Carlos Rivera fue uno de los seis abogados que el 7 de abril de 2009 consiguieron que el presidente Alberto Fujimori fuera condenado a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos.
«La familia de Fujimori se convirtió en una red bastante bien organizada destinada a sustraer de manera sistemática los recursos del Estado».
DIAGONAL: ¿Por qué se suele hablar de la «dictadura» de Fujimori?
CARLOS RIVERA: En primer lugar, por el autogolpe de Estado. Fujimori, con su famosa frase «disolver, disolver el Congreso de la República» cerró el orden constitucional. Esa misma noche expulsó a los miembros de la Corte Suprema, destituyó al fiscal de la Nación, expulsó a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y expulsó a cerca de un 20% de jueces de todo el país, principalmente de Lima. Y a la semana, además de intervenir los medios de comunicación, ya había sustituido a todos los jueces por gente que ya sabía que iba a jugar un papel en favor del régimen. Ya en el año ’92 estaba en marcha un plan de corrupción sistemática, de apropiación de fondos públicos para comprar medios de comunicación, jueces, fiscales y para ocultar no sólo el hecho de haber roto el orden constitucional sino los crímenes que se habían estado cometiendo desde antes del golpe de Estado.
La semana pasada el periodista Gustavo Gorriti reveló un hecho fundamental: cómo Fujimori hace su primer millón. Alberto Fujimori, recién electo, viaja a Japón para pedir donaciones para hacer colegios en Perú y todo eso fue a sus cuentas personales. No es que la corrupción empiece en el año ’92, como se ha sostenido, Fujimori llega con un plan criminal en el ’90. En el juicio se vio muy claramente cómo Fujimori fue repartiendo cargos pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización ilícita en el interior del Estado.
D.: ¿Se puede decir que la corrupción era la finalidad y no el efecto secundario?
C.R.: Sí, yo creo que sí. La corrupción comienza en el momento en que Fujimori gana esa segunda vuelta y traza un plan criminal con Vladimiro Montesinos y lo va ejecutando. Este plan criminal se ejecuta con dos bases: una es la promoción de Montesinos, que con el paso del tiempo se vuelve decisiva en la conducción del Estado, no solamente en las Fuerzas Armadas. La segunda base es la familia de Fujimori, desde los hermanos, las hermanas a los cuñados, todos son parte de una suerte de red bastante bien organizada destinada a sustraer de manera sistemática los recursos del Estado.
D.: ¿Hay alguna estimación de cuánto fue robado?
C.R.: La procuraduría hace año y medio hizo un esfuerzo de estimar cuánto se había sustraído al Estado y habla de unos seis mil millones de dólares. Acá el sueldo mínimo es 550 soles, es decir, unos 200 dólares. Ésa es la investigación que hace la procuraduría, pero hay otra investigación que hace Alfonso Quiroz que acaba de publicar un libro en Nueva York que se llama Círculos Corruptos. Él estima que puede ser el doble. Según Fujimori, una pieza fundamental de su Gobierno era la modernización del Estado, que en buena cuenta significó la reducción del Estado por la privatización de empresas públicas. Veníamos de una desastrosa gestión del Gobierno de García en la administración del Estado y supuestamente todas las empresas tenían cifras en rojo y había que venderlas porque el Estado era un armatoste que no servía para nada. Eso en parte era cierto, pero también es cierto que había algunas empresas públicas que no tenían cifras en rojo y que igual se vendieron. Un ejemplo de eso fue el proceso de venta de AeroPerú, la línea de bandera peruana. Hasta ahora se sigue investigando si se vendió al precio que correspondía. ¿Cuánto dinero dio ese proceso de venta de empresas públicas? Entre 12 y 15 mil millones de dólares. Ese dinero fresco que entró al Estado peruano permitió esa política asistencialista que hoy es el origen de ese 20% de apoyo incondicional de Keiko Fujimori.
«Ellos dicen que es un nuevo fujimorismo, pero creo que es en realidad una suerte de regreso de los muertos vivientes»
«El regreso de los muertos vivientes»
D.: Keiko se presenta con un equipo de Gobierno similar al de su padre.
