Elevarán a ley la ayuda humanitaria para víctimas de masacre de Changuinola
La angustiosa espera de cientos de víctimas de la represión del ex presidente Martinelli en Changuinola parece estar a punto de terminar. La conformación de una comisión interinstitucional está allanando el camino a la solución del largo conflicto.
La comisión de alto nivel fue designada en enero pasado por el actual mandatario Juan Carlos Varela y está presidida por el ministro del Trabajo, Ernesto Carles.
La integran directivos de la Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, así como miembros del Programa de Ayuda Nacional, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Bocas del Toro, Ministerio de Gobierno.
Asimismo, cuenta con la participación de directores provinciales que están vinculados con el tema y miembros del Comité 8 de Julio, organización que reúne a los afectados por la represión en Changuinola.
«No ha sido fácil. Pese a tener una comunicación fluida con el nuevo gobierno, no mirábamos avances significativos. Tuvimos que volver a las calles para exigir que los acuerdos de 2010 se elevaran a rango de ley», explicó a La Rel, Jacinto Quintero, presidente del Comité 8 de Julio.
Brutal represión. Víctimas en el olvido
En julio de 2010, los aparatos represivos del Estado panameño abrieron fuego contra los trabajadores bananeros en Changuinola, Bocas del Toro, que protestaban contra la aprobación de la Ley 30, popularmente conocida como «Ley Chorizo».
De acuerdo con datos brindados en aquellos días por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria y Empresas Afines (SITRAIBANA), la acción policial y militar dejó un saldo de dos muertos, 78 lisiados de por vida y más de 700 heridos de balas y perdigones.
Tres de ellos perdieron la visión totalmente, más de 45 quedaron con pérdida parcial de la vista y fueron 192 los trabajadores bananeros que quedaron con el cuerpo lleno de perdigones.
Lamentablemente, los acuerdos alcanzados con el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli, nunca se cumplieron. Los afectados y los familiares de las víctimas fueron abandonados y, en la Asamblea Nacional, nunca se le dio trámite al decreto que eleva los acuerdos a rango de ley.
Anteproyecto de ley. Pensiones y asistencia a las víctimas
Después de varias reuniones, la comisión terminó de redactar un anteproyecto que eleva a ley la ayuda humanitaria que reciben las víctimas de la represión. La iniciativa de ley fue presentada este miércoles 11 de febrero ante la Asamblea Nacional para que sea discutida y aprobada.
«La situación para las víctimas es muy difícil. Después de cuatro años y medio de la masacre ya han muerto 7 compañeros, 3 sufrieron la pérdida total de la vista, no menos de 60 la pérdida parcial y hay cientos de ellos con lesiones permanentes por las balas y los perdigones.
No podemos esperar más y estamos a un paso de lograr lo que hemos venido exigiendo las víctimas, es decir elevar a ley la atención médica, la ayuda económica y las pensiones vitalicias para todas las personas que reflejan patologías derivadas del impacto de las balas», explicó Quintero.
El presidente del Comité 8 de Julio dijo que buscarán también poner fin a la impunidad. «Exigimos castigo para los autores materiales e intelectuales de estos crímenes que han traído tanto dolor a nuestras familias», dijo.
Pese a los avances y a la voluntad de acercamiento mostrada por el gobierno panameño, el Comité 8 de Julio asegura que no bajará la guardia. «Vamos a estar vigilantes y no vamos a dejar de presionar para que se cumpla con lo que hemos acordado en el seno de la comisión de alto nivel.
¡De ninguna manera vamos a bajar la guardia!», concluyó Jacinto Quintero.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.