El proyecto minero Tía María ha generado grandes expectativas de «progreso» para la región Arequipa. Y no es para menos. Es un proyecto de $ 1 400 millones que pueden solucionar varios problemas presupuestales a la segunda región más importante del Perú (en un contexto donde Ollanta le redujo su PIA de más de 200 […]
El proyecto minero Tía María ha generado grandes expectativas de «progreso» para la región Arequipa. Y no es para menos. Es un proyecto de $ 1 400 millones que pueden solucionar varios problemas presupuestales a la segunda región más importante del Perú (en un contexto donde Ollanta le redujo su PIA de más de 200 millones en el 2013 a 76 millones al 2015). No obstante, hasta ahora, no se ha encontrado una solución política para el conflicto que en el 2011 se saldó con varios heridos y la muerte de tres pobladores.
Y es que a cuatro años del conflicto social la empresa minera Southern Perú (SP), no solo ha mantenido la misma fracasada estrategia de comunicación con la población sino que mantiene como relacionista público al Sr. Morriberon (vinculado a la prepotencia y responsable del drama del 2011), y al parecer está impulsando un aparato social denominado Comité por el Desarrollo de Islay con dirigentes cuestionados y con portátiles de otras provincias (que no suman más de 500 personas), que puede conllevar a una mayor polarización entre pueblos hermanos y a reabrir las heridas que todavía no cierran.
En este marco, los que auguraban que el movimiento «antiminero» había muerto debido a un reflujo o al oportunismo de sus dirigentes, pues, se equivocaron.
«… La Policía estuvo cerca de los manifestantes y los acompañó durante el recorrido que hicieron desde la plaza San Francisco hasta la plaza principal, hasta el momento cerca de 4 mil personas salieron a las calles a protestar…», (23/03/15), redactó el diario La República.
Y en efecto, la mayoría de académicos y políticos no esperaba esta respuesta. «…Ni reir ni llorar, comprender…», decía el filosofo Espinoza. Comprender que hay varios factores que intervienen en esta protesta como el abandono del agro (con jornaleros que ganan 50 soles al día y agricultores que no tienen productos con valor agregado para exportar al extranjero), la corrupción de los políticos, y la carestía de agua, etc.
Así las cosas, Hegel, tenía razón cuando sentenció que, «…la necesidad se expresa a través del accidente…». En este caso el accidente fue la prepotencia de la SP para extraer cobre del Valle del Tambo y decir que el agua que iba a usar sería del Valle. Y ahora declarar que todas las observaciones hechas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos ( UNOPS), al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya fueron superadas.
A esta cuestión hay que sumar que el movimiento anti SP se nutre de dos victorias (la de la derrota de Alan García suspendiendo el proyecto en el 2011 y la elección de sus dirigentes como alcaldes en tres distritos y la provincia de Islay), que fortalecen su moral para las próximas batallas.
De esta forma llegamos al 23 de marzo con una Mesa de diálogo que nació herida de muerta no solo por no tocar el tema del conflicto social (a pesar que hay una comisión de energía y minas), sino porque el gobierno central no invitó a los críticos de la SP.
El primer día del paro indefinido todos los centros de servicios, comercio y transporte paralizaron cerca de las 12:00pm. Luego hubo una marcha de más de 2000 personas (con más de 15 buses detrás), por el centro de la ciudad de Cocachacra, con el objetivo de concientizar a los demás pobladores y demostrar su fuerza organizada(días antes se volantearon panfletos con la foto de Marco Arana como candidato del Frente Amplio y consignas como Tía María No Va).
A la cabeza de la misma estaban el alcalde de Dean Valdivia, Jaime De la Cruz (quien es el que más está capitalizando); el presidente de la Junta de Usuarios del Valle Tambo, Jesús Cornejo; presidente del Frente Amplio en Defensa del Valle, Pepe Julio; el regidor de Cocachacra, Augusto Paredes; presidenta de la Junta de Usuarios de Mollendo, Marilú Marroquín, entre otros.
Los discursos de los dirigentes apuntaron principalmente contra la SP con arengas de «agro sí mina no» y rechazando la Mesa de Dialogo del gobierno de Ollanta Humala.
El 24 de marzo, segundo día de paro, el paro se hizo sentir recién al medio día. Pero esta vez había un nuevo elemento: La presencia de los cuatro alcaldes de la provincia de Islay.
Y es nuevo porque en las semanas anteriores se habían separado por contradicciones personales. Pero la presión social logro unirlos bajo la consigna «el pueblo unido jamás será vencido».
En el respectivo mitin que era conducido por Pepe Julio, el alcalde de Dean Valdivia, Jaime de la Cruz, declaró que, «…estamos aquí juntos por nuestro compromiso con uds. pueblo del Tambo y uds. nos juzgaran…Unidad para vencer…». Luego, el alcalde de Punta de Bombom, José Ramos, dijo, «…quien decide lo que se va hacer aquí son uds. pueblo tambino…». El alcalde de Cocachacra, Helard Valencia, sentenció, «…es la hora de la unidad…», mientras que el alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale, manifestó,»… Sr. Ollanta Humala Ud. tiene que respetar la voluntad del pueblo…».
Después de los discursos se leyó un pronunciamiento público que plantea: 1-Apoyar la decisión de rechazar el proyecto Tía María de la Asamblea Popular del 7 de marzo, 2-Apoyar el paro indefinido y pacifico del 23 de marzo, y 3-Que la Mesa de Diálogo se realice no en Mejía sino en el Valle del Tambo, lo cual fue refrendado por los más de 1000 manifestantes. El mismo aparecerá en un diario nacional firmado por los cuatro alcaldes y los presidentes de la Junta de Usuarios.
Luego se movilizaron en decenas de autos y camiones hacia la carretera del Fiscal con el objetivo de bloquearla pero fueron detenidos en el Puente de Pampa Blanca por centenas de policías que no dudaron en usar sus bombas lacrimógenas para dispersar a los protestantes. Este enfrentamiento se saldo con más de una decena de detenidos y varios heridos que fueron llevados al hospital más cercano.
La administración Humala, que pasa actualmente por una crisis política profunda (los congresistas de oposición quieren censurar a su premier por espiar a políticos, periodistas), parece decidido a aprobar el EIA de la Southern Perù, lo cual lo llevara a una mayor polarización con el pueblo del Valle del Tambo, que parece no estar dispuesto a ceder un milímetro en su rechazo a la empresa minera de capital mexicano, lo cual puede desembocar en una nueva explosión social.
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