C.R.: Más que similar, yo diría que es el mismo equipo de Gobierno que el de su padre. Ellos dicen que es un nuevo fujimorismo, pero en realidad es una suerte de regreso de los muertos vivientes. Toda la plana mayor del fujimorismo, los golpistas del ’92, son los que han vuelto. Uno de los más importantes es Jaime Yoshiyama. Es cierto que tuvo problemas con Montesinos, pero él fue pieza clave en el golpe de Estado y en la consolidación del golpe en los años siguientes. Las principales defensoras de Fujimori en materia de crímenes contra los derechos humanos, que eran Martha Chávez, Luz Salgado y Carmen Lozada, han vuelto y dos de ellas ya son nuevamente congresistas. Incluso el publicista principal de Fujimori, Edgardo Daniel Borobio, es el que de alguna manera le hace la campaña a Keiko. La hija de Fujimori empezó la campaña diciendo que ella se distanciaba de su padre, que ella es diferente, que no obstaculizará a la justicia… Pero en la última semana hay por lo menos tres hechos públicos en los que ella aplaude a su papá y dice que ha sido el mejor Gobierno de la historia. Hay un retorno, con mucha fuerza, a los ’90. Y hay una asunción de que todo lo que se hizo fue bueno y no hay ninguna autocrítica. Es la mejor evidencia de que quien conduce todo esto es nuevamente Alberto Fujimori.
D.: ¿Qué consecuencias tendría la elección de Keiko para los juicios de derechos humanos?
C.R.: Sería un desastre. Lo que no nos deja de extrañar es que esto ocurra no después de 50 años, sino de diez… Todo está muy fresco. Tan fresco que el 15 de abril pasado se entregó a la justicia Juan Carlos Hurtado Miller, el ex primer ministro de Fujimori, tras haber pasado diez años prófugo. Y hay muchos juicios que todavía no han culminado. Fujimori acaba de cumplir dos años de la sentencia principal que se le aplicó. Todo está bastante fresco en la memoria, pero creo que, desgraciadamente, no de todos los peruanos. Creo que el fujimorismo llega con una agenda contra los derechos humanos. No hay una autocrítica en el fujimorismo ni en Keiko, que sigue defendiendo que su papá es inocente. Rafael Rey, la persona que intentó desde el Gobierno aprista liquidar todos los casos de violaciones de derechos humanos, se presenta de vicepresidente. Si alguien quiere saber cuál va a ser la política de derechos humanos de Keiko simplemente tiene que revisar el curriculum de los miembros de la plancha presidencial o de los principales voceros del fujimorismo.
«Fujimori fue repartiendo cargos pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización ilícita en el interior del Estado»
La histórica lucha por los derechos humanos
D.: ¿Cómo surge la lucha por los derechos humanos en el Perú?
C.R.: La historia del Instituto de Defensa Legal ha estado vinculada desde sus inicios al proceso de violación de los derechos humanos en el Perú y el propio conflicto armado de las década de los ’80 y los ’90. El conflicto interno ha atravesado varios momentos. Una primera etapa es el inicio del proceso de violencia, entre 1982 y 1983, en la que muy pocos entendían a qué fenómeno se estaba enfrentando el Perú. Este discurso, un tanto mesiánico, de Sendero Luminoso; la reacción igual de violenta e igual de desinformada por parte de las Fuerzas Armadas… En esos años se inicia el proceso de militarización de la zona central y sur, de Ayacucho, Huancavelica, Junín, que abre un proceso desbocado de violaciones masivas a los derechos humanos. En los años 1984 1985, aparecen los primeros casos de desaparición forzada, primero contados, luego de manera masiva. Y de ahí un salto cualitativo y cuantitativo hacia una masificación de la violencia con el primer Gobierno de Alan García [1985-1990]. Ese momento coincide con la consolidación de las organizaciones de derechos humanos como grupos básicamente de denuncia. Aparece el IDL, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y comienza a formarse lo que hoy es la Coordinadora de Derechos Humanos. A pesar de que ya en ese momento hay una acusación de que las ONG son una fachada de la subversión, hay un deslinde radical sobre eso, con una condena firme frente a Sendero Luminoso y frente al MRTA. Y eso es lo que marca la actuación de las organizaciones de derechos humanos desde ese momento. De todas formas hubo persecución. En ese momento se definía a las organizaciones de derechos humanos como el brazo legal de la subversión y todo lo que sonara a crítica, a denuncia o a exigencia de cambio en la estrategia contrasubversiva de tierra arrasada era asumido como parte del discurso de la subversión.
