El día 1 de mayo fue asesinado el líder comunitario Andrés Francisco Miguel, dirigente maya q’anjob’al, en el marco de las movilizaciones que mantienen las comunidades contra la represa que está construyendo en la región Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía. Desde entonces, el Gobierno declaró el Estado de Sitio en […]
El día 1 de mayo fue asesinado el líder comunitario Andrés Francisco Miguel, dirigente maya q’anjob’al, en el marco de las movilizaciones que mantienen las comunidades contra la represa que está construyendo en la región Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía.
Desde entonces, el Gobierno declaró el Estado de Sitio en el municipio de Barillas, ocupando militarmente el territorio y criminalizando la protesta social. El Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO) denuncia «todo tipo de abusos, atropellos y violaciones de sus derechos fundamentales».
Según un comunicado del CPO, el día 1 de mayo «hombres armados emboscaron a tres personas, líderes comunitarios; que retornaban de la cabecera municipal hacia su comunidad cercana a Poza Verde, lugar donde la empresa Hidro Santa Cruz pretende construir una hidroeléctrica. Como resultado de ese atentado, el señor Andrés Francisco Miguel ha resultado fallecido y gravemente heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé«. Subraya además que los atacados estaban sufriendo ya persecución legal por parte de la empresa, ante su negativa a vender sus tierras.
Fuentes comunitarias, así como organizaciones y autoridades indígenas, y la Convergencia Nacional Maya Wakib K’ej no dudan en señalar la vinculación entre el crimen y los intereses de la empresa hidroeléctrica.
A raíz de los ataques, las comunidades afectadas protagonizaron varios actos de protesta, en el marco de los cuales se produjo la ocupación del Destacamento Militar de Barillas, donde presuntamente se habían refugiado los atacantes. Fue este hecho el que motivó la declaratoria del Estado de Sitio, anunciada ese mismo día, 1 de mayo, por el presidente de la República, el general retirado Otto Pérez Molina. Cabe recordar que Pérez Molina fue un destacado líder contrainsurgente durante el conflicto armado interno, y que está acusado de cometer actos de genocidio contra los pueblos indígenas.
En estos momentos, la región está ocupada militarmente, con la presencia de «200 fusileros, vehículos artillados y unidades de reconocimiento», como ha reconocido el Ministro de la Defensa, Uilses Noé Anzueto. Además, se han movilizado también a 400 miembros de la policía.
El proyecto hidroeléctrico Cambalam I
La primera vez que se detectó la presencia de intereses empresariales sobre el río Cambalam para la construcción de una represa hidroeléctrica fue en 2009, cuando se inició la exploración. Desde ese momento y hasta la actualidad, las comunidades han mostrado de manera reiterada su oposición al proyecto y a la intervención en sus territorios de personeros de las empresas.
Ya previamente las comunidades de Barillas habían dejado patente esta negativa, expresando su oposición a este tipo de proyectos en una consulta comunitaria celebrada el 23 de junio de 2007. Participaron un total de 46.490 personas, de las cuales sólo 9 se mostraron a favor de los proyectos mineros e hidroeléctricos.
A finales de 2009, el proyecto fue asumido por la empresa Hidro Santa Cruz S.A., (participada por la española Hidralia Energía), la cual, ante la protesta comunitaria, se comprometió a «no realizar ningún trabajo inherente a la construcción de la hidroeléctrica», según consta en las actas municipales.
Pese a todo, los trabajos han seguido desarrollándose, con la oposición permanente y explícita de las comunidades afectadas, aumentando de esta manera la conflictividad. Durante este tiempo, se han sucedido los hostigamientos y las amenazas contra las comunidades, hasta que se produjo la muerte violenta de Andrés Francisco Miguel, el pasado 1 de mayo.
La presencia sin consentimiento de esta empresa en los territorios de las comunidades vulnera los derechos indígenas reconocidos tanto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como por la propia Constitución de la República de Guatemala.
La coordinadora Wakib K’ej, por su parte, ha demandado públicamente al Gobierno la paralización inmediata del proyecto, por la oposición que plantea y los impactos que tendrá sobre las comunidades, sus territorios y su medio ambiente.
El territorio q’anjob’al, en Estado de Sitio
Hasta el momento, han sido detenidos 15 miembros de las comunidades por su vinculación con la ocupación del destacamento militar. Mientras, no se ha dado ningún avance en la investigación de la muerte del dirigente opositor a la hidroeléctrica.
Además, las comunidades -las mismas que fueron duramente reprimidas durante el conflicto armado interno- han sufrido el hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad del Estado, que han allanado hasta el momento 30 viviendas, y que pretenden ejecutar 50 órdenes de captura. Durante los allanamientos se han producido continuas faltas de respeto contra los y las pobladoras, y se han ejecutado acciones contrarias a la cosmovisión maya. Por ejemplo, los soldados han tirado al suelo y han pisoteado el maíz de varias familias, en una reedición de las prácticas contrainsurgentes de los años 80.
Frente a ello, las autoridades comunitarias y las principales organizaciones indígenas del país han demandado al Ejecutivo el fin de la declaratoria de sitio.
Con fecha 10 de mayo el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), Andrés Sánchez, visitó el municipio, con la intención de verificar el respeto de los derechos humanos.
Hidralia Energía S.A.
Hidralia Energía se fundó en 2006 en A Coruña (Galiza, Estado español) como una compañía de ingeniería, consultoría y desarrollo de proyectos. La compañía fue creada «para ofrecer a sus clientes un servicio global en materia de proyectos hidroeléctricos abarcando estudios y diseños así como gestión, proceso de aprobación, obtención de licencias y financiación».
Actualmente, la empresa tiene contratos en varios países de América Latina: Ecuador, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Guatemala.
La empresa Hidro Santa Cruz es una sociedad participada y gestionada por Hidralia Energía. Recientemente, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala (CNEE) ha notificado la aprobación de los estudios eléctricos de Flujo de Carga del proyecto hidroeléctrico ‘Canbalam I’, en el municipio de Barillas.
Esta autorización da vía libre a la instalación de una unidad generadora con capacidad de 4.998 MW, así como de una subestación cuyo transformador alcanzaría una potencia de 6.5 MVA. El proyecto contaría además con una línea de transmisión de una longitud de 5 km.