Si se analiza la evolución de las políticas de estabilización y ajuste estructural promovidas por organismos internacionales como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI) en países periféricos o de menor “desarrollo”, se encontrará que siempre se encuentran nuevos argumentos para justificar su ejecución por gobiernos que enfrentan -por los general- problemas de endeudamiento externo, desequilibrios fiscales y en balanza de pagos y baja oferta exportable de productos donde las distorsiones en el sistema de precios se consideran factores causales.
Es una primera oleada de “recetas”, la estabilización económica incluyó medidas de política orientadas a reducir o eliminar el desequilibrio fiscal con más impuestos, menores gastos y congelamiento de salarios, bajar la inflación, aumentar el PIB, tasas de interés reales positivas, controlde los factores de expansión monetaria, la devaluación de la moneda, manejo de la deuda externa y la privatización de empresas públicas. El ajuste estructural implicó el cercenamiento de los programas de reforma agraria, la importación masiva de productos, especialmente de insumos y alimentos, eliminación de aranceles e impuestos, privatización de los servicios de apoyo a la producción y de los recursos del bosque, la extracción minera y acuícola, promoción de los rubros exportables y el cambio en la organización institucional del Estado.
Otra oleada, en general ligada a las crisis del sistema capitalista a partir de los años 80s, considerada una crisis excepcional que afectó a países centrales y periféricos, el crecimiento económico, empleo y los salarios (CEPAL: 1986), incluye condicionalidades a los gobiernos para que acepten como válidas recetas que son“mejores” para disminuir el déficit fiscal, bajar la inflación (regímenes de metas de inflación) y mantener un ritmo de crecimiento del PIB estable, aunque bajo. Igual, atraer inversión extranjera para aumentar la producción, exportación y niveles de empleo, como ejemplo los incentivos a las empresas extractivas (mineras, agrícolas y energéticas) y turísticas, sin importar el aumento de la pobreza, hambre y la destrucción ambiental.
Incluso, lo que algunos llaman gobiernos de “comportamiento”, donde no importa los votos que eligen a un presidente, sino que el poder legislativo o judicial sea controlado por la oposición, asumen como valido que los programas de estabilización y el ajuste estructural son ley de país. Un sueño de Milton Friedman que abandonó cuando avalóla dictadura de Pinochet en Chile.
En Honduras, después del golpe de Estado (junio-2009), el destacado economista del crecimiento económico endógeno y premio nobel, Paul Romer, visitó el país para convencer al gobierno y diputados del Congreso Nacional para que aprobaran un legislación favorable para atraer Inversión Extranjera a través de la instalación de ciudades “modelo” o ciudades “charters”, donde se ampliarían los incentivos y exoneraciones fiscales a los que reciben empresas maquiladoras y de zonas francas. Igual permitiría la circulación de una moneda distinta a la del país, conformando una especie de gobierno autónomo en los territorios con destacados funcionarios, banqueros y economistas de prestigio internacional. Se buscaba que estas ciudades con capital, tecnología y conocimientos de afuera, no se contaminaran de la legislación del país y prácticas corruptas, que son muy comunes en gobiernos que utilizan el poder para negocios particulares y de familia.
En realidad Romer buscaba un espacio para promover el crecimiento económico de estos países, donde empresas extranjeras podrían invertir utilizando mano de obra local, tecnología de punta importada y alianzas con grandes empresas extranjeras, sin que malas prácticas de gobiernos locales y corrupción afectarán no solo el clima de inversión, sino también el potencial de las empresas. Es un enfoque neo/institucionalista del desarrollo que cree que los malos gobiernos y sus acciones, destruyen la institucionalidad, afectan el crecimiento y desarrollo económico, más allá de problemas de rigideces de la estructura económica y social, geográficos y políticos, y relaciones de clase social.
Aunque la legislación a favor de las ciudades “modelos” fue aprobada, funcionarios del gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013), ciertos diputados de oposición y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no estaban de acuerdo en dar vida a un organización autónoma como gobierno “paralelo”en las ciudades modelo sin la participación de funcionarios públicos ( muchos con antecedentes de corruptos), por ser violatorio de la Constitución de la Republica, por lo quePaul Romer se retiró como promotor del proyecto, ya que “olio” también manoseo y corrupción.
No obstante, a finales del gobierno de “Pepe” Lobo y con mayoría absoluta en el Congreso Nacional, se aprobó una nueva legislación favorable (decreto 102-2013 de junio de 2013 y publicado en la gaceta en septiembre de 2013), a dos meses de las elecciones generales, donde el candidato del partido nacional a la presidencia de la República era Juan Orlando Hernández (JOH), presidente del Congreso Nacional y abanderado de la nueva modalidad de atracción de inversión extranjera hipotecando el territorio nacional y la justicia.
La nueva Ley, denominada Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) y su normativa complementaria como el decreto PCM- N.003 de 2014, que frente a la propuesta de Paul Romer de conformar un grupo de Comisionados Internacionales de Transparencia de alto nivel para su coordinación y dirección, autoriza la vigencia y avala la ratificación de los miembros de un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), donde se incluye a funcionarios de gobierno y asesores políticos del partido nacional; uno de ellos, Ebal Díaz, Ministro de la Presidencia y nacionalizado recién como nicaragüense.
En el segundo mandato del gobierno de JOH (2018-2021) y coincidiendo con la pandemia del Covid-19, las ZEDEs recibieron un fuerte apoyo, aun cuando lo actuado se considera ilegal ya que viola los llamados artículos pétreos de la Constitución de la Republica, como el cercenamiento y venta del territorio nacional a extranjeros, complementado con la vigencia de un nuevo régimen económico superior al de las Zonas Francas y Maquilas, ya que los incentivos son mayores, además de la presencia de uno o varios gobiernos autónomos dentro del territorio nacional supeditados a leyes y reglas extranjeras, sin tener que rendir cuentas al Estado sobre tierras adquiridas, proyectos en ejecución, inversión comprometida, población beneficiaria y salariospagados, socios, desplazamiento de comunidades, impactos ambientales; otros.
La Corte Suprema de Justicia avaló este régimen y “legalizó”, violentando la norma constitucional. Algunos juristas creen que diputados y magistrados que cometieron este delito deben responder frente al pueblo por sus actos, ya que no hay perdón ni olvido. Hay que aplicar los criterios de focalización para identificarlos, ya que son muchos y se esconden es otros países.
La presidenta Xiomara Castro, electa con el voto mayoritario del pueblo hondureño (que parece ignorarse por dirigentes políticos y diputados de la oposición, del mismo Partido Libertad y Refundación (LIBRE), prensa mediática y Embajada Americana), contempla en su Plan Bicentenario de Gobierno (2022- 2026) la derogación de la Ley de las ZEDEs, como un compromiso adquirido frente a la colectividad nacional. Esta decisión ya fue tomada mediante Decreto Legislativo 33-2022 del 22 de abril de 2022, por lo que espera su ratificación y reglamentación en 2023.
A diciembre de 2021, eran visibles tres (3) ZEDES: Una en Choloma, departamento de Córtes, llamada Ciudad Morazán; otra en San Marcos de Colon, Choluteca, llamada Orquídea; finalmente Próspera en Roatán, Islas de la Bahía. El gobierno ha ofrecido negociar con sus principales socios para que se acojan a un régimen de protección vigente, caso de las Zonas Francas, y equiparen sus beneficios al de las empresas acogidas al mismo. Igual, ha solicitado a través del ComisionadoNacional, Fernando García, toda la información disponible para conocer su situación actual, no teniendo respuesta.
No obstante, las empresas y dueños de estas ZEDEs han seguido operando, desconociendo la Ley que las deroga y argumentando que la Corte Suprema de Justicia declaró que eran constitucionales; además, consideran que Honduras necesita inversión y puestos de trabajo, por lo cual sus proyectos contribuyen a los objetivos nacionales de mayor empleo y menor pobreza. Se invoca el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA) entre Centroamérica, República Dominicana y los EEUU, que supuestamente está por encima de la Constitución de la Republica, que protege las inversiones realizadas, cuya violación del articulado implica demandas contra gobiernos que opten por políticas confiscatorias.
Recién trascendió que los dueños de la ZEDEs Próspera, localizada en Roatán, Islas de la Bahía, preparan un demanda contra el Estado hondureño por un monto estimado en 10,700 millones de dólares, o sea el 70% del monto de la deuda pública del país, un 137.6% de los ingresos tributarios captados en 2021 y 150% de las remesas que envían los (as) hondureños en el exterior, rehuyendo la negociación directa con el gobierno en la búsqueda de una solución dentro del marco de los regímenes especiales vigentes. Una especie de arbitraje/chantaje internacional, ya que, con la derogación de la Ley, el gobierno actual no entregará parte del territorio al capital extranjero ni enajenará su soberanía nacional.
A criterio del Ministro de Economía, Pedro Barquero, hay mucha desinformación y manipulación sobre el tema, que beneficia a los dueños de la ZEDEs, en tanto se da a entender que el gobierno no quiere dialogar para llegar a acuerdos, cuando son ellos los que no lo demuestran. Más bien, parece una estrategia que busca debilitar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro en la tomada de decisiones que afectan“supuestamente” al clima de inversión en el país, como ejemplo la derogación de la Ley de Empleo por Hora, la prohibición de la minería de cielo abierto, el rescate de la ENEE como bien público y la eventual devolución al Estado de empresas constituidas en forma poco transparente y manejadas por empresarios no conocidos.
Contra la Ley de las ZEDES se pronunciaron la Iglesia Católica, organizaciones comunitarias y grupos ambientalistas y étnicos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y dirigentes políticos. En el caso del COHEP, llama la atención la posición del dirigente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fito Facusse, dando entender que las ZEDEs están amparadas en la resolución de la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, son reconocidas por el Estado. Ello implica dejar que sigan operando, evitando el arbitraje internacional donde Honduras tiene poca experiencia.
Honduras es uno de los países más pobres de América. La pobreza abarca a 73% de la población, y hay más de 3.3 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria y 1.5 millones que padecen hambre. Se ha convertido en uno de los principales países para el tránsito de migrantes y de drogas, mucha de la cual ya se cultiva en el país. La corrupción y la impunidad son dos flagelos que se profundizaron después del golpe de Estado, igual la violencia y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, al ser uno de los países con más muertes de dirigentes ambientales y líderes de pueblos originarios.
Se espera que en 2022 la tasa de crecimiento del PIB se situé entre 3.8% y 4% y la inflación en 11%. Un problema en ascenso es el creciente endeudamiento generalizado como política de Estado después del golpe de Estado, esperando la firma de un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de mediano plazo; pero también la inseguridad interna y la extorsión, lo cual amerita de políticas de mayor plazo. Los estimados para 2023 sobre atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), unos 750 millones de dólares, no son los esperados, pero se consideran aceptables frente a la fuerte caída en años anteriores.
Honduras aspira a ser incluido en los beneficios de la Cuenta del Milenio en 2024, ya que se observa, en el gobierno de Xiomara Castro, una mejora en los indicadores de corrupción y transparencia administrativa, que serán potenciados con la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH)en 2023, una Corte Suprema de Justicia de Balance, y Fiscalía al servicio de los intereses del pueblo.
No cabe duda que una demanda internacional contra el Estado afectará al país, y no hay que descartarla.En una entrevista al Ingeniero e Historiador hondureño, Filander Díaz Chávez, acerca del filibustero William Walker, un abogado, político y mercenario gringo que fue presidente de Nicaragua (1856-1857), me decía que siempre nuestros países han sido vistos como colonias sin tener derechos sobre los bienes naturales, personas y la justicia. Hoy, parece que de nuevo nos enfrentamos a este tipo de personas con sus aliados internos.
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