Un total de 39 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinados en Guatemala entre 2017 y 2018, según el informe elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del país y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, al que ha tenido acceso Alianza por la […]
Un total de 39 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinados en Guatemala entre 2017 y 2018, según el informe elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del país y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, al que ha tenido acceso Alianza por la Solidaridad. El documento recoge un total de 493 ataques y agresiones de distinta índole en 2017, cuando hubo 13 asesinatos, y 391 ataques (con 26 asesinatos) en 2018. Para Alianza por la Solidaridad el aumento de estos ataques, así como la criminalización de la que son objeto, está relacionado con un aumento de la presión sobre los territorios debido a la explotación de los recursos naturales y reclama acciones contundentes internacionales para ponerlas freno.
Alianza por la Solidaridad, que desarrolla desde hace tres años una campaña de apoyo a las comunidades frente a las inversiones no responsables, TieRRRa, considera estos datos muy alarmantes y exige medidas oficiales en Guatemala para poner freno a esta violencias, así como un incremento de la presión internacional dada su urgencia.
De las 196 personas defensoras entrevistadas en el informe de la ONU, un 86% asegura haber sufrido ataques y amenazas entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de marzo de 2019 y más de la mitad ha sido víctima de múltiples agresiones. Las intimidaciones y amenazas, que declararon casi todas las personas entrevistadas fueron por escrito (especialmente en redes sociales y medios digitales) o verbales (en persona o por teléfono). Un 16% ha sufrido ataques físicos por disparos, ataques con arma blanca e incluso atropellos; un 3% fue objeto de agresiones sexuales. En estos ataques, se señala, estuvieron involucrados actores políticos, el crimen organizado, la seguridad privada, empresas y personas contratadas por terceros.
Alianza destaca que las personas líderes de pueblos indígenas son los que, según los datos, más amenazas sufren, lo que ocurre en el contexto de la defensa de sus tierras y los bienes naturales en un país en el que «no se reconocen los derechos tradicionales indígenas frente al aumento del proyectos mineros, energéticos y agroindustriales a gran escala». Investigaciones de la ONG desarrolladas en Alta Verapaz han documentado graves vulneraciones de los derechos en comunidades indígenas en varios proyectos con implicación de empresas españolas.
El informe documenta 106 casos de criminalización (uso indebido del derecho penal para controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho de defensa) tras actos de protesta convocados ante la falta de diálogo. Menciona la condena al líder que’qchí Bernardo Caal Xol, defensor de los ríos de Alta Verapaz contra hidroeléctrica y colaborador de Alianza por la Solidaridad. Caal Xol ha sido condenado en noviembre pasado a más de siete años de cárcel en un proceso judicial desarrollado con muchas irregularidades. Puedes informarte con más detalle del caso y pedir su liberación con tu firma #LIBERTADPARABERNARDO.
Preso en Cobán desde enero de 2017, este líder maya acaba de ser galardonado con el premio «Quetzal» por los derechos humanos que concede la ONG belga Guatebelga. La entrega se realizará el próximo 22 de octubre en la Kazerne Dossin (un museo en memoria de los deportados en la Segunda Guerra Mundial), si bien difícilmente podrá asistir.
En el documento, la ONU se señala que «existen serias preocupaciones sobre parcialidad y posible cooptación de actores del sistema de justicia, especialmente a nivel local» y apunta que para asegurarse de que estos defensores entran en prisión inmediatamente, se les acusa de delitos que así lo exigen, como usurpación indebida o secuestro, aunque las pruebas sean inconsistentes. Estos ataques no sólo tienen un doble efecto silenciador a nivel personal, sino también en lo comunitario y lo social.
La investigación detecta que la corrupción del sistema y la impunidad «debilitan los procesos de defensa y promoción de los derechos humanos» y «afecta desproporcionadamente a las personas marginalizadas en términos de poder económico y político» en Guatemala.
Por todo ello, también se recomiendan cambios estructurales para erradicar la situación de violencia y corrupción hacia los defensores de derechos humanos en el país, como es una reforma sobre la protección del activismo y mejoras en el sistema judicial.