El pasado 4 de marzo finalizó en Costa Rica la novena ronda de negociaciones sobre un instrumento vinculante para América Latina sobre la protección a los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales (enunciados en el Principio 10 de la Declaración de Río […]
El pasado 4 de marzo finalizó en Costa Rica la novena ronda de negociaciones sobre un instrumento vinculante para América Latina sobre la protección a los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales (enunciados en el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 adoptada por Naciones Unidas). ¿Como plasmar estos principios jurídicos contenidos en una proclama universal en un texto vinculante de carácter regional? ¿Cómo incluir algunos de estos principios que varios jueces constitucionales sí han incorporado a su bloque constitucional mientras que sus hómologos en otros Estados han evitado consagrar como derechos humanos? Estos (así como otros aspectos que tienen que ver con la cautela que despierta en algunos Estados el reconocer nuevos derechos a comunidades afectadas por megaproyectos) constituyeron los principales desafíos de cara a la adopción final de este nuevo instrumento regional para América Latina y el Caribe.
Breve puesta en contexto
Se trata en efecto de una propuesta latinoamericana, iniciada con la Declaración de Santiago de Chile del 2014 (véase texto) y que se materializó a partir de mayo del 2015 con la primera ronda de negociaciones celebrada en Chile, auspiciada por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, más conocida como CEPAL. Cabe mencionar, con relación a la formalización en un instrumento jurídico de carácter regional de lo dispuesto en el Principio 10, que ya se cuenta con un valioso precedente: la «Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales» adoptada en Aarhus en 1998, la cual provee un marco normativo, limitado esto sí a la región europea y a Asia central (veáse texto en español y estado oficial de firmas y ratificaciones de este instrumento).