La democracia suiza tiene sus propias contradicciones y problemas. Entre ellos, una serie de restricciones para la libertad de manifestación pública que será votada el domingo 11 de marzo en el cantón de Ginebra. Los opositores comparan el intento ginebrino con la tendencia creciente de criminalizar a los movimientos sociales en el Sur.
El referéndum sobre la que deberán pronunciarse los ciudadanos de la ciudad sede de las Naciones Unidas, propone una multa de hasta 100 mil francos -suma casi semejante en dólares estadounidenses- para cualquiera que ose manifestarse públicamente sin pedir una autorización legal a las autoridades cantonales.
Podría ser sancionado también todo aquél que habiendo obtenido una autorización no respete al pie de la letra el contenido de la misma. O incluso, que no acate durante la realización de la manifestación ciudadana las órdenes policiales.
«Estas modificaciones a la ley sobre la manifestación amenazan los derechos fundamentales» expresa la experta de las Naciones Unidas Manina Kiai en un documento publicado este primer viernes de marzo en Ginebra.
El monto de la multa establecida «es desproporcionado y tendrá un efecto nefasto para el ejercicio de derechos de reunión pacífica y de expresión», explica la experta.
La asesora independiente insiste que «el ejercicio de las libertades fundamentales no debería estar sometido a la autorización previa de las autoridades».
La eventual modificación de la ley en Ginebra prevé además que alguien que solicita una autorización para manifestar pueda verse privado de obtener un nuevo permiso durante cinco años en caso que la manifestación degenere y de lugar a ataques a personas o bienes. Aun sin que el organizador tenga responsabilidad directa alguna en esa eventualidad…
Tales limitaciones «podrían disuadir a la población de ejercer sus derechos a expresar su opinión a través de manifestaciones pacíficas», constata la experta onusiana, tal como lo indica una nota de prensa distribuida por la Agencia Telegráfica Suiza (ATS).
Adicionalmente, las modificaciones a la ley imponen a los que convocan a una manifestación la implantación de un servicio de orden. «Es responsabilidad primera del Estado de proteger las reuniones pacíficas», expresa la experta de la ONU. Quien también critica el hecho que los menores de 18 años no puedan solicitar una autorización para realizar una manifestación pública.
La historia ginebrina reciente le resta todo fundamento a este intento considerado como «liberticida» por numerosas asociaciones y organizaciones sociales ciudadanas que se oponen al endurecimiento de la ley actual.
Entre 2003 y 2010, de las 2 mil 645 manifestaciones que se realizaron en Ginebra…solamente tres presentaron algún tipo de complicación del orden público.
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