Unas veces por razones de seguridad, otras por motivos económicos y recientemente como eslogan electoral, lo cierto es que la política migratoria de los países europeos es, cada vez más, un medio de defensa frente al extranjero. Decía Kapuscinski que el mayor descubrimiento del hombre no ha sido la rueda sino el encuentro con el […]
Unas veces por razones de seguridad, otras por motivos económicos y recientemente como eslogan electoral, lo cierto es que la política migratoria de los países europeos es, cada vez más, un medio de defensa frente al extranjero. Decía Kapuscinski que el mayor descubrimiento del hombre no ha sido la rueda sino el encuentro con el otro, con el semejante. En la actualidad, los países europeos se están especializando en responsabilizarlo de todos los problemas.
No se trata de un fenómeno nuevo. Ya en Francia se sucedieron periodos en los que se fomentaba la llegada de mano de obra extranjera (por las necesidades de reconstrucción tras la I Guerra Mundial) con otros de expulsiones colectivas (cuando la crisis económica de los años treinta sacudió el país).
Pudiera pensarse que con la Unión Europea los países desarrollarían políticas más integradoras, ya que aquella se basa precisamente en la libertad de circulación de las personas (no sólo de capitales). Un principio que da sentido además al concepto de ciudadanía europea. Sin embargo, la falta de desarrollo de una política migratoria y de ciudadanía común está generando el progresivo endurecimiento de las políticas nacionales. De un lado, las medidas adoptadas en un país se usan como justificación en otros (Italia ya ha anunciado medidas similares a las francesas con los poblados romaníes). De otro lado, la libertad de circulación provoca el temor a que una política permisiva convierta al país que la adopte en el destino principal de los flujos migratorios.
Tras la última ampliación de la Unión Europea, diversos países adoptaron una moratoria para aplicar la libertad de establecimiento de los nacionales de los nuevos estados miembros. No tan lejos queda la posición del Gobierno laborista británico sobre la amenaza que representaba el «fontanero polaco». Esta moratoria, ampliada para países como Bulgaria y Rumania, justificaría conforme al derecho comunitario unas medidas que, sin embargo, vacían de contenido el principio que inspira la construcción europea. Por ello, las expulsiones colectivas no constituyen un problema estrictamente nacional: la exclusión social de la comunidad romaní se produce tanto en Francia como en Bulgaria y Rumania, de donde mayoritariamente proceden estas comunidades. Tampoco es un problema migratorio, sino de dar contenido (o sentido) y aplicar los derechos ligados a la ciudadanía europea.
* El autor es profesor de Ciencia Política
Fuente: http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/758/una-cuestion-europea/