Traducido para Rebelión por Liliana Piastra
Noticias de agencia nos informan de que la audiencia a puerta cerrada del Tribunal constitucional sobre el caso Abu Omar ha emitido una sentencia cuando menos sorprendente. Al parecer, el Tribunal ha resuelto que los magistrados de Milán que han investigado y juzgado al ex jefe del Sismi Nicolò Pollari y a otras 34 personas – entre ellas a 26 agentes de la Cia – han violado el secreto de Estado. Así pues, se habrían aceptado los recursos presentados primero por el gobierno Prodi y luego por el gobierno Berlusconi, con los que se quería impedir que los jueces milaneses siguieran investigando y acusaran a los servicios secretos estadounidenses e italianos de haber infringido gravemente el ordenamiento constitucional italiano.
Como es bien sabido, el imán Abu Omar fue secuestrado por la Cia el 17 de febrero de 2003. Según la reconstrucción de los investigadores y las declaraciones del propio Abu Omar, este fue raptado en Milán mientras se dirigía a la mezquita, se le llevó a la base de Aviano y posteriormente a Egipto, donde permaneció encarcelado y, al parecer, se le sometió a maltrato y tortura.
Desde luego no es cosa de tomar posición en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional italiano basándose en un escueto comunicado de agencia, eso sólo podrá hacerse tras haber examinado exhaustivamente el texto de la sentencia, pero lo que ya se puede y se debe decir es que la inversión de las responsabilidades jurídicas y políticas de los actores principales de estos hechos parece bastante singular. Al parecer a quienes se hace responsables de comportamientos ilegítimos, o incluso ilegales, es a algunos magistrados que han intentado actuar valientemente contra una práctica criminal ejercida durante años por los servicios secretos de los Estados Unidos, a menudo contando con la complicidad y el silencio de los gobiernos europeos. De hecho la prensa internacional ha considerado el secuestro de Abu Omar como uno de los casos mejor documentados de ‘entrega ilegal’ realizada por los servicios secretos estadounidenses.
Los miembros de la CIA que, con la complicidad de los servicios secretos italianos, han cometido ese grave crimen internacional resultarían en cambio intocables, y así mismo habría que proteger la estrategia de la administración Bush, ahora abiertamente denunciada por el nuevo presidente Barack Obama por ser lesiva del derecho internacional y de la Constitución de los Estados Unidos.
Por consiguiente, parece legítimo sospechar que los jueces del Tribunal constitucional se han decantado por una decisión mucho más política que jurídica. Es muy probable que hayan adoptado una postura contraria a la de los jueces milaneses por no perjudicar la estrecha relación de cooperación que hay entre los gobiernos italianos -de izquierdas o de derechas- y las estrategias hegemónicas de los Estados Unidos: una potencia que en los últimos decenios siempre se ha considerado ‘legibus soluta’ y no sólo ha ignorado sistemáticamente el derecho internacional sino los derechos más elementales de las personas, torturándolas, encarcelándolas ilegalmente, masacrándolas.
Baste pensar en Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram: horrores cometidos en nombre de una guerra contra el terrorismo tan delirante como ineficaz. Una guerra que, si se lleva a cabo con los medios que hasta ahora ha utilizado la gran potencia americana, muy probablemente no nos conduciría a la derrota del terrorismo sino a otros 11 de septiembre.
Danilo Zolo (Rijeka, 1936) es Catedrático de Filosofía del Derecho y de Filosofía del Derecho Internacional en la Universidad de Florencia, Italia. Entre sus obras traducidas al español se encuentran: La democracia difícil, Democracia y complejidad, Cosmópolis, Los señores de la paz, Globalización, La justicia de los vencedores.
Fuente: http://www.ilmanifesto.it/il-manifesto/in-edicola/numero/20090312/pagina/01/pezzo/244433/