La ley de equidad tributaria que proponen los liberales es más de lo mismo, ya que piden la participación de la empresa privada en las auditorías y no debe haber juez y parte”. (Doctor Claudio Salgado, asesor del Congreso Nacional)
La Ley de Justicia Tributaria sigue todavía en el congelador. EL Congreso de la República, sobre todo su presidente Luis Redondo, espera que sea aprobada antes que termine 2025, o sea en diciembre próximo, ya que es poco probable su aprobación antes de la celebración de los comicios electorales previstos para el 30 de noviembre de este año. La Ley actual, si se compara con la versión original, ha sufrido varias reformas e incorporado gran parte de las observaciones de los empresarios.
Directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y empresarios corporativos se resisten a que parte de los beneficios por exoneraciones sean transformados en ingresos para el fisco y obras para la población, por lo que no están dispuestos a renunciar a ellos, y esperan que el nuevo Gobierno (le apuestan a Salvador Nasralla), elabore otra Ley o valide la presentada por el Partido Liberal de Honduras como alternativa.
Hay, sin embargo, una falta de conciencia sobre la urgencia que tiene el país por organizar sus finanzas públicas, y no enfrentar penalizaciones internacionales por convertirse, además de un país que lidera grandes desigualdades económicas y sociales, en un paraíso fiscal con menos impuestos, fortalecido con el ascenso visible del narcotráfico y la práctica diaria de la corrupción. En 2024, según cifras oficiales, el gasto tributario superó los 77 mil 400 millones de lempiras, un 8.4%/PIB (SEFIN, 2025), la pobreza viene de nuevo en ascenso y el barco de la corrupción espera nuevos tripulantes y pasajeros, algunos si boleta de abordaje.
Para el Gobierno, “una política de privilegios fiscales en forma de incentivos es lo que ha imperado en el país por décadas donde las élites económicas y políticas en contubernio, aprobaron políticas tributarias en detrimento de las necesidades del pueblo hondureño, elevando los índices de desigualdad. La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de junio de 2024, reveló que en Honduras el coeficiente de GINI tiene un valor de 0.49, lo que ubica al país entre los más desiguales, siendo la pobreza general de 62.9% y la extrema de 40.1%, (INE, 2024), develando este documento que los privilegios fiscales a sectores en específico agudiza claramente los problemas tanto de equidad como de igualdad, esto se puede observar en los resultados de los análisis, donde empresas exoneradas ubicadas en los déciles 9 y 10 respecto a sus ingresos, concentraron un 94.7% ( L 22,790.3 millones) del Gasto Tributario por régimen especial, lo que equivale a un 29% del total del gasto tributario del año 2024 (L 77,483.6 millones)”[1].
En el fondo, el argumento que ha ganado terreno sustentado por técnicos del COHEP, especialmente de Santiago Herrera, Gerente de Políticas Económicas, es el destino de los recursos que el Estado captará por eliminaciones de las exoneraciones fiscales, donde se piensa que servirán para aumentar el gasto corriente ( contratación de personal, sueldos, viáticos, pasajes de viaje, etc, ) de los funcionarios públicos, con lo cual se evaporarían los mismos, sin que observen mejorasen el ingreso monetario y calidad de vida de las personas. Se piensa además, que estos recursos pueden ir a la campaña política, por lo cual hablar de aprobación de la Ley en la coyuntura actual esta´ prohibido, al menos, dirían en tiempo de Juan Orlando Hernández (JOH), que se pague bien a los diputados que faltan para completar la cifra mágica de los 65 votos.
Al parecer, la solución podría ser una propuesta complementaria. El COHEP está en contra, y el otro actor, el Gobierno, a favor. Son posiciones extremas que congelan la solución y agobian al país. Una solución viable y de salida, es garantizar que los recursos liberados no se destinen a gastos improductivos, o se lo roben. En ese caso, los argumentos en contra de la Ley por el COHEP perderían vigencia, ya que, frente a un privilegio gozado desde hace tiempo, se impone un principio de justicia social; aquel que dice yo también soy humano y tengo derechos y necesidades básicas que satisfacer.
Cuando se aprueban leyes de este tipo, se espera que el reglamento facilite y de transparencia al uso y destino de los recursos, pero en Honduras esto no sucede. Se viola la Constitución, leyes secundarias, no digamos los reglamentos. Ocupamos una especie de marca de “agua” (prohibición), o sea proteger y blindar los recursos que serán liberados alregularse y eliminarse parte de las exoneraciones o excepciones fiscales.
Se habla que se pueden obtener de entrada entre 25,000 y 30,000 millones de lempiras al año, al eliminarse exoneraciones y exenciones fiscales. De esos recursos, una distribución previa en el reglamento de soporte sería: Un 20% para el pago del servicio de la deuda (aunque el FMI exigiría mínimo 40%), un 20% para salud, un 20% para educación, el 15% para emprendedurimos, 15% para compensación social y pobres extremos y 10% para producir alimentos, incluyendo acceso a la tierra y crédito para mujeres campesinas pobres.
Los problemas son varios. No hay confianza en las instituciones públicas con competencias en este campo, caso de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaria de Gobernación y Justicia y Descentración(SGJD),el Fondo Hondureño de Inversión Social y Ministerio de la Mujer. Hay mucho funcionario que le gusta robar, la burocracia absorbe y la política también. Los planes de soporte y presupuesto para el uso de los fondos son muy malos, la mayoría no se apoyan en políticas de Estado, no hay principios ni respaldo financiero de los objetivos y metas, etc.
Hemos consultado a empresarios del norte del país (no corporativos) y del departamento de Olancho y se muestrananuentes a apoyar la aprobación de la ley de justicia tributaria después de las elecciones de noviembre, pero con marca de agua, osea que los recursos tengan destinatario definido y exista un control visible por la sociedad civil sobre ellos. Honduras ya tuvo una experiencia con el destino de los recursos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) entre 2000-2015, pero el problema fue que lasasignacioneseran muy globales, no había una exigencia de destino desglosado por región, departamento, municipio, aldea, caserío; pero sobre todo, no había control sobre los administradores de los fondos.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, debe convocara una reuniónextraordinaria para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, y con apoyo de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) hacer público elreglamento de la distribución de dichos fondos y su blindaje. El tiempo se termina y la regresividad del sistema tributario actual mata más que eldengue hemorrágico. En caso de no aprobarse por los diputados, sería una evidencia de su buenagestión a favor de la población.Los candidatos del Partido Nacional y Liberal a la presidencia de la República desprecian la ley de política tributariaactual y siguen argumentado que hay que eliminarla, incluso sin valorar los estudios de soporte del FMI.
Finalmente, empresarios corporativos y diputados de oposición acusan al Gobierno de la República de pedir préstamos para financiar la campaña política del partido LIBRE, sin valorar que dichos recursos, en el marco del Presupuesto Nacional 2025, estimados en más de 1, 000 millones de dólares ( con Banco Central, la AIF y Citigroup Global Markets Inc. y Santander US Capital Markets LL), servirán para apoyo presupuestario, impulsar la eficiencia energética y controlar los flujos financieros ilícitos, igual bonos para educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria, entre otros. Este endeudamientosería menor en caso de liberalizarse recursos con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.En la medida que esta liberalización se retrase, el endeudamiento es la opción inmediata ya que existe el compromiso del Gobierno por no aumentar los impuestos a la población; es decir, una política tributaria poco sostenible en el corto plazo.
Nota:
[1]Ver Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2026”. Tegucigalpa, Honduras, Septiembre de 2025, pág. 10.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.