Bien podría decirse que la Mafia recupera posiciones, con los hechos ocurridos en la semana que concluye. Por supuesto que nos quedamos cortos si consideramos que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional el pasado lunes 25 de noviembre, constituye una afrenta a la justicia. Es mucho más que eso. Pero debemos usar «palabras mesuradas» […]
Bien podría decirse que la Mafia recupera posiciones, con los hechos ocurridos en la semana que concluye. Por supuesto que nos quedamos cortos si consideramos que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional el pasado lunes 25 de noviembre, constituye una afrenta a la justicia. Es mucho más que eso. Pero debemos usar «palabras mesuradas» para expresar de manera formal el sentimiento que embarga a millones de peruanos, empeñados en la lucha contra la Mafia y la corrupción.
Es claro que en el caso, se han violado todos los procedimientos y se ha sorprendido a la ciudadanía. 24 horas antes de adoptada la decisión de liberar a Keiko Fujimori, el país había sido notificado de un debate en torno al tema, que el TC debía procesar en el transcurso de la semana, y que sólo el viernes se podría saber el resultado del mismo. Ocurrió, sin embargo, que no, que apenas el recursos presentado para liberar a la acusada, pudo alcanzar cuatro votos en su beneficio, se tomó el acuerdo, y se puso al Perú ante hechos consumados. ¿A quién podría beneficiar una decisión adoptada de ese modo? Sólo a ella, pero en absoluto a los peruanos, ni a la administración de justicia.
Es curioso, la resolución del TC tuvo lugar cuando quedó plenamente confirmado la denuncia que siempre se hizo: que Keiko Fujimori había recibido cuantiosas sumas de dinero de sospechoso origen, y las había administrado en secreto, violando todas las disposiciones vigentes.
Porque la beneficiada aseguró siempre que todas sus operaciones financieras eran legales. Lo informó así a la ONPE, lo acreditó ante la SUNAT, y lo sostuvo finalmente ante el Poder Judicial. Hoy se supo, sin embargo, que sólo había construido un castillo de mentiras que se derrumbó con la primera brisa de primavera.
Keiko recibió donativos secretos, creó depositantes fantasmas -verdaderos testaferros-, ocultó hechos, mintió aviesamente, inventó fuentes de financiamiento inexistentes, hizo uso de la modalidad de «pitufeo» para engañar. En otras palabras, se valió de todos los recursos para esconder aportes que sólo podían provenir del lavado de activos.
Los dineros del Consorcio de Dionisio Romero, estaban en el exterior, y fueron traídos e introducidos al país -vía Islas Vírgenes / Gran Caimán- sin que nadie lo supiera. Por eso, no fueron declarados en su momento por sus propietarios, ni por Keiko
Si hoy se supo del asunto, eso no debe atribuirse a la franqueza de los actores de este ostentoso fraude, sino al hecho que las investigaciones de la Fiscalía pusieron contra la pared a los banqueros y los obligaron a confesar. Si eso no hubiera sido así, no habrían dicho nada y el país entero habría continuado ignorando tamaños desaguisados.
Es claro que la decisión del TC es casi una victoria Pírrica de la Mafia. Como ha tenido que admitirlo el propio Blume, el úkase conocido no se ha referido al fondo del tema, sino apenas a la periferia. No ha dicho, ni de lejos, que Keiko sea inocente de los delitos que se le imputan, ni que no merezca una sanción ejemplar al momento de la sentencia. Ha dicho -apenas- que puede esperarla en libertad.
Claro que con eso ha dado un portazo a la justicia. No sólo porque a la sombra de esa disposición se ha archivado la acusación contra el Fiscal Chávarry-uno de sus más calificados cómplices-; sino porque también por esa vía abandonarán la cárcel otros caimanes del mismo pozo, como los «árbitros» , abogados que se llenaron de plata favoreciendo a Odebrecht contra el Estado Peruano. Algunos más, harán lo propio.
La libertad de estos peces gordos constituirá, sin duda, un mecanismo de obstrucción de la justicia, que deberá tenerse en cuenta en la perspectiva. No será fácil, entonces, remontar la marea. Pero será indispensable hacerlo.
Para enfrentar el alud, hay que alentar el funcionamiento de la Fiscalía. Ya existen pruebas más que suficientes para acusar a Keiko y condenarla por la comisión de diversos delitos contra la Administración de Justicia y contra el Estado. La Fiscalía debe proceder como corresponde.
Y hay que mantener la batalla en dos planos: el de la denuncia y la campaña de masas; y el de la movilización activa de la población. Un signo alentador en la materia ha sido, sin duda, el hecho que el mismo día, y a escasas horas de conocido el dictamen del TC, miles de peruanos y peruanas hayan tomado las calles en Lima y en otras ciudades del país mostrando verdadera voluntad de lucha. Ese camino, hay que recorrerlo.
Vivimos un escenario exterior convulso. En Bolivia, tras el Golpe Fascista, se ha instaurado un régimen asesino. En Chile, el ejército y los Carabineros matan a la juventud y a los trabajadores día y noche. En Colombia, se alzan las masas combatiendo al «uribista» Duque. En Ecuador, el pueblo enfila contra el traidor. En todos esos países los pueblos se han alzado contra los abusos y los atropellos, y en la búsqueda de dignidad y de justicia. En nuestra patria habrán de ocurrir episodios similares.
Aquí también la gente está harta de abusos y atropellos, de inequidad y de injusticia, de desigualdades y de discriminaciones. Pero, sobre todo, está harta de una Mafia que envileció la vida nacional y que busca recuperar posiciones a cualquier precio. Co sus líderes libres y sus candidatos «habilitados», están al acecho. ¡Cuidado!
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