, la Fiscalía de Munich indicó que había logrado seguir la pista de los 13 agentes de la CIA, gracias a la cooperación y la información recogida por la policía española, por la Fiscalía de Milán y por mí mismo, el relator del Consejo de Europa.

Si digo esto no es por elogiarme a mí mismo sino simplemente para demostrar que, si una persona -trabajando con un solo colaborador- pudo llegar a este resultado, hubiésemos podido llegar infinitamente más lejos en la búsqueda de la verdad de haber existido la menor voluntad por parte de los gobiernos europeos, incluyendo el suizo.

Mi convicción -aunque no puedo probarlo aún- es que los gobiernos europeos han firmado acuerdos secretos con Estados Unidos, posiblemente como consecuencia de la gran conmoción que provocaran los acontecimientos del 11 de septiembre [6]. Eso explicaría, aunque sin ser ello una excusa, su silencio.

Suiza no escapa a la crítica. Los aviones pertenecientes a la administración de Estados Unidos gozan de un permiso anual de vuelo. Esos aviones de la CIA vuelan por toda Europa. La mayoría de esos vuelos sirven para transportar el material logístico de la CIA, que tiene numerosas oficinas casi en todas partes. La Confederación renovó ese permiso de vuelo aún sabiendo que aviones de la CIA muy posiblemente habían abusado de esa concesión al transportar a Abu Omar, secuestrado en Milán, a través del espacio aéreo helvético; lo cual constituye un acto criminal que justifica asimismo la competencia de las autoridades penales de nuestro país para buscar y castigar a los culpables.

Cuando se le preguntó al Consejo Federal la cantidad de vuelos y aterrizajes de los aviones de la CIA en Suiza, se nos respondió que habían sido 3 vuelos. Una hora después de esa confesión, Amnesty International mencionaba 4 vuelos. Hoy sabemos que hubo por lo menos 48 vuelos. Eso demuestra que incluso por parte de las autoridades suizas hubo falta de voluntad de tratar de buscar la verdad. ¡Nos habría gustado que, en lo tocante a la cantidad de vuelos, el Consejo Federal hubiese sido más preciso en sus respuestas!

Como acabo de señalar, el sobrevuelo por parte de aviones que transportan personas secuestradas es un crimen que cae dentro de la jurisdicción de la autoridad penal suiza. Tuvo que pasar muchísimo tiempo antes de que la fiscalía de la Confederación se decidiera a abrir una investigación, a pesar de que el expediente de los magistrados italianos probaba de manera irrebatible que el avión que había sobrevolado Suiza transportaba a Abu Omar. Cuando se le preguntó a la Oficina Federal de la Aviación Civil: «¿Tal o mas cual avión sobrevoló Suiza el 13 de febrero de 2003 ?», enseguida se nos respondió: «Sí, señor, dos veces; por la mañana, proveniente de Ramstein y con destino a Aviano, y por la tarde desde Aviano y con destino a Ramstein». Eran el mismo destino y los mismos horarios que en el expediente de la policía italiana.

Pensamos, por consiguiente, que es casi seguro que hubo acuerdos secretos, pero que hubo además una política, intereses que prevalecían por sobre los valores y los principios políticos. Yo estoy plenamente conciente de que el papel del gobierno es preservar los intereses del país, de que puede haber situaciones de conflicto. Sin embargo, yo habría preferido, en lo personal, que en vez de mentir nos hubiesen dicho francamente: tenemos tantos intereses en juego con Estados Unidos que no podemos enemistarnos con ellos.

Todo eso demuestra que ha habido, por parte de las autoridades suizas, una falta de voluntad política de buscar la verdad. Hoy tengo la íntima convicción, lo repito, de que ha habido acuerdos secretos, formales o informales, entre Estados Unidos y Suiza, al igual que con otros países europeos. Y si eso hubiera sucedido solamente a nivel de los servicios de inteligencia, sería más inquietante aún.

En estos últimos días hemos sabido por la prensa que la fiscalía de la Confederación, directamente o a través de la policía, ha realizado actos de investigación en Guantánamo. Las autoridades suizas han transmitido por tanto a las autoridades de Estados Unidos listados de nombres y fotos de musulmanes detenidos en Suiza para obtener informaciones sobre ellos entre los detenidos de Guantánamo. Lo cual equivale a aceptar que sí se puede arrancar información mediante la tortura. Yo considero que eso es simplemente escandaloso. Ya que, por un lado, nuestra ministro de Relaciones Exteriores, la señora Calmy-Rey, le dice amablemente a la señora Condoleezza Rice que la prisión de Guantánamo no es aceptable, que habría que cerrarla, que es una violación del orden jurídico internacional; y por el otro lado, nuestras autoridades federales legitiman ese tipo de estructuras y las torturas que estas implican mediante la realización de actos de investigación en Guantánamo, sabiendo perfectamente que las posibles pruebas obtenidas mediante el uso de la tortura o en prisiones secretas no pueden ser aceptadas por ningún tribunal en Europa.

Durante todo este período de la investigación me sentí a menudo muy solo. Pero, ironía del destino, hoy puedo agradecerle al presidente Bush el haberme prestado indirectamente un importante apoyo cuando, el 6 de septiembre de 2006, reconoció por fin la existencia de las prisiones secretas. A partir de ese momento, mi informe sobre los secuestros y los vuelos de la CIA adquirió singular importancia.

