Aunque la situación en la Unión Europea todavía no ha alcanzado las altísimas cotas de control empresarial que infectan la política estadounidense, todo indica que vamos por ese mismo camino. La diferencia radica sobre todo en el papel muy limitado que las donaciones empresariales juegan en las campañas europeas. Pero incluso así, la influencia de […]
Aunque la situación en la Unión Europea todavía no ha alcanzado las altísimas cotas de control empresarial que infectan la política estadounidense, todo indica que vamos por ese mismo camino. La diferencia radica sobre todo en el papel muy limitado que las donaciones empresariales juegan en las campañas europeas. Pero incluso así, la influencia de los grupos de presión empresariales en la toma de decisiones de la UE es importante y va en aumento. Por desgracia, el proyecto de Constitución no hace nada por mejorar esta situación. Los principales grupos de presión empresariales europeos están bastante satisfechos con el nuevo tratado, aunque no han conseguido todos sus objetivos. De sus dos principales demandas, una se ha visto cumplida en gran parte, la simplificación del proceso de toma de decisiones extendiendo la mayoría cualificada a casi todas las áreas. La otra, una Comisión muy reforzada en su pulso con los estados miembros, no ha salido como querían. A pesar de ello, la inclusión de la agenda económica neoliberal en la Constitución es motivo de satisfacción para las grandes empresas.
Tras décadas de centralizar la toma de decisiones y de reforzar las intituciones de la Unión Europea, Bruselas se ha convertido en el segundo mayor nido mundial del lobby, por detrás de Washington D.C. Bruselas acoge en la actualidad a más de 1.000 grupos empresariales de presión, cientos de firmas de relaciones públicas que ofrecen servicios de lobby, decenas de think-tanks financiados por la industria y cientos de oficinas de «asuntos europeos» de grandes multinacionales. De los más de 15.000 profesionales del lobby que se calcula trabajan en Bruselas, la gran mayoría representa a grandes empresas, mientras que un 10% trabaja para ONGs de diversos tipos, con muchísimos menos recursos.
Debido a los complejos y a menudo nada democráticos procedimientos y a la falta de un verdadero debate público, las decisiones en Bruselas se toman en una especie de burbuja. Esto no favorece precisamente la democracia, pero si que proporciona terreno fértil para los grupos de presión empresariales y sus aliados de la industria de las relaciones públicas. En la década de los 90 la Comisión Europea (con el derecho exclusivo de proponer y desarrollar legislación comunitaria) era el objetivo central de los grupos de presión empresariales. Pero a medida que fueron aumentando los poderes del Parlamento Europeo también éste se convirtió en favorito del lobby industrial, que ha cosechado recientemente algunas victorias preocupantes. La influencia de los grupos de presión sobre el Parlamento se ve aumentada por la actitud nada crítica que tiene la institución al respecto. Por ejemplo, para muchos parlamentarios es pura rutina el presentar enmiendas que han sido redactadas por cabilderos empresariales. Dichas enmiendas a menudo se convierten en ley. Además, un número significativo de parlamentarios se incorporan al sector privado tras su paso por el Parlamento. Las regulaciones y requisitos de transparencia vigentes sobre lobby a las instituciones de la UE son flojísimos, mucho peores que los que de hecho existen en EEUU i .
Más allá de sus efectos negativos sobre la democracia, el poder de los grupos industriales de presión es un obstáculo importante para sacar adelante legislación social y ambiental. Un ejemplo reciente es REACH, la nueva regulación sobre químicos que se está preparando en la UE y alrededor de la cual se ha organizado la mayor campaña de presión industrial en la historia de la UE. El resultado por ahora es una versión absolutamente debilitada para regular las sustancias químicas, y llena de agujeros por los que la producción y comercialización de sustancias químicas tóxicas puede continuar sin problemas. Como consecuencia del giro a la derecha en Estados Unidos y en muchos de los países de la UE, los grupos de presión industrial que durante muchos años estaban añadiendo grandes dosis de retórica ecologista a sus mensajes de lobby, se están pasando a unas campañas de presión más duras, descarnadas y descaradamente anti-ecologistas. Por ejemplo, la patronal europea UNICE y la Mesa Redonda Europea de Industriales (European Roundtable of Industrialists – ERT), han lanzado hace poco una nueva campaña para convencer a la UE de que reconsidere su compromiso en el Protocolo de Kyoto de lucha contra el cambio climático. Las empresas de relaciones públicas se emplean con entusiasmo en ayudar a sus clientes a manipular los procesos políticos, por ejemplo diseñando falsos grupos de ciudadanos o científicos que luego se dedican a presionar en pos de legislación favorable a los intereses de la industria. Un ejemplo reciente es el Foro Científico y Ambiental del Bromo (Bromine Science Environment Forum – BSEF), un grupo creado en realidad por el gigante de las RP Burson-Marsteller en nombre de un grupo de empresas químicas productoras de bromo que quieren evitar que se prohiba la fabricación de los controvertidos retardadores de llama brominados, muy tóxicos.
El control de los grupos de presión empresariales sobre el proceso político de la UE se ve reforzado por la obsesión que reina entre los políticos europeos para convertir a la UE en el bloque económico más competitivo en 2010, lo que se conoce como la Agenda de Lisboa, que se acordó en 2000. Esto ha provocado que cada vez con más éxito y en cualquier tema, los grupos industriales saquen la carta de la competitividad. Más aún, los gobiernos de la UE han accedido a las demandas con que UNICE y la ERT machacaban desde hace tiempo para introducir las evaluaciones de impacto empresarial para toda la legislación europea, la existente hasta ahora y la futura. Los primeros en la fila para ser evaluados de nuevo a la luz de sus efectos sobre la competitividad de la industria europea son los compromisos de la UE en el Protocolo de Kyoto. José Manuel Barroso, nuevo Presidente de la Comisión Europea desde noviembre de 2004 ha anunciado que su presidencia dará absoluta prioridad a los objetivos de competitividad establecidos en la Agenda de Lisboa.
Sería equivocado interpretar el control creciente de las empresas sobre las políticas de la UE como una cuestión de grupos de presión que imponen su voluntad sobre políticos desamparados. Son de hecho los políticos y funcionarios europeos los que buscan muchas veces el consejo de los grupos empresariales para diseñar sus políticas. Un ejemplo conocido es la estrecha connivencia entre la Comisión y grupos como el Foro Europeo de Servicios (European Services Forum -ESF) a la hora de negociar políticas de comercio internacional, por ejemplo en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Durante los últimos diez años se ha consolidado el modelo, inspirado en Estados Unidos y Japón, de la Comisión Europea fomentando la creación de grupos de presión empresariales en los que se apoya para decidir e impulsar numerosas políticas. Otro ejemplo destacable es el Diálogo Comercial Transatlántico (TransAtlantic Business Dialogue – TABD) en el que grandes empresas de la UE y EEUU colaboran con sus respectivos gobiernos para desmantelar cualquier obstáculo al libre comercio entre ambos bloques, incluidas por supuesto legislación ambiental y social.
Los grupos de presión empresariales y la Constitución
Por desgracia, el proyecto de Constitución no hace nada para acabar con la fuerte adicción que tiene la Comisión Europea a los grupos de presión empresariales. Estos no han sido particularmente activos en el proceso de la Constitución de la UE, por la simple razón de que no era necesario. La razón principal del proceso de la Convención era el lograr un procedimiento de toma de decisiones más manejable en una Unión más grande, algo que ya estaba en la agenda política con independencia de la agenda empresarial. Pero esto no quiere decir que se mostraran pasivos o que hayan adoptado una posición neutral en el debate. Los principales grupos de presión industriales en Bruselas, como la ERT, la patronal UNICE o el Comité para la UE de AmCham (la Cámara Americana de Comercio), han dedicado esfuerzos para influir en el nuevo tratado de la Unión. Están bastante satisfechos con el resultado, aunque no se ha ido tan lejos como les hubiera gustado, pero aún así constituye una mejora sobre lo que tenían con Niza. Su demanda principal era el simplificar el procedimiento de toma de decisiones extendiendo el voto de mayoría cualificada a más áreas. Y en la lucha de poderes entre una Comisión más poderosa versus Estados Miembros más fuertes, las empresas se pusieron decididamente de lado de la Comisión. Aunque los grupos empresariales no consiguieron una Comisión tan fuerte como la que pedían, se pueden dar por satisfechos con el hecho de que su programa económico neoliberal es ahora parte de la Constitución.