«En ese momento se definía a las organizaciones de derechos humanos como el brazo legal de la subversión»
D.: ¿Qué sucede con el primer Gobierno de Alan García?
C.R.: Con Alan García hay una consolidación del fenómeno subversivo, ya no como un fenómeno de «abigeos» [cuatreros, ladrones], tal como los definió Fernando Belaúnde al inicio de su segundo Gobierno, sino como un fenómeno de carácter nacional. Sendero obtiene sus principales logros políticos y militares al final del Gobierno de Belaúnde y fundamentalmente con el Gobierno de Alan García. Por un lado, consolida su presencia en otras zonas del país, en el centro y el oriente del país. Hacia finales del Gobierno de Alan García, Sendero llega a Lima, convertida en el eje de la guerra. En los años ’88, ’89 y ’90 el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, empieza a hablar de que estábamos a punto de llegar al equilibrio estratégico, una cosa que asustó mucho. Guzmán lo presentó como un logro, una victoria política de Sendero el hecho de haber salido de la selva para abarcar otros territorios, pero en realidad con el paso de los años, uno se da cuenta, como señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en realidad era producto de la derrota política de Sendero ante las rondas campesinas.
D.: ¿Cómo cambia esta estructura represiva con el Gobierno de Alberto Fujimori?
C.R.: Fujimori es otra etapa, desde el punto de vista militar, político y de la inteligencia. A las Fuerzas Armadas les cuesta diez años entender el fenómenos subversivo y por tanto crear su estrategia. Hay un famoso manual contrasubversivo del año ’89, que es en realidad la definición del pensamiento, la doctrina y la propuesta del Ejército frente a la subversión. Fujimori asume esa estrategia, la lidera y le incorpora elementos de política. Y le incorpora el aparato de inteligencia como el núcleo central de toda esa estrategia. Fujimori abre una etapa totalmente diferente. Si bien es cierto que en términos estadísticos hay un decrecimiento de las violaciones de derechos humanos, no es por que haya una negación de la estrategia anterior, sino porque se produce una suerte de perfeccionamiento en la identificación del enemigo, que es el eje central de la estrategia en ese momento. No es una estrategia para derrotarlo moralmente, como decían algunos, sino que quiere identificar los canales de información, los cuadros orgánicos y quiénes son los dirigentes para eliminarlos. Y cuando hablo de eliminación hablo de eliminación sumaria, de la utilización del método de la desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial, ésos son los métodos. Aquí no hay eufemismo que quepa. Eliminar es eliminar a una persona físicamente, sacarla de la faz de la tierra. Ésa es la estrategia de Fujimori.
D.: ¿Los grupos paramilitares ya habían existido con Alan García?
C.R.: No al nivel del grupo Colina. Con Alan García nace un grupo paramilitar, que es el Rodrigo Franco. Pero el grupo Colina en la etapa de Fujimori no es un grupo paramilitar, sino un destacamento del Ejército, que responde de manera orgánica a las decisiones políticas y militares de la nueva estrategia contrasubversiva. Ahí hay un cambio sustancial. La nueva estrategia se diferencia claramente de la anterior en varios elementos. Uno es el rol que el propio Fujimori cumple, la famosa frase -«Yo soy un comandante de verdad»- que se escuchó en un juicio es un dato revelador de cuál era la posición que Fujimori quería ocupar en relación a Belaúnde.
«En el año 2000 la Corte Interamericana de DD HH emite una sentencia en el caso de la matanza de Barrios Altos, por la que anula la ley de amnistía»
Matar no es gratis
D.: ¿Cómo se empieza a desmontar el aparato de impunidad que impedía juzgar los crímenes?
