Una suerte de fatalidad y maldición parece perseguir a muchos países ricos en materias primas, castigados sin embargo por la pobreza, una corrupción metastásica, y con estados débiles e ineficientes, fagocitados casi siempre por el gran capital nacional y externo. El Perú parece ser uno de ellos. Somos uno de los países megadiversos del planeta, […]
Una suerte de fatalidad y maldición parece perseguir a muchos países ricos en materias primas, castigados sin embargo por la pobreza, una corrupción metastásica, y con estados débiles e ineficientes, fagocitados casi siempre por el gran capital nacional y externo.
El Perú parece ser uno de ellos. Somos uno de los países megadiversos del planeta, pero también posiblemente el mayor «blanqueador» de madera ilegal en el mundo.
Veamos. En solo una década, desde la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, el 16 de julio del 2000, se han extraído y exportado 266,855 metros cúbicos de caoba, la especie forestal de mayor valor comercial junto con el cedro, equivalentes a 133,428 árboles, el 70 por ciento de ellos procedentes de áreas naturales protegidas y reservas territoriales indígenas.
Este enorme volumen del «oro rojo de la Amazonía», con un valor comercial de 1005 mil millones de soles, fue «blanqueado» para su comercialización interna y para su exportación.
Como se sabe, la Ley 27308 en su Sétima Disposición Complementaria Transitoria declara en veda desde el 2000 y por una década la extracción de las especies maderables de caoba y cedro en las cuencas del Putumayo, Yavarí, Tamaya y Purús, en la Amazonía.
Solo al día siguiente de la vigencia de la Ley 27308, empezaron las presiones de diversa índole para neutralizar, mediatizar y dejar sin efecto la norma, requiriendo incluso la intervención del Tribunal Constitucional (TC) que reafirmó la veda dispuesta por la Ley 27308.
La cronología de los hechos revela que exjefes del INRENA, directores, intendentes, asesores legales, especialistas que elaboraron los Planes de Operaciones Anuales (POAs) de las concesiones y otros operadores fraguaron y amañaron normas y efectuaron «interpretaciones auténticas» para otorgar derechos de aprovechamiento forestal en las áreas vedadas, contraviniendo la Ley 27308, el fallo del TC y a la autoridad científica de CITES.
Quizás las pocas excepciones, entre otras, fueron las de los ingenieros Edgardo Lizárraga Mejía e Isaac Roberto Ángeles Lazo que tuvieron que renunciar para no ser cómplices de la corruptela.
Toda la caoba extraída y exportada desde julio del 2000 hasta el 2010 fue «blanqueada». Los funcionarios que avalaron ese proceso ilegal, incluyendo al exministro de Agricultura, Ismael Benavides Ferryeros, deberían responder administrativa y penalmente por sus actos dolosos.
Pero como si la fatalidad de que los países ricos en materias primas son los más pobres y corruptos nos siguiera persiguiendo, la mayoría de los funcionarios que avalaron las infracciones a las leyes ocupan ahora altos cargos en los ministerios de Agricultura y del Ambiente.
Todo ello gracias a «La Gran transformación» y la lucha contra la corrupción que prometió el presidente Ollanta Humala Tasso.