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Honduras

Tras un año de gobierno, la administración Castro deja un sabor algo amargo en la militancia de Libre

Fuentes: Rebelión / Latinoamérica 21

El gobierno de Iris Xiomara Castro Sarmiento, primera mujer presidenta de Honduras, esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, conocido como Mel, derrocado en 2009, ya pasó a la historia del país, tan sólo por el género de la primera mandataria. El tema es si pasará a la historia grande de su patria o si […]

El gobierno de Iris Xiomara Castro Sarmiento, primera mujer presidenta de Honduras, esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, conocido como Mel, derrocado en 2009, ya pasó a la historia del país, tan sólo por el género de la primera mandataria. El tema es si pasará a la historia grande de su patria o si sólo se quedará en una de las páginas de los libros de historia, como una más… sin otro relieve que el de su condición de mujer.

Es que algo pasa en el seno del oficialismo, que pocos dicen en voz alta, pero muchos rumian en soledad o en círculos amicales de compañeros de activismo: estamos perdiendo una oportunidad histórica, aseguran los más realistas.

Los cuestionamientos comenzaron a poco de iniciado el mandato. Los puestos gubernamentales de mayor importancia, fueron ocupados sólo en menor medida por quienes lucharon durante doce años para regresar al poder político-institucional.

“Hay algunos ministros y otros funcionarios, que acreditan con holgura una historia de lucha militante, pero otros son meros oportunistas”, según comentan en los cuadros medios del partido y en sus bases.

“Un ministro, considerado un compañero de luchas, ha sido rodeado por ineptos oportunistas, arribistas de última hora, y la culpa la tiene, nada menos, que Mel”, nos dice un viejo militante, ex liberal, que siguió a Zelaya desde el primer día de su derrocamiento.

“Mel es pragmático y astuto, pero carece de la inteligencia necesaria para liderar como corresponde esta etapa del regreso al poder formal”, nos desliza otro luchador desde el primer momento.

Observando el desarrollo de los acontecimientos a lo largo del año, vemos que Manuel Zelaya no ha escatimado esfuerzos para mostrar quién es el que manda, sin decirlo explícitamente, pero con actitudes que no dejan lugar a dudas.

En primer lugar, apenas iniciado el mandato, se armó de una oficina en la Casa Presidencial como coordinador del Partido Libre, algo prohibido por la Constitución. Allí recibía a quienes necesitaban algo de él. Además, en una oportunidad, presidió una reunión de gabinete, sin ser miembro del gobierno. Adujo que fue una reunión informal, pero pocos le creen.

Aún así, el grueso de la militancia de Libre, sigue siendo fiel a su gobierno. Rumia su bronca, pero sigue adelante, a pesar de los desaguisados que cometen algunos altos funcionarios.

Por otro lado, el controvertido Salvador Nasralla, primer designado presidencial, no esperó mucho para hacer asomar su verdadera personalidad: incoherente, egocéntrico, caprichoso, imprevisible, casi desde el vamos, comenzó a actuar erráticamente, poniéndose en el rol de víctima e incluso coincidiendo con las posiciones de los cachurecos, mote con el que se conoce a los nacionalistas, los mismos que gobernaron por doce años seguidos, mediante un escandaloso fraude perpetrado en noviembre de 2017.

Xiomara y sus colaboradores de confianza han debido lidiar con propios y extraños. Y eso ha pasado una cuenta a la hora de evaluar las promesas cumplidas y las incumplidas.

Ello en medio de una campaña de fake news y de declaraciones de nacionalistas, liberales y dirigentes y legisladores del Partido Salvador de Honduras, el que se supone es parte del oficialismo.

Veamos algunos logros, semi logros y deudas pendientes de este primer año:

  • El tema energético ha sido, desde hace varias administraciones, un problema grave que, durante la presidencia de Manuel Zelaya, a pesar de las intenciones de cambios, no tuvo solución. Ahora, por lo menos, hay estrategias encaminadas a la reducción de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), viéndose la intención de modificar de raíz el panorama. En noviembre de 2022, se lanzó el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP). Xiomara recibió a esta empresa estatal con un 38% de pérdidas técnicas y no técnicas. Hacia fines de 2022, las mismas habían aumentado un par de puntos porcentuales, pero las expectativas para este año 2023 son hacia la baja, merced al citado programa.

En mayo, por solicitud expresa de la presidenta, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Dicha ley, permite la supervisión estatal y la intervención de las empresas contratadas por el Estado en el subsector eléctrico.

Basándose en esta ley, en enero de este año, la ENEE efectuó una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público, por presunta corrupción en la contratación de la Empresa Energía Honduras (EEH). Este punto podría ser positivo para el Estado hondureño si los operadores de justicia accionan contra los funcionarios que firmaron ese contrato con la EEH y contra los accionistas de esta empresa, por incumplimiento de contrato, lo que le valió enormes ganancias a costa del Estado y de la población.

  • Xiomara Castro también prometió apoyar los derechos reproductivos de la mujer, planteando la despenalización del aborto por tres causales y la aprobación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE).

La primera promesa es difícil de cumplir, pues el aborto está expresamente prohibido en el texto de la Constitución Política de la República. Sería necesario un fallo de la Sala de lo Constitucional, para anular esa prohibición o que por mayoría calificada (86 votos) del Congreso Nacional, voten su derogación. Algo complicado de lograr, tanto como la aprobación de las PAE, debido a la enconada oposición de la Iglesia Católica y de los sectores evangélicos.

Estos últimos, aunque están de capa caída por su irrestricto apoyo al ahora extraditado ex presidente Juan Orlando Hernández, todavía tienen fuerza suficiente y ascendencia sobre ciertos sectores de la alta sociedad hondureña. Muchos legisladores y legisladoras provienen de esos sectores o son fieles de algunos de esos credos.

Asimismo, el ministro de Salud, José Manuel Matheu, del Partido Salvador de Honduras, es un abierto militante del anti abortismo, que considera que las PAE son abortivas y no anticonceptivas.

  • La transformación de los sistemas de Educación y de Salud, estaban entre las mayores expectativas que, sin disimulo alguno, fueron debilitados por los tres gobiernos sucesivos del Partido Nacional. La presidenta Castro, prometió incrementar notablemente los presupuestos para estas dos Secretarías de Estado.

Para este año 2023, dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, hay aumentos en las asignaciones presupuestarias del 7% para la Secretaría de Educación y del 8% para la Secretaría de Salud. No es suficiente, pero es algo.

En Educación, el problema está en que todavía no se ha cumplido con la actualización curricular, ni con capacitaciones adecuadas del personal docente, aunque se va lentamente en esa dirección.

En Salud, por otra parte, no se ha cumplido con la reestructuración hospitalaria en cuanto a provisión de insumos y medicamentos, fundamentalmente por la cancelación del fideicomiso que administraba esos ítems. En cuanto a la Salud Mental, un tema álgido y necesario, todavía se espera por la creación de una Dirección ad hoc.

  • Otro sector que reclama por incumplimientos, es el de la comunidad LGBTIQ+ cuyos líderes han expresado, en reiteradas ocasiones, sentirse abandonados por la presidenta Xiomara. Una de las promesas fue la potestad del individuo de cambiar de nombre en el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), como reconocimiento a la población transgénero.

Asimismo, desde este sector de la sociedad, se reclama el incumplimiento de las medidas de reparación demandadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por el “Caso Vicky Hernández y otras Vs Honduras”. Hernández era una mujer transgénero asesinada en la ciudad de San Pedro Sula, cuando regía el toque de queda decretado por el gobierno de facto surgido del golpe de Estado de junio de 2009.

  • En cuanto al medio ambiente, se prometió la eliminación de la minería a cielo abierto y el final de la criminalización y persecución penal a los defensores de la tierra. En febrero de 2022, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas declaró a Honduras como territorio libre de minería a cielo abierto. Empero, en la realidad, nada ha cambiado. Explotaciones en duros conflictos con las comunidades afectadas, como Guapinol, Reitoca o Azacualpa, siguen trabajando y accionando contra los defensores del ambiente, muchas veces con la complicidad de las autoridades locales y de la Policía Nacional o del Ejército.
  • Unas de las más sentidas promesas de campaña, fue la desmilitarización de las fuerzas de seguridad del Estado. El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández, creó cuerpos de élite policial y militar, entre ellos la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Todos esos grupos siguen activos, aunque con un supuesto cambio de objetivos y de mentalidad en el caso de la Policía, a la cual se le pretende dar una visión comunitaria. En esa visión, la PMOP entra en el proyecto.
  • Por otro lado, la presidenta Castro decidió medidas represivas contra el flagelo de la extorsión, con la creación del estado de excepción que, sin embargo, no elimina de raíz la problemática relacionada con las maras y las pandillas. Esos grupos, aseguran analistas, tienen relación directa con ex funcionarios, con ex legisladores y, quizás, con algunos de los actuales, pero nadie se atreve a dar nombres, aunque indican que, mientras esa relación no se ataque y se corte de cuajo, el problema seguirá existiendo.

Por otra parte, ese estado de excepción ha sido fuertemente cuestionado por los defensores de los derechos humanos, porque de entrada se implementó en 162 barrios y colonias del Distrito Central y de San Pedro Sula, los dos núcleos urbanos con mayor cantidad de población del país. Esos barrios y colonias tienen los mayores índices de pobreza, lo cual implica que, desde el mismo Estado, se criminalizó la indigencia. La medida se amplió, desde enero de este año, a otros 73 municipios de 17 de los 18 departamentos de Honduras. Duras críticas surgieron, especialmente desde las organizaciones defensoras de los DDHH, porque solamente se centra en la represión y/o control preventivo del delito, pero no ataca sus causas.

Hay muchos otros temas sobre los cuales se puede hablar, como la erradicación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), los pactos de impunidad que han dejado en libertad a cientos de responsables de corruptelas y otros ilícitos y la postergada creación e instalación de la Comisión Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).

Asimismo, la derogación de la conocida como Ley de Secretos, que blindaba las acciones de los gobiernos cachurecos, en la práctica, no ha sido acatada ni por el Ejecutivo ni por los demás poderes del Estado.

Veamos hacia dónde se encamina esta administración en este año, y eso nos permitirá saber si los activistas de Libre tienen razón cuando aseguran que se está perdiendo una oportunidad histórica para cambiar a Honduras.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.