El 14 de agosto de 1985 -hace casi 30 años- ocurrió la mataza de Accomarca, uno de los crímenes más abominables en la historia del Perú en el siglo XX. Los hechos tuvieron lugar a sólo tres semanas de haberse iniciado el primer gobierno de Alan García, y señalaron la «estrategia antiterrorista» diseñada por el […]
El 14 de agosto de 1985 -hace casi 30 años- ocurrió la mataza de Accomarca, uno de los crímenes más abominables en la historia del Perú en el siglo XX. Los hechos tuvieron lugar a sólo tres semanas de haberse iniciado el primer gobierno de Alan García, y señalaron la «estrategia antiterrorista» diseñada por el régimen para «pacificar» los andes peruanos.
Como la impunidad no es eterna, hoy el caso, luego de diversos avatares, está en manos de la Justicia. El Tribunal de la Sala Penal Nacional, presidido por el magistrado Ricardo Brousett Salas, espera emitir sentencia en agosto de este año, luego de seis audiencias en las que deberán comparecer los principales responsables de este horrendo suceso.
Si revisamos los antecedentes del caso, recordaremos que el 4 de agosto de ese año, una patrulla militar al mando del Teniente EP Enrique de la Cruz Salcedo intervino, y detuvo en la localidad de Pucayacu a 10 campesinos de la zona, entre los que se encontraban tres mujeres. Mientras ellas fueron liberadas a los tres días de la captura, luego de ser violadas; los siete hombres fueron ejecutados. El oficial de Tercera José Gutiérrez Herrada ordenó aniquilarlos con dos disparos a la cabeza de cada uno de ellos.
Cinco días después, el 9 de agosto, otra Patrulla similar, al mando del Subteniente Guillermo Paz Bustamante incursionó en el poblado de Accomay y ejecutó a cuatro hombres y dos mujeres, acusándolos de «terroristas». El mismo día se desplazó a Llocllapampa, donde hizo lo mismo, con dos hombres y una mujer.
Fue ese, el preludio para lo que ocurriría el 14 cuando las Patrullas «Lince 6 y 7», «Lobo» y «Tigre», operaron en la provincia de Vilcashuamán, al mando de los Tenientes Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón. En Accomarca, detuvieron a todos los pobladores que allí vivían, incluyendo mujeres y niños. Los capturados, fueron trasladados a Llocllapampa, donde los hombres fueron torturados, y las mujeres violadas. En el interior de la casa del comunero Gamboa, fueron atados y ametrallados. Luego, les arrojaron bombas para desperdigar sus cadáveres; y finalmente incendiaron la vivienda, para no dejar huella. Como resultado de la acción murieron 39 personas adultas y 23 niños. Otras 3 fueron declaradas «desaparecidas».
Cuando el Senado de la República, en aquellos años, investigó los hechos, el Subteniente Hurtado declaró que había matado a los niños porque «desde los dos años, ya eran terroristas», y porque había recibido órdenes para «defender la democracia».
Para que todos tuvieran la certeza que éste no era un hecho «aislado» -como lo aseguró el gobierno entonces- los días 26 y 27 de agosto, efectivos militares consumaron matanzas similares en Bellavista y Umaro, que concluyeron con la muerte de 59 campesinos. 5 masacres, una tras otra.
Luego de los hechos de Accomarca, el Teniente Hurtado fue felicitado, y ascendido. Protegido, se le mantuvo en funciones y con servicio en el país y en el exterior, durante los gobiernos de García y Fujimori. Lo mismo ocurrió con Rivera Rondón. Hoy, estarán sentados en el banquillo de los acusados. Con ellos, los responsables de esa política, correrán la misma suerte.
No obstante, el procedimiento judicial no incluye ni a Alan García ni a Alberto Fujimori, responsables directos de lