El 7 de diciembre se cumplió un año de la vacancia de Pedro Castillo por “sedición” (cuestión que apoyó la mayoría de la “izquierda progresista”). La defenestración del exmandatario se convirtió en el detonante que impulsó una inusual e impresionante movilización callejera provinciana contra lo que consideran el “robo del voto popular” por parte de los grupos de poder.
Los que sostienen que Castillo está bien preso, “argumentan” que el discurso que leyó dando órdenes a las FF.AA. para cerrar el Congreso (aunque no movió ni un policía de tránsito), es la prueba del delito. No obstante, estos últimos miran para otro lado, cuando se les pregunta por el “debido proceso” al ex presidente y los más de 70 muertos en las protestas, que han implicado llamadas de atención de varios organismos internacionales como la CIDH.
Supuestamente, la sucesión constitucional con Dina Boluarte como nueva presidenta iba a mejorar la economía y los problemas que aquejan a las familias trabajadoras. Pero han pasado 12 meses y la situación política, social y económica, ha empeorado. Ejecutivo y Legislativo, se oponen a un aumento del salario mínimo, pero le perdonaron deudas tributarias millonarias a los grupos de poder. Se oponen a un referéndum sobre la Constituyente, pero han hecho reformas constitucionales reaccionarias con el fin de copar los entes electorales, la Defensoría del Pueblo, aprobando la bicameralidad y la reelección de congresistas, y se aprestan a eliminar los movimientos regionales y exigir medio millón de firmas para la inscripción de partidos políticos. Se oponen a hacer cambios a la constitución de 1993, pero desconocen lo que dice respecto a respetar los tratados internacionales, desconociendo la jurisprudencia de la CIDH en materia de DD.HH.
En este marco, lo que revelarían los chats de “El filósofo” es cómo la Fiscalía negociaba el otorgamiento de favores a cambio de impunidad con decenas de congresistas. La liberación del dictador Fujimori sería, en ese sentido, parte de una negociación con Boluarte, así como una nueva ofensiva de la Derecha Bruta y Achorada (DBA) con el fin de pasar a segundo plano el affaire Benavides, aprovechar el caos y reivindicar la constitución de 1993. Así las cosas, con la nueva administración cívico-militar Boluarte, que se sostiene en los fusiles del poder coercitivo y la embajada norteamericana, lo que estaría en cuestión no sería solo un tipo de liderazgo o un tipo de gobierno sino las bases de la propia democracia capitalista neoliberal.
Y es que, como señalamos líneas arriba, después de 30 años de neoliberalismo, la vida de la mayoría de las familias trabajadoras ha empeorado. Según el índice de Pobreza Multidimensional (PIM) 2018 de la Organización de Naciones Unidas, (ONU), aproximadamente, 4 millones de peruanos viven en pobreza multidimensional (12.4% de la población). Según el INEI, más del 70% de la PEA es informal, 43.5% de niños tienen anemia; más del 40% de la población es pobre; más de 4 millones de familias no tienen vivienda; 3,600,000 no tienen agua potable, etc.
Este era el motivo de fondo del golpe de estado contra Castillo: evitar cualquier modificación al modelo neoliberal. No es que Castillo haya chocado con los intereses de los grupos transnacionales. Si bien es verdad, el pase a planillas de los tercerizados fue una medida progresista, pues, en líneas generales, Castillo estuvo en modo “piloto automático neoliberal”. Sucede que, para EE.UU., en un contexto de crisis mundial y de guerra en Europa y guerra comercial con China, pues, no se podía dar el gusto de tener un advenedizo en el poder en su patio trasero que haga ingentes negocios con los chinos. Más aún cuando la DBA estaba operativizando el plan golpista desde que perdió las elecciones en el 2021 al acusar fraude.
Por estas razones, señalamos que fracasó la democracia, porque si la democracia representativa capitalista se basa en el voto popular y luego los grupos de poder económico no respetan sus propias reglas de juego, pues, la democracia deviene en “enajenacracia”, puesto que le roban el voto al pueblo. Por eso decimos también que no se trata de líderes o formas de gobierno. Si ese fuera el caso, pues se cambia de gobierno y punto. Pero en el Perú hemos tenido gobiernos dictatoriales abiertos (90s), democráticos con Toledo, socialdemócratas con García, nacionalistas con Ollanta, tecnocráticos con PPK y todos estos líderes están presos o involucrados en casos de corrupción.
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