Más allá de las precisiones puntuales, lo que puede asegurarse es que el cambio de ministros, ocurrido el pasado martes 17 en Lima, constituyó una nueva victoria de la Mafia. Como dijo el humor callejero, el sagrado recinto de los Dioses, el Olimpo, estuvo de plácemes. Se puede afirmar -y con razón- que los ministros […]
Más allá de las precisiones puntuales, lo que puede asegurarse es que el cambio de ministros, ocurrido el pasado martes 17 en Lima, constituyó una nueva victoria de la Mafia. Como dijo el humor callejero, el sagrado recinto de los Dioses, el Olimpo, estuvo de plácemes.
Se puede afirmar -y con razón- que los ministros salientes no eran figuras progresistas. Pero hay que admitir que su retiro del Gabinete fue una exigencia de las fuerzas más oscuras de la sociedad peruana. Y que los argumentos que se usaron para sustentar esa demanda, fueron aún peores.
Para la «prensa grande», y para los politiqueros de oficio que asoman como portavoces de la Mafia, los ministros salientes tenían que abandonar al Gabinete, sí, o sí. No había otra. No los soportaban un minuto más.
De modo general, los «medios» y sus sicofantes habían cuestionado al gobierno del Presidente Humala. De hecho, lo hicieron desde un inicio -en julio del 2011- cuando comenzó su gestión. Y continuaron haciéndolo a ritmo monocorde hasta lograr que, incluso, la «izquierda oficial» repitiera cada una de sus formulaciones.
Porque es curioso. La derecha más reaccionaria no dice que el gobierno de Humala es antipopular, ni que ha renunciado a un discurso revolucionario, ni que ha capitulado ante el FMI, ni que ha abandonado a sus aliados de América Latina que luchan contra el Imperio; no. Simplemente dice que es «ineficaz», «corrupto», «mentiroso», «traidor», y que «no sirve para nada». Y cada una de esas expresiones, es repetida día a día por la prensa formal, y por presuntos «líderes radicales» que ignoran una verdad de Perogrullo: cuando se coincide con la derecha, la que se beneficia, es la derecha.
Esa derecha declaró la guerra, también, al Gabinete que encabeza Ana Jara, una parlamentaria provinciana, relativamente joven y aguerrida, que recibió el encargo de liderar un equipo de gestión en el marco de un delicado escenario político, a comienzo del año pasado.
Los ataques contra Jara, no siempre fueron directos. Le presentaron una moción de censura en el Congreso de la República. Y estuvieron hablando de ella varias semanas, al tiempo que acumulaban votos para aprobarla. Pero distinguían a unos ministros de otros. Y a ella le hacían eventuales guiños asegurando que lamentaban que «estuviera pintada en la pared» porque «no podía acallar a sus ministros».
A quienes en silencio cumplían diligentemente su «tarea», no los molestaron. Pusieron la puntería en los que se atrevieron a hablar para desenmascarar sus afanes y denunciar sus planes. A ellos, les pasaron la factura.
Los cuatro «más cuestionados» fueron Daniel Urresti, Eleodoro Mayorga, Carmen Omonte y Daniel Figallo. Todos ellos fueron abatidos. Se salvó el titular de Defensa, Pedro Cateriano, quizá por su cercanía a Vargas Llosa. Ahora, que es Premio Nobel, la Mafia lo prefiere callado, más que enemigo.
Contra estos ministros se descargaron todas las baterías. Se les acusó hasta de «chavistas», pero particularmente de ser incondicionales de Nadine Heredia, la esposa del Presidente, a la que no pueden ver ni en pintura.
Los cuestionados respondieron a pie firme y enfrentaron la embestida con claras denuncias políticas referidas, en particular, a Keiko Fujimori y Alan García, las vacas sagradas de nuestra picaresca criolla. Fue ésa la gota que rebalsó el vaso. Lucía imperdonable.
Así, se generó la exigencia: cambios en el Gabinete; censura, si ello no se producía; inasistencia al «diálogo» convocado en Palacio; y protestas y denuncias en todos los niveles de la vida nacional inundado páginas de la prensa escrita, radial y televisada.
