El miércoles 2 de mayo, a las 2 de la tarde, fue encontrado el cadáver del sub oficial de la Policía Nacional César Vilca Vega. Fue su padre el autor del hallazgo, luego de caminar 7 horas desde el poblado de Kiteni, por los agrestes senderos de la selva peruana. El cuerpo del agente del […]
El miércoles 2 de mayo, a las 2 de la tarde, fue encontrado el cadáver del sub oficial de la Policía Nacional César Vilca Vega. Fue su padre el autor del hallazgo, luego de caminar 7 horas desde el poblado de Kiteni, por los agrestes senderos de la selva peruana. El cuerpo del agente del Estado registraba los efectos de tortura y disparos con los que había sido ultimado por los supuestos «terroristas» liderados por Martín Quispe Palomino, el publicitado «Gabriel».
Múltiples interrogantes saltaron en forma casi inmediata ante este hecho infausto ¿Por qué fue el padre el sub oficial quien tuvo que buscarlo? ¿No era esa tarea del Estado? ¿Por qué se desplazó sólo por esos inhóspitos corredores, a merced del terror, pero también de la implacable naturaleza? ¿Por qué no se hizo la búsqueda de los sub oficiales que quedaron en la zona luego de la huida del helicóptero presutamente agredido por los «subversivos»? ¿Por qué el sub oficial Luis Astuquillca tuvo que salvarse solo y «aparecer» luego de 17 días como si fuera un resucitado? ¿Por qué debió fue el esforzado padre de Vilca el que tuvo que trasladar el cuerpo de su hijo durante siete horas en un transporte de servicio público, en lugar de contar siquiera con un vehículo policial? ¿Por qué debió confiar en pobladores nativos de una etnia local, a los que no conoció antes, en lugar de actuar asistido por las autoridades en la búsqueda de su hijo?
Estas preguntas aún no encuentran respuesta satisfactoria. Ella se deduce de lo que dijera en Chimbote el Jefe del Estado al inaugurar el proyecto Chinecas: las autoridades policiales y militares se abstuvieron de actuar porque no cuentan con la confianza de la población. Al decir eso, el Presidente Humala, captó el sentido de la indignación ciudadana y tal vez sin proponérselo, puso el dedo en la llaga. Y es que, en efecto, la población de la zona pareciera confiar más en los «efectivos» de Gabriel que en las instituciones armadas que operan en la región. Después de todo, al primero lo perciben casi como una leyenda, y sólo han tenido la ocasión de verlo en las pantallas de la televisión nacional y en los grandes medios a partir de la «conferencia de prensa» que ofreciera en el bosque a los periodistas que lo hallaron a mediados de abril. En cambio, a las instituciones formales las «sienten» cuando se desplazan armadas hasta los dientes, incursionan en poblados o atacan desde el aire poblaciones indefensas en busca de supuestos «combatientes» que no aparecen nunca.
Porque es bueno que se subraye que desde el presunto «secuestro» de 37 obreros de empresas que operan en la zona y su posterior limitaciones poco más tarde, no ha sido capturado ninguno de los «hombres de Gabriel». Ellos se han dado maña para huir, esconderse en la selva o simplemente esfumarse para disparar a distancia, dado que -según parece- por efecto de sus fusiles y sus «minas» anti personales, han sido victimados otros integrantes de la Fuerza Pública. Los «narco terroristas», como los llama la «prensa grande» simplemente se han escabullido en tanto que las autoridades han enmudecido, incapaces de explicar lo que está ocurriendo.
Esta incapacidad ha subido rápidamente en la escalera del Estado y se ha expresado en la conducta concreta de dos ministros que hoy están al borde de la censura. Daniel Lozada, titular del Despacho del Interior, y Alberto Otárola, del Ministerio de Defensa -abucheados en los funerales de Vilca- no han tenido solvencia suficiente y no han sido capaces de sustentar una tesis razonable que ayude a comprender lo ocurrido. En otras palabras, con sus desatinos, y su silencio, han confirmado que, en esa región del país, el Estado simplemente no existe -en verdad, no existió nunca- y la vida se desenvuelve a partir de bandas anónimas que nadie sabe a ciencia cierta al servicio de quién operan.
Pareciera que «los mandos», no mandan. Y si mandan, nadie les hace caso. Y si les hacen caso, lo hacen al revés, con tanta incapacidad que no logran atinar en nada. Se les escapa todo sin que puedan darse cuenta siquiera de dónde están ellos mismos. Bien podría el país preguntarse si tamaña inopia resulta consecuencia de una idiotez sin límite, o de una complicidad activa. Es difícil hallar en estos extremos, un punto medio.