C.R.: En el año 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia en el caso de la matanza de Barrios Altos [en 1991 el grupo Colina entra en una fiesta y asesina a 15 civiles], que determina el reinicio de las investigaciones. El caso estaba no solamente cerrado por la justicia militar sino que también tenía en sus manos la famosa ley de amnistía. Tenía todos los candados habidos y por haber. Fue un logro muy importante. Es la sentencia de la Corte la que ordena al Estado peruano que se abra una investigación por el caso [y declara que la ley de amnistía «carecía de efectos jurídicos»]. El Estado peruano no tuvo otra opción que abrir una investigación como consecuencia del mandato interamericano. Aparecía como el primer caso que se abría por mandato de una instancia supranacional.
Entre 2001 y 2003, la Comisión de la Verdad y Reparación cumplió un papel sumamente importante y transcendental, un antes y un después en el tema de los derechos humanos en el Perú. La Comisión se convirtió en el principal impulsor de la búsqueda de verdad y justicia en el país. Nosotros en esa época pensábamos que en un país con las complejidades que tiene Perú iba a ser difícil que la justicia avance. Pero ahora que es posible hacer un balance, en ese tema, el más difícil, más conflictivo y más crítico, es en el que más se ha avanzado. En los tres o cuatro años siguientes se produce un fuerte impulso al proceso de judicialización, en 2004 se crea el subsistema penal de derechos humanos -recomendado por la Comisión de la Verdad- y se inician muchas causas teniendo como evidencia los informes de la Comisión. Entre 2005 y 2007 se logra consolidar una suerte de jurisprudencia pro derechos humanos. Se emiten múltiples resoluciones sobre el tema de la prohibición de las amnistías. Más allá de la sentencia de la Corte Penal Interamericana, se habla de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, se habla de inexistencia de cosa juzgada en aquellos casos que habían sido tramitados por la justicia militar, se niega la competencia de la justicia militar en esos temas y se produce una incorporación masiva del derecho internacional a la jurisprudencia peruana… Hacia el año 2006 y 2007 podríamos hablar de consolidación del proceso de judicialización.
«La sentencia del caso Castillo Paez sentaba un precedente: se afirma que la desaparición forzada es un crimen de carácter permanente»
D.: ¿Qué sentencias fueron las más importantes?
C.R.: Existen dos sentencias que marcan un precedente y que van a servir para más adelante: Castillo Paez, que es un caso de un estudiante desaparecido en octubre de 1990 y el caso Chuschi, con la desaparición de autoridades civiles y comunales en esa localidad de Ayacucho [ambas por parte del Ejército]. En la sentencia de Castillo Paez, de marzo de 2006, hay una declaración sobre la naturaleza jurídica del crimen de desaparición forzada, cosa que nunca había ocurrido en el Perú, por un cuestión muy concreta, nunca antes se había juzgado un caso de desaparición forzada. La sentencia sentaba un precedente: se afirma que la desaparición forzada es un crimen de carácter permanente a la vez que la culpabilidad es demostrada a través de un prueba indiciaria, cosa que jamás se había hecho en el Perú en materia de derechos humanos. En lo que respecta al caso Chuschi, es la sentencia que de manera más clara habla de que en el Perú hubo una violación sistemática de los derechos humanos y que crímenes como el de Chuschi son crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, por esos tiempos hay un elemento que empieza a jugar un papel fundamental, el de la política. Alejandro Toledo termina su Gobierno en 2006 con una crítica nada sutil a la judicialización de los crímenes contra los derechos humanos. Llega Alan García y ese discurso poco sutil gira y se vuelve una política de Estado. Es innegable que Alan García llega al Gobierno con una agenda política que tenía como uno de sus principales aspectos combatir el proceso de judicialización. A él lo afectaba directamente y afectaba a su vicepresidente, Luis Giampetri. En su momento se le llamó «la plancha del Frontón» porque ambos estaban implicados [en la matanza de los penales de 1986]. García asume el 28 de julio de 2006 y la primera semana de septiembre dicta un decreto otorgando defensa legal a los perpetradores de violaciones de los derechos humanos, una cosa un poco extraña y pagada por el Ministerio de Defensa. Y a partir de ese momento se arma una confrontación que tiene como objetivo ablandar a los jueces y fiscales. Y lo logran. Hay un cambio, en la cantidad de gente procesada y la cantidad de gente condenada o absuelta. El año pasado hicimos una estadística sobre gente procesada y luego sentenciada y sacamos una conclusión que nos asustó: a finales del año pasado había un 85% de absoluciones. Pero lo que más nos asustó es que ha habido un cambio en la jurisprudencia y que ese cambio es debido al discurso político. Tú puedes decir que hemos perdido los juicios porque la defensa fue sustancialmente mejor, pero eso no ha sido así, porque hemos participado en muchos juicios y porque ya el contenido de las resoluciones dan cuenta de que hay un juego de arbitrariedades y hemos hecho un listado, como de veinte razones, por las que un juzgado de derechos humanos no puede firmar una sentencia así.
Un ejemplo de esto es el caso Parcco y Pomatambo en el que la fiscalía o la parte civil tienen que demostrar el crimen con un documento, cosa que en ningún lugar del mundo vas a lograr, sino que llegan en algún momento a asumir el discurso político de los militares. En la sentencia de noviembre del año pasado de de este caso la sentencia de la sala de lo penal nacional dice que el crimen de 12 personas que fueron detenidas, conducidas a un lugar determinado, torturadas, asesinadas y descuartizadas es simplemente un exceso del jefe de la patrulla. Eso es asumir el discurso más político de los militares. Ellos primero lo niegan, pero cuando hay una evidencia de los crímenes, dicen que es un exceso del militar que participó.
«Hay un proceso muy peligroso entre los jueces del sistema penal de derechos humanos al que yo no encuentro otra explicación que no sea la política»
Alberto Fujimori a la cárcel
D.: ¿Qué repercusiones ha tenido la sentencia a Fujimori en 2009?
C.R.: La mayor repercusión se ha producido fuera de Perú. Hemos tenido noticias de que hay muchos tribunales, sobre todo en Colombia y otros países de América, que están comenzando a utilizar la sentencia. Pero en el caso peruano, el Tribunal de Derechos Humanos no ha mencionado jamás la sentencia, y eso que desde que se condenó a Fujimori se han emitido media docena de resoluciones, en diferentes casos. Y no solamente no se menciona sino que se comienza a argumentar contra la sentencia. Hay un proceso muy peligroso entre los jueces del sistema penal de derechos humanos al que yo no encuentro otra explicación que no sea la política. Entre las primeras sentencias y las actuales siguen siendo más o menos los mismos jueces y ahora comienzas a tener sentencias en las que un juez, que años atrás emitió una determinada sentencia, últimamente emite dictámenes en contra de lo que él mismo escribió.
La sentencia del caso a Fujimori dijo que en este tipo de crímenes no era probable pedir prueba escrita o documentos que den cuenta de las órdenes criminales. En la sentencia se dice que normalmente en estos planes las órdenes son verbales y clandestinas. Hay tres sentencias recientes en las que se les pide a la fiscalía y a la parte civil que no han demostrado porque no hay parte documental. Te dice que el testimonio del familiar de la víctima no es confiable porque tiene un interés en el resultado del proceso. Oye, ¿pero no es así en Bosnia, en Ruanda o en cualquier otra parte del mundo? El familiar es el que tiene interés. ¿Cómo no lo pueden tomar en cuenta como testimonio válido? El tercer elemento dice que un general del Ejército no puede ser sentenciado de manera condenatoria porque dice que no se ha demostrado que emitiera una orden escrita y porque no estaba en el lugar de los hechos. ¿Y desde cuándo el mando militar tiene que estar con el soldado ejecutando su orden? En realidad hay una jurisprudencia que ha ido con el ánimo de desmontar la doctrina que estableció el caso Fujimori y que nos preocupa porque ya lindan con la falta de pasividad o de imparcialidad.
D.: Aun así, es un hecho histórico para los organismos de derechos humanos…
C.R.: Es un hito histórico de la justicia peruana. Nos hubiese gustado que la sentencia a Fujimori hubiera marcado un antes y un después en lo judicial y en lo político. La conclusión que se puede sacar es que en lo judicial no ha marcado ese hito. En la única sentencia en la que se menciona es en la sentencia que se emitió el año pasado en el caso de La Cantuta. En el lado de la política, su hija está pasando la segunda vuelta y podría ser la próxima presidenta de la República.
«Hay un elemento con el que Fujimori no contaba que era que el juicio iba a ser televisado, que fue un elemento decisivo para el cambio de la opinión pública»
D.: En Perú, ¿crees que los juicios han ayudado a un cambio de conciencia entre los peruanos?
C.R.: Yo estoy seguro de que sí ha ayudado a muchísima gente, no sólo el dato de que Fujimori fue condenado, sino que hay un elemento con el que Fujimori no contaba que era que el juicio iba a ser televisado, que fue un elemento decisivo para el cambio de la opinión pública. Y te encuentras hasta ahora con taxistas que te reconocen y te felicitan. Hay muchos que me han dicho que no se perdían ninguna audiencia del juicio, que se regresaban a sus casas para verlo. Eso te da una satisfacción inmensa porque hicimos pedagogía sin que nadie se lo hubiera propuesto.
D.: ¿Qué anécdotas recuerdas del juicio?
C.R.: La primera sería que decidimos entre los abogados no saludar a Fujimori. Cuando supimos que iba a ser un juicio televisado, nos dimos cuenta de la envergadura del caso. Primero que tienes que prepararte como nunca te has preparado en tu vida y además es un juicio en el que no solamente lo que dices es importante sino también los gestos. El hecho de no saludarlo en ninguna de las 161 oportunidades fue importante. Él insistió hasta la tercera o cuarta ocasión y de ahí ya entendió que había una distancia que su saludo no iba a romper. El hecho simbólico de que la sala principal de audiencias tuviera dos columnas: los familiares y las ONG por un lado y por otro lado, separados, los congresistas de Fujimori, su familia, los políticos cercanos… Eso fue algo difícil de llevar porque evidentemente en ese tema no había posibilidad de reconciliación. Otra cosa que marcó el juicio fue el arribo del fiscal Avelino Guillén, que no estaba previsto. Al inicio el fiscal iba a ser José Antonio Pelaez. Pero ahí hay un cambio, que obedece a una decisión política del Ministerio Público, de que sea el fiscal Guillén. Ése fue un cambio sustancial: al comenzar a interrogarlo, Pelaez lo llamó «presidente Fujimori». Lo primero que le dice el fiscal Guillén es «acusado, siéntese bien, usted está en una sala de audiencias». Él estaba sentado normal, sentía que el grito de «¡Yo soy inocente!» que había pegado en la primer audiencia había atarantado a los jueces. Y el fiscal recompone las piezas en el interior del juicio. Por la cara que pone Fujimori cuando le dicen se ve que se da cuenta por primera vez de que está en un juicio.
D.: ¿Sabías que la resolución iba a ser condenatoria?
C.R.: Cientos de periodistas nos preguntaban y decíamos que sí, porque las evidencias que se teníamos decían que él era responsable. Pero, como en todos los juicios, la sentencia se va viendo al final. Al final estábamos mucho más convencidos de que iba a ser condenatoria, porque habíamos visto un juicio en el que era evidente que habíamos derrotado a la defensa. El propio abogao de Fujimori, César Nakasaki, decía: «Ustedes considerarán que me están goleando, pero yo creo que aquí están ustedes ganando como un 3-2». Yo creo que la defensa fue aplastada en el término más jurídico. Ninguno de los argumentos de Nakasaki fue recogido, a pesar de que es un tipo hábil.
D.: Además del caso Fujimori, también llevasteis el caso de la matanza en la cárcel del Frontón [donde más cien senderistas fueron fusilados tras un motín en 1986].