Otro elemento alentador y positivo es lo que acaba de suceder en Alemania, donde los 13 agentes del servicio de espionaje americano que secuestraron a Khaled El-Masri están siendo acusados. Hay que agregar a esto el juicio de Milán así como los pasos de la justicia española que está reclamando acceso a todos los documentos de los servicios secretos españoles sobre los aviones de la CIA. En suma, creo que una dinámica de la verdad se ha puesto en marcha. También me sorprendió agradablemente la calidad de ciertas ONGs en Estados Unidos así como el dinamismo que han manifestado ciertos círculos de la sociedad civil. Si algunos hechos han salido finalmente a flote es en parte gracias a esas ONGs americanas.

Resulta de importancia primordial tener una prensa independiente. Ya se ha visto hasta qué punto la prensa está al servicio del poder. Hay un ejemplo más claro aún: el del acondicionamiento de la opinión, a través de la prensa, a favor de la guerra en Irak. No puede haber verdadera democracia sin una prensa verdaderamente independiente, tanto del poder político como del poder económico.

Un elemento totalmente fundamental es la independencia de la justicia. Y cuando digo justicia estoy pensando también y sobre todo en la fiscalía. Si, en este caso, Italia pudo encontrar la verdad fue gracias a la independencia del fiscal que pudo actuar a pesar de la hostilidad del poder político. Según el sistema italiano, la fiscalía esta considerada como una autoridad judicial en todos los sentidos y los policías que trabajan con la fiscalía gozan de la misma independencia.

Insisto en ese punto porque en Suiza al actual jefe del departamento de justicia y de policía le gustaría tener bajo su exclusiva vigilancia a la fiscalía de la Confederación. Eso está pasando en medio de la total apatía de la clase política, que da la impresión de no estar interesada en los problemas de la justicia. Todo eso me parece muy peligroso y creo que debiera haber una reacción.

¿La lucha contra el terrorismo justifica estos medios?

Todos los días veo gente que dice: «Ah, el terrorismo es tan peligroso. Tenemos que aceptar la tortura porque puede salvar vidas». Ese tipo de razonamiento me parece falso y extremadamente peligroso [7].

Es cierto que los terroristas son peligrosos ya que su objetivo es destruir, por cualquier vía, nuestro sistema de democracia y de valores occidentales. Así y todo, resulta chocante que, para combatir a los terroristas, nosotros mismos renunciemos a instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático, que renunciemos a ese principio esencial que son los derechos humanos y la garantía de juicios justos, [que renunciemos] al sistema judicial. Al hacerlo estamos legitimando indirectamente a toda esa gente que, ante esas violaciones, viven hoy convencidos de que están combatiendo un sistema que es brutal, que es ilegal, que utiliza la tortura. Y, lo más importante es que esos actos ilegales pueden crear un movimiento de simpatía hacia los autores de actos de terrorismo.

Cuando yo colaboré con el gran jefe del antiterrorismo italiano, el general Carlo Alberto dalla Chiesa, este me dijo: los terroristas son locos furiosos, pero no son tantos. Se hacen verdaderamente peligrosos cuando hay alrededor de ellos una corriente de simpatía. Eso los estimula, los motiva, los carga de energía. He ilustró sus palabras con la siguiente imagen: la simpatía es para el terrorismo como el oxígeno para el fuego. Estoy convencido de que esa es la verdad.

Lo que también me chocó durante mi trabajo fue comprobar que hay una ausencia total de estrategia en el marco de esta guerra contra el terrorismo.

Estados Unidos dijo: Ni justicia, ni Convención de Ginebra. Le damos total libertad de acción a los servicios secretos y al Pentágono.

Nunca hubo debate, entre Estados Unidos y Europa, sobre la manera de conducir la lucha contra el terrorismo. Pero tampoco hubo nunca, en el interior de Europa, un verdadero debate sobre la estrategia a seguir.

Además, que yo sepa, no existe una definición jurídica internacional sobre el terrorismo. Hay convenciones que hablan del terrorismo, pero no hay una verdadera definición del terrorismo.

Pienso que posiblemente habría que modificar, adaptar ciertos mecanismos del sistema actual en materia de procesamiento policial y judicial. Pero yo afirmo que la democracia y el aparato judicial cuentan con los medios para enfrentar la amenaza que representa el terrorismo. Yo creo que hay otras amenazas que son tan peligrosas como el terrorismo. Me refiero a la corrupción, por no poner más que un ejemplo, que es un mal que está causando inmensos desastres a través del planeta. Por lo demás, un verdadero instrumento de lucha contra el terrorismo está al nivel político (…) Y ¿cómo no queremos tener terroristas cuando hay guerras basadas en mentiras? Lo que me inquieta, en el fondo, y lo que me chocado profundamente en toda esta historia es la indiferencia, es la indiferencia. ¿Cuántas personas me han dicho?: ¿Por qué haces todo eso? ¡Son terroristas! Los americanos tienen razón. Y después agregaban: «Sólo son musulmanes».

¡Qué aberración! Pienso que estamos cometiendo un error histórico al criminalizar el Islam. Estamos empujando todo un sector del Islam hacia el extremismo; un error que, según temo, va a costarnos muy caro.

«¿Hay que combatir la tiranía con los instrumentos de los tiranos?» Ese es el título que he querido dar a esta conferencia y será además mi conclusión. La frase no es mía. Es una frase que leí en un juicio de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre un caso de terrorismo, en boca de la jueza Sandra Day O’Connor: «Si nuestro país quiere seguir siendo fiel a los valores que simboliza nuestra bandera, no podemos combatir la tiranía con los instrumentos del tirano».

* Silvia Cattori es periodista suiza. Dick Marty es Doctor en Derecho, y miembro del Consejo de los Estados de la Confederación Helvética, de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y preside la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Esta comisión le encargó la elaboración de un informe sobre las alegaciones ligadas a la existencia de prisiones secretas de la CIA en Europa.