¿Qué hubo del «rescate impecable» de los 37 trabajadores? Nada. No fueron rescatados. Fueron abandonados en la selva por sus captores y debieron caminar siete horas hasta hallar un centro poblado que los auxilió. Sólo después de eso llegó el Estado a cantar victoria. ¿Qué se supo del Cerco implacable que las autoridades castrenses dispusieron en la zona para capturar a Gabriel y sus subordinados? Tampoco nada. Un militar y dos policiales murieron con tiros a distancia o explosiones locales, pero nadie fue intervenido ni detenido. ¿Qué se conoció del desplazamiento de la supuesta «columna» narco terrorista que desde el VRAE se corrió hasta La Convención y que hoy amenaza llegar hasta la selva de Puno cubriendo una muy extensa franja del territorio nacional sin que nadie los vea, excepto los periodistas a los que ofrecen «declaraciones exclusivas».
Hoy viernes 4 de mayo, por ejemplo, el diario «Correo» -uno de los más calificados voceros de la derecha peruana- publicita en su página central y de la manera más destacada, las declaraciones del supuesto «Gabriel», recogidas de una computadora en dos memorias de USB. Se trata del relato contenido en un documento titulado pomposamente «Campañas y contracampañas de cerco y aniquilamiento dentro de la tercera fase de la guerra popular democrática prolongada del Perú». Tras tan farragoso título se narran los «contactos» que Gabriel y los suyos tuvieron en el pasado con los servicios de Inteligencia en los años de Fujimori y Toledo. Y se muestran las «maniobras» que les hicieron a ellos con el propósito de «engañarlos» y «distraerlos». ¿Podría alguien en su sano juicio creer que estas gentes se burlaron tantos años de los servicios secretos peruanos? Y si así hubiese, por ventura, ocurrido ¿Podría haber ocurrido lo mismo con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, con la DEA, con la Base de Santa Lucía y con las misiones militares yanquis que operan en nuestro territorio y que entran y salen de él como Pedro en su casa? Eso, es ciertamente más difícil.
Hay quienes aseguran que no es posible combatir «por tierra» a estos presuntos «alzados en armas». Recomiendan por eso bombardear con Napalm la extensa zona que va desde el sur de Huancayo hasta el norte de Puno, pasando por Huancavelica, Apurimac y Cusco. Sólo así -afirman- será posible «acabar» con estos grupos. Más allá de lo demencial de la propuesta está un hecho particularmente siniestro: se busca meter en la cabeza de los peruanos la idea que aquí se desarrolla una guerra de alta intensidad, que requiere armas letales de calificada potencia y que tiene como escenario un extenso territorio que nadie es capaz de controlar. Esa misma argumentación se esbozó en su momento para justificar una intervención norteamericana en otras regiones del planeta ¿Se busca eso aquí?
Probablemente. No olvidemos que para la administración yanqui el tema principal es el petróleo y el enemigo más duro en el escenario sudamericano es el Presidente Chávez y el gobierno de Venezuela, a quien no podrá vencer en los comicios de octubre próximo.
Una agresión armada contra ese país con seguridad forma de los planes estratégicos de la CIA, incluso independientemente de lo que hoy se proponga hacer el Presidente Obama. Pero sería muy burdo, ciertamente, pensar en la posibilidad de un desembarco de Infantes de Marina en las playas de La Guayra para tener «a tiro» a las autoridades de Caracas. Sería mejor pensar en un plan de copamiento externo que, proveniente de otros países de la región, empeñados en una guerra que «no pueden controlar» y para la que han solicitado ayuda militar estadounidense; llegue al territorio Venezolano «combatiendo el terrorismo y la subversión». Para eso, resulta indispensable «regar» bases militares en la amazonía. Y un buen modo de justificarlas es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo
Quedaría de ese modo a tiro de honda no sólo la franja del Orinoco, que tiene petróleo suficiente para abastecer Venezuela en los próximos 400 años; sino también la cuenca hidrográfica del Amazonas, a la que acceden Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil. Ideal para un mundo en crisis y en una circunstancia en la que el líquido elemento asoma convertido en una potencial riqueza.
Entretanto, el tema en debate sirve para encubrir otro: seudo informes «forenses» se han encargado de sacralizar a «los héroes» de Chavín de Huantar y liberar de responsabilidades a Hermoza Ríos, Vladimiro Montesino, Huamán Azurra y Zamudio, «demostrando» que los efectivos del MRTA se mataron solos en la residencia nipona; en tanto que en la sombra maniobran quienes buscan concretar acuerdos con Yanacocha para el proyecto Conga doblegando toda resistencia y neutralizar la capacidad de respuesta del movimiento popular. Un camino peligroso para la soberanía del país.
Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
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