C.R.: En el tema del Frontón se produjo un logro muy importante. Nosotros llevamos el caso desde el año ’87. Hemos transitado todo lo que se puede transitar en términos de mecanismos de impunidad: juicios militares, juicios secretos, falta de información, leyes de amnistía, injerencia política, resoluciones irregulares… todo lo que uno se pueda imaginar ocurrió en el caso del Frontón. A pesar de todo eso, en 2005 se logra abrir el proceso judicial. Es cierto que sólo contra los perpetradores materiales, no contra los que dieron las órdenes. Finalmente Alan García, Luis Giampietri y Agustín Mantilla, que son los principales responsables, y los mandos militares están simplemente como testigos. El juicio sigue abierto, en etapa de instrucción, la primera etapa en el proceso penal peruano. La estrategia del abogado Carlos Tapia, candidato este año al Congreso por el fujimorismo y expulsado de la lista porque tenía un pasado medio fascistoide, fue obstruir y obstaculizar el proceso. Desde mi punto de vista fue un error, porque si el juicio del Frontón se hubiese sentenciado en el Gobierno del presidente García, que está ahora terminando, es probable que una sentencia absolutoria no hubiera desentonado con las sentencias que en general están saliendo, es decir, absoluciones. Creo que ahí a la defensa le ha salido el tiro por la culata, porque ahora el juicio se hará con el nuevo Gobierno, sea el de Fujimori o el de Humala, pero en todo caso no será con el de García. En este caso, después del de Fujimori, es donde más ha intervenido la política.
D.: ¿Qué otros éxitos crees que ha habido en la lucha contra la impunidad en estos últimos años?
C.R.: Yo creo que a estas alturas, el hecho de que haya 70 casos abiertos por violación a los derechos humanos es muy notable, sobre todo porque varios de ellos indican la forma sistemática en la que se cometían estos crímenes. El caso de los desaparecidos de la Universidad del Centro, un caso muy importante que da cuenta de crímenes cometidos entre 1990 y 1993, demuestra que a pesar de que había cuatro jefes militares, los cuatro desarrollaban la misma política, algo que confirma que hubo una decisión superior y del Estado para que eso se ejecute. Y ya ni se diga de los crímenes del destacamento Colina. En los casos de Barrios Altos y de la Cantuta, dirigidos por este grupo, hubo condenas el año pasado y en 2008. Es cierto que se demoraron demasiado en juzgarse, pero son hechos notables.
Otro caso sumamente importante son los crímenes sexuales en las bases de Malta y Vilca en Huancavelica y el caso de una joven universitaria de apellido Montesa. Los dos casos los estamos manejando nosotros y han tenido sus complejidades. ¿Cómo se demuestra un crimen de violación sexual cometido hace 20 o 25 años? Ahí hay mucha doctrina sobre el hecho de que es un crimen contra la humanidad, pero el tema probatorio es el tema más importante. Nos ha costado entre seis y siete años lograr la judicialización. En el caso de Malta y Vilca, donde unas 30 mujeres fueron violadas en el lapso de diez años, la Comisión de la Verdad dice que es posible identificar que hay un patrón generalizado de la violación sexual como método de tortura. En 2009 se abre el caso Malta y Vilca y hace un mes se ha logrado la judicialización del caso de la universitaria Montesa. En ambos casos se ha conseguido que se calificaran los delitos como crímenes contra la humanidad. Más allá de ese éxito en lo jurídico, en realidad no sabíamos que el caso de Malta y Vilca es el primer caso en la región en el que un sistema de justicia nacional somete a la justicia un crimen de violación sexual y lo identifica como crimen de lesa humanidad. Suponíamos que en Guatemala y Colombia, donde también se utilizó como método, existirían casos semejante. Fue ingrata la sorpresa cuando nos dispusimos a buscar jurisprudencia y no había ningún caso. Por lo tanto Malta y Vilca se convierte en el primer caso en la región. Eso es un éxito notable, porque no solamente es un forma de reparar a las víctimas sino que se convierto en un aporte en el Perú y en América.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Una-victoria-de-Keiko-seria-un.html