Para ese efecto, usaron los «durmientes», es decir, personajes a los que el APRA «sembró» en la maquinaria del Estado en varios años: Procuradores, jueces, fiscales, funcionarios, elementos insertados en todos los segmentos, desde los servicios de inteligencia, hasta el Congreso de la República y aun Palacio de Gobierno. Así, «salieron» documentos: informes «confidenciales», planillas, partidas trucadas y muchas otras «pruebas» publicadas y republicadas por «los medios» al servicio de la Mafia. Sobresalió Manuel del Aguila, «metido» en el Ministerio del Interior, y que salió con «denuncias» a gusto de los suyos.
En el extremo, hasta la embajada de Israel se metió en la danza. Un Twitter de esa sede diplomática tuvo la desfachatez de declarar: «Nadine quiere negar lo innegable ¿para què habeas corpus?»- Aludía así a la defensa legal de la esposa del Presidente, y al recurso que ella presentara, para hacer frente a sus detractores.
Conocido el texto de ese mensaje, la legación sionista se apresuró a decir que ese tenor «no representaba la posición de esta Misión»; pero no pudo negar la autenticidad del texto. Fue esa, una grosera intromisión en asuntos que no le competen, pero en torno a los que sí tiene una actitud, y un comportamiento, absolutamente definidos.
Si el Canciller peruano protestase por esa injerencia, en pocos días sería objeto de una «grave denuncia» en la prensa mafiosa. Ella se encargará de achacarle cualquier cosa para exigir su salida del Portafolio, y echarlo de allí del mismo modo como la Empresa Yanacocha logró sacar a Marta Meier del diario El Komercio.
Es curioso, la embajada de Israel comparte en esencia los ataques a la esposa del mandatario, la misma a la que un columnista considera «La primera dama del neo liberalismo peruano» relegando injustamente a otras que muy bien merecida tendrían esa ubicación, a partir de Keiko Fujimori, Mercedes Aráoz, la Ministra aprista del TLC con USA; Lourdes Alcorta, la Cabanillas, u otras.
Ni Urresti, ni Figallo, ni Omonte ni Eleodoro Mayorga, podrían ser considerados «de izquierda». Pero ese no es el problema. Debían salir porque se atrevieron a hablar, a decir que no estaban de acuerdo con la Mafia y que querían enfrentarla. Y con relación a Figallo y a Mayorga, se añadió que ellos, en Pichanaki, dieron la razón a la población y sentenciaron la salida de Plus Petro, que contamina la región. Por eso… ¡contra ellos!, ¡Y con furia!
El vocerío de la Mafia rechazó que «cedieran» ante la demanda popular. Y, al contrario, exigió que alentaran el uso de armas contra el pueblo, para que asomara otro «baguazo» -36 muertos, recuérdese- y así nadie podría adjudicar el monopolio del crimen, a García. «Todos lo hicieron», dirían después como dicen hoy «todos son corruptos», luego que llenaron de lodo a todos los que se les enfrentaron en las esferas del Poder.
En este escenario resulta irresistible recordar al profesor Heinz Dieterich en su libro «Las guerras del capital», y en torno a la creación de los «consensos».
Allí nos recuerda el ensayo clásico de «La fábrica del consenso», escrito en 1947 por Edward L. Bernay -el sobrino de Sigmund Freud- En él, nos dice que el adoctrinamiento de los ciudadanos, en una sociedad en la que impera la «libertad de información», el consenso, puede lograrse a través de los medios de comunicación porque «son las puertas abiertas a la mente pública» -«open Doors to the public mind»-
En manos de «los medios» está la palabra. En ese marco, «la aceptación de ideas y su transformación en actividades prácticas por parte de la población, se tiene que realizar mediante estrategias estructuradas y empleadas de forma científica». En esta «fabricación del consenso» -asegura- reside «la verdadera esencia del proceso democrático».
El papel de «los medios», en efecto, es vital. Por ellos, la opinión pública piensa que Venezuela «está en crisis»; que Cristina Kichner tiene «algo que ver» en la muerte del fiscal Nisman; que Sria «es una feroz dictadura»; y que los rusos quieren «apoderarse de Ucrania». Esos mismos medios buscan aquí hacernos concebir que los papeles se han invertido: que los diablos tienen alas, que los mafiosos son buenos; y que quienes los denuncian, deben irse.
Los ministros que asumieron sus funciones el pasado martes, quizá queden callados. Saben que «no pueden meterse» con los íconos de la mafia. Tendrían que pagar un alto precio. Entre tanto, a Nadine, la seguirán acusando. Dirán mañana que el «el espionaje» chileno fue creado para «desviar la atención ciudadana». Ya lo verán.
Gustavo Espinoza M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.
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