El Senado de Uruguay aprobó este martes, en la última sesión del año y por una ajustada mayoría, un proyecto de Ley que legaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. La normativa pasará ahora a la Cámara de Diputados para su debate el año próximo. Tras más de nueve horas de debate, […]
El Senado de Uruguay aprobó este martes, en la última sesión del año y por una ajustada mayoría, un proyecto de Ley que legaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. La normativa pasará ahora a la Cámara de Diputados para su debate el año próximo.
Tras más de nueve horas de debate, el proyecto fue aprobado por 17 votos de 31, con el respaldo de toda la bancada del oficialista Frente Amplio (FA, progresista) y un voto de un legislador del opositor Partido Nacional.
«La Ley vigente es ineficaz, discriminatoria e injusta porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no», afirmó la senadora Mónica Xavier, miembro informante de la iniciativa.
Por su parte, el senador nacionalista Carlos Moreira (Alianza Nacional) consideró que el derecho a la vida «arranca desde el momento de la concepción como lo dice el Pacto de San José de Costa Rica», y que en caso de ser aprobada esta Ley el país estará violando tratados internacionales.
Con esta decisión, «no apostamos a crecer, sino que vamos a menos», indicó.
Según el proyecto aprobado en primera instancia, «toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional».
El plazo no se aplicará si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran «malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina».
Todos los servicios de salud, públicos y privados, tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten.
La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con el mismo y dos a ocho años para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.
La larga sesión fue acompañada desde las barras por grupos a favor de la iniciativa, mientras afuera del Palacio Legislativo se manifestaron los opositores al proyecto.
Una de las integrantes del movimiento Pro-Vida, que se opone a la normativa, expresó que «esta ley antepone el derecho de la mujer sobre el del niño, que es el más débil y no se puede defender. Se convierte el aborto en un derecho y en un gasto médico que va a pagar todo el pueblo».