Se puede afirmar que la ERT, junto con UNICE, han sido los grupos de presión industriales más activos en el proceso de Constitución. Ambos grupos se han centrado en mejorar la competividad de la UE. Como explicó Wim Philippa, el secretario general de la ERT, durante el periodo final de la Convención: «Esperamos que la Convención y la CIG creen las condiciones para mejorar la competitividad con procedimientos de toma de decisiones rápidos y efectivos para todas las áreas que afectan a la empresa… Eso requiere una Comisión Europea fuerte, capaz de actuar con consistencia en interés de toda la UE.» ii La apuesta de la ERT por la Comisión es digna de destacarse, teniendo en cuenta que se produce en un momento en que en la mayoría de países de la UE gobiernan fuerzas de claro signo neoliberal. A pesar de que lo más probable es que los dirigentes que van a decidir el rumbo de la UE durante los próximos años adopten programas beneficiosos para los sectores empresariales, la ERT rechaza cualquier intento de ´renacionalizar´ los poderes de la Comisión. Como otros grupos de interés empresariales, la ERT piensa que sus intereses se verán más favorecidos con una Comisión fuerte que opere al margen de las impredecibles realidades de la política nacional.
La Comisión agradeció de corazón este apoyo. Cuando Prodi habló como invitado de honor en la celebración del vigésimo aniversario de la ERT, derrochaba alabanzas hacia el grupo, «La fructífera relación entre la Comisión Europea y la ERT se demuestra también por las posiciones que habeis adoptado en la Convención. Vuestra valoración del papel de la Comisión coincide con nuestra convicción: sólo una Comisión fuerte que cuente con el apoyo democráctico del Parlamento Europeo puede articular el interés común europeo y garantizar un campo de juego nivelado para la industria – internamente pero también cada vez más en una dimensión global.»
Como demuestran documentos obtenidos por CEO, en el tema de la Convención la ERT ha disfrutado de su habitual acceso privilegiado a los reguladores. El jefe de la Convención, Valerie Giscard d´Estaing, ha recibido visitas frecuentes de pesos pesados de la ERT. iii Y aunque la Comisión afirma que no existen actas de las reuniones, Prodi también se ha reunido en varias ocasiones con representantes de la ERT sobre este tema.
Algunos de las objetivos principales de la ERT, como el ´terminar´ el Mercado Común liberalizando más el sector de servicios y otras áreas que aún no están sometidas a las fuerzas del mercado, o mantener a raya los gastos gubernamentales (privatizando pensiones y sanidad), tienen mayores posibilidades de llevarse a cabo por una Comisión fuerte que por los gobiernos nacionales, que dependen más directamente de los electores. Al otro extremo de tan ventajosa relación, la Comisión se puede beneficiar del apoyo de hombres de negocio muy influyentes en sus respectivos países. Una nota preparatoria para una reunión de octubre de 2002 entre Prodi y Morris Tabaksblat cita a Prodi diciendo que «el apoyo de la industria y la empresa sería ventajoso especialmente en propuestas encaminadas a lograr una Unión más eficiente, como la generalización de la votación por mayoría cualificada en el Consejo, y el reforzamiento de los poderes de la Comisión sobre la UEM.»
La patronal UNICE también puso su grano de arena para influir en el proceso, y abrigaba más expectativas. En palabras de Jérôme Chauvin, experto de UNICE en la Constitución, los jefes estaban apenados por la falta de sustancia que respaldase la retórica pro-empresarial de la parte introductoria, que se refiere a la necesidad de competitividad. iv UNICE siempre se ha opuesto con fiereza a la inclusión en la Constitución de la Carta de Derechos Fundamentales, y ahora se queja de que tendrá graves consecuencias para las empresas. Por otro lado, el grupo está bastante satisfecho con la mención del papel de los miembros del Diálogo Social (patronal y sindicatos) en la adopción de políticas (artículo 1-48 de la Constitución), «Ahora tenemos el reconocimiento de que el diálogo social es una herramienta para las políticas sociales» v , explica Chauvin.
En general los grupos empresariales están bastante contentos con la extensión de la mayoría cualificada, pero tampoco aquí la Constitución ha llegado a donde ellos querían. Una de sus demandas más antiguas, que se remonta a las campañas para influir en el tratado de Amsterdam de 1997, pretende dotar a la Comisión del poder para negociar por sí sola la política de comercio internacional de la UE, por ejemplo en la OMC. Con la nueva Constitución, en las negociaciones comerciales internacionales en sectores de servicios especiales (como culturales y audovisuales, educación, sanidad o servicios sociales), en aspectos comerciales relativos a propiedad intelectual y en inversión directa extranjera, la competencia formal sigue descansando en los estados miembros, que pueden ejercitar derecho de veto sobre las posturas negociadoras de la Comisión en esas áreas.
Hay otros puntos de la Constitución que también han complacido a los grupos empresariales, tales como el reforzamiento de los poderes del Parlamento Europeo, la creación del puesto de un Ministro Europeo de Asuntos Exteriores, o la mayor militarización de la Unión.
Ahora el deseo común de estos grupos es la rápida ratificación de la Constitución en todos los estados miembros, un proceso que no se prevee fácil en todos sitios. La principal ganancia de las empresas, la simplificación de los procesos de toma de decisiones, desaparecería si no se ratifica el tratado. En la práctica, esto supondría quedarse con el complejo sistema de votos del Tratado de Niza adaptado a una Unión de 25 miembros (como se acordó en el Tratado de Accesión de la UE 2003). vi Como explica Chauvin, de UNICE, «Si no se ratifica la constitución vamos a tener un gran, gran problema. Tras la ampliación, si no progresamos con la constitución estaremos totalmente bloqueados por el marco de toma de decisiones. Se paralizaría la UE.» vii
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Belén Balanyá, Corporate Europe Observatory. (Para más información, ver http://www.corporateeurope.org)
i El registro de personas dedicadas al lobby con pase de acceso al Parlamento Europeo sólo enumera nombres y organización, no para quien llevan a cabo su trabajo (muchos son consultores profesionales), sobre que tema y cuanto dinero manejan. En Estados Unidos la Ley de Transparencia del Lobby (Lobbying Disclosure Act) de 1996 les obliga a registrar el momento en que empiezan a trabajar en un asunto, informar quienes son sus clientes y que presupuesto tienen para hacer lobby en ese tema. Además, todos los grupos de presión deben presentar un informe dos veces al año en el que recojan dicha información. Aunque esta ley no ha conseguido acabar con el control empresarial en la toma de decisiones, esto se debe sobre todo a que su reforzamiento es muy flojo, además de al poder que las grandes empresas ejercen a través de las donaciones electorales. En Europa, este tipo de regulación sería un primer paso necesario para desmantelar la influencia excesiva del lobby empresarial. Permitiría a los parlamentarios saber mejor quién les está presionando, a los medios de comunicación llevar un mejor control de las campañas de lobby y proporcionaría una herramienta muy útil a las campañas que quieren acabar con el poder político de las grandes empresas.
Para más información ver http://www.corporateeurope.org/lobbycracy.html
ii Entrevista con Wim Philippa publicada en EurActiv.com, mayo 2003
iii Del calendario de visitas recibidas por Giscard d’Estaing
http://european-convention.eu.int/agenda.asp?lang=EN&Content=VGE
23/04/2003 Bruselas. Reunión con el Primer Ministro belga, M.Guy VERHOFSTADT, el Ministro de exteriores, M. Louis MICHEL, el Vice-Presidente de la Convención, M. Jean-Luc DEHAENE y el vizconde Etienne DAVIGNON
19/12/2002 Bruselas. Reunión con el vizconde Etienne DAVIGNON
05/12/2002 Bruselas. Reunión con MM. G. CROMME, M. TABAKSBLAT, A. JOLY, P. SUTHERLAND, J. KAMHI, W. PHILIPPA (European Round Table of Industrialists)
11/09/2002 Bruselas. Reunión con el vizconde Etienne DAVIGNON
26/06/2002 Bruselas. Reunión con el vizconde Etienne DAVIGNON
25/06/2002 Bruselas. Reunión con M. Morris TABAKSBLAT, Presidente del grupo de trabajo de la ERT sobre Gobierno de Europa, Presidente de Reed Elsevier, M. Daniel JANSSEN, Presidente del grupo de trabajo de la ERT sobre Competitividad y Presidente de la Junta de Solvay y M. Wim PHILIPPA, secretario general de la ERT (European Round Table of Industrialists)
iv «Business and the EU Constitution, Why the constitutional treaty is better than Nice for business», by Peter Chapman, European Voice, Vol 10 N.31, 16 septiembre 2004
v Idem
vi Tratado de adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, firmado en Atenas el 16 de abril de 2003. El nuevo sistema de distribución de votos entró en vigor el 1 de noviembre de 2004.
vii «Business and the EU Constitution, Why the constitutional treaty is better than Nice for business», by Peter Chapman, European Voice, Vol 10 N.31, 16 septiembre 2004