Frente a la Corte Suprema se declaran en alerta activa
Este 21 de agosto, mujeres de diferentes pueblos y territorios aglutinadas en el espacio Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, se manifestaron frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, denunciando el saqueo sistemáticos de tierras y bienes comunes, la criminalización de la protesta y la judicialización de defensores y defensoras, la militarización de territorios, el racismo y la violencia contra las mujeres.
El 28 de junio pasado, a diez años del golpe de estado, más de 1200 mujeres y aproximadamente 350 niños y niñas de seis pueblos originarios de Honduras, se reunieron en el territorio garífuna de Vallecito para hacer memoria histórica, pensar, articular luchas, acuerparse y gritar ante la violencia estructural que las agobia.
De este encuentro surgió la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, un espacio para continuar a debatir, fortalecer las prácticas políticas «con el fin de transformar radicalmente la realidad hondureña, el ejercicio de la política y generar propuestas antirracistas, antipatriarcales y anticapitalistas», se lee en el Manifiesto publicado el día de hoy.
«Hay que construir otra Honduras. Las mujeres rebeldes estamos luchando y defendiendo los territorios y los bienes comunes, como es el caso de Vallecito que vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Tenemos que construir otra forma de gobernar, y no para ir a negociar puestos, sino para que los pueblos sean escuchados y consultados, para que no haya más impunidad, para que se detenga la militarización, la represión, la persecución, para que se vaya este régimen ilegal e ilegítimo. No es posible que no podamos movernos libremente por el país porque estamos siendo amenazadas y nuestra vida está en peligro. No es posible que sólo nos queden dos opciones: emigramos o nos quedamos para que nos maten», dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Actualmente, varios territorios están siendo amenazados por varios proyectos extractivos, así como por la expansión de monocultivos y proyectos energéticos y turísticos. Las mujeres y feministas son las que más sufren los embates de la persecución.
«Guapinol en Tocoa, Río Blanco en Intibucá, La Tigra en Francisco Morazán, Alemania en El Progreso, Chinda y otras comunidades en Santa Barbara, Azacualpa en Copán, Zacate Grande y Choluteca en el sur del país y el territorio de la Mosquitia, entre otros», son sólo algunos de los territorios bajo asedio.
Finalmente, las Mujeres Luchadoras se declararon en alerta activa para acompañar la Causa Berta Cáceres, liderada por el Copinh y otras organizaciones aliadas. Todavía las siete personas condenadas por el delito continúan sin sentencia y el inicio del juicio contra David Castillo, cercano a los actores intelectuales del asesinato que todavía gozan de total impunidad, aún no tiene fecha segura.
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