El momento histórico por lo cual pasa Argentina está marcado por una profunda voluntad de poner el país a la orden del las transnacionales a través de una mayor liberalización económica, frente al escenario agónico y desastroso en que se enfrenta el sistema capitalista vigente en su fase neoliberal. Durante su mandato, Mauricio Macri hizo […]
El momento histórico por lo cual pasa Argentina está marcado por una profunda voluntad de poner el país a la orden del las transnacionales a través de una mayor liberalización económica, frente al escenario agónico y desastroso en que se enfrenta el sistema capitalista vigente en su fase neoliberal.
Durante su mandato, Mauricio Macri hizo esfuerzos para auspiciar dos de los más importantes eventos a nivel geopolítico, comercial, económico y diplomático del mundo: la Conferencia Ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio) en 2017 y la Cumbre del G-20, en 2018. Sobre el resultado de la conferencia, el Director General de la organización la describió como «decepcionante». La conferencia no llegó a un consenso entre los Estados miembros. El resultado de la Cumbre del G-20 que tenía como consigna «construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible»; tampoco logró consenso, sobre todo en la temática ambiental, además de apartarse vergonzosamente del uno de los temas más importantes y dramáticos que el mundo se enfrenta que son las personas refugiadas -muchas de ellas refugiadas climáticas-. En 2018, el mismo año de la Cumbre del G-20, el gobierno argentino volvió al FMI (Fondo Monetario Internacional) y hoy es el país más endeudado de América Latina, seguido de Brasil.
Tras más de 20 años de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur -que tiene como miembros Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay-, los dos bloques avanzan con el acuerdo comercial que tiene por objetivo aumentar el flujo de negocios entre ellos. El acuerdo prevé que la UE liberalizará 99% de su comercio agrícola con el Mercosur y promete la eliminación de aranceles de importación de productos agrícolas hasta llegar a 0% siendo que 81,7% es solamente de exportaciones, y aunque podría ser motivo para celebrar, preocupa a las redes ambientalistas a nivel mundial.
Tomando la profunda crisis climática, que es un hecho concreto y reconocido como uno de los grandes desafíos de este siglo por la comunidad internacional en su conjunto -teniendo como expresión máxima de un compromiso colectivo el Acuerdo de París-, la expansión de las exportaciones de commodities es un agravante del problema.
El acuerdo prevé un conjunto de requisitos técnicos-ambientales que deben ser cumplidos, como la producción en áreas deforestadas anteriormente y el respeto por las áreas de conservación. No obstante, una mayor demanda de producción agrícola impulsará la deforestación para responder a otros importadores que no imponen las mismas reglas. O sea, el hecho que la UE no importa productos que advengan de áreas deforestadas directamente, no impide que haya un aumento de la deforestación, sino que contribuye para que otras zonas que no estaban disponibles para la producción pasen a ser utilizadas.
Además de esto, la UE tiene mayor peso en la decisión de cuáles son los requisitos y las reglas -en cierta medida asimétricas entre los dos bloques y más beneficiosa a la UE-. Esto influye directamente en la formulación de Leyes para el desarrollo de políticas públicas locales, compras gubernamentales, regulación de servicios.
En una perspectiva socio-ambiental internacional, la expansión del agronegocio a través de una mayor exportación por la agricultura industrial y la industria cárnica destruye la agricultura y la producción familiar local de los países europeos. El tener a los países del Mercosur como «supermercado del mundo» beneficia a unas pocas empresas gigantes en detrimento del quiebre de pequeñas, incluso en los países miembros del bloque del Sur Global, ya que las reglas prevén el principio no discriminatorio en la participación de licitaciones públicas. Es decir, las Leyes de fomento a la agricultura o producción de pequeña escala a nivel local pueden ser cuestionadas o consideradas desleales, posibilitando demandas que pueden resultar en enormes pérdidas para los países demandados. De hecho, Argentina ya acumula 61 demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), por incumplimiento de normas previstas en sus acuerdos de libre comercio con otros países.
En términos políticos, la impronta brasilera, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, se hace sobre los derechos de los pueblos indígenas por encima de la demarcación de sus tierras ancestrales -incluso en áreas protegidas y consideradas estratégicas para garantizar el equilibrio de las temperaturas en un contexto de calentamiento global, como la selva amazónica-. Esto con el fin de beneficiar a los sectores agroindustriales (como la ganadería y la agricultura industrial) y extractivistas no puede entenderse como un hecho menor: Brasil es el mayor exportador de carne del mundo y, en 200 días, el gobierno autorizó el comercio de 290 nuevos agrotóxicos, 32 de ellos prohibidos en la UE. Frente a esta expansión del uso de agroquímicos, el acuerdo evidencia un apoyo de los bloques al mercado de químicos y a la agricultura intensiva.
Las actividades agropecuarias tienen fuerte influencia en el calentamiento global, no solo porque son responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también por la cantidad de agua necesaria para sostener la actividad, entre de 20 y 30% de toda el agua potable del mundo, más allá de ser responsable por 70% de la desertificación a nivel mundial. Por todas estas razones, el aumento de la exportación de carne también debería ser una preocupación desde los países miembros de la UE y del Mercosur. Sin embargo, el acuerdo posibilitará un mayor consumo de este producto, yendo a contramano de las recomendaciones de la ONU.
El texto del acuerdo habla de «desarrollar el comercio internacional de forma a contribuir con el objetivo del desarrollo sostenible, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones», sin embargo, no establece ninguna propuesta concreta sobre cómo este objetivo será alcanzado. El bienestar de las futuras generaciones está en constante debate en las instancias de discusión sobre el cambio climático, millones de jóvenes alrededor del mundo -en sus movilizaciones «Viernes por el futuro»- interpelan a las autoridades para que tomen medidas concretas sobre la problemática que les afecta directamente.
Tratar el acuerdo apenas desde el punto de vista económico es ignorar las voces de científicos, organizaciones ambientales, la sociedad civil y las propias agencias internacionales en sus recomendaciones frente a la profunda crisis ambiental que está llevando el Planeta al borde del colapso. El mencionar, diplomáticamente, a las recomendaciones -presentes en varios momentos el texto- no hace del acuerdo un instrumento que respete los límites previstos por los informes oficiales en materia de sustentabilidad, adaptación y mitigación. Mientras se impulsa el desarrollo, las medidas para combatir las causas de la crisis socioambiental siguen en el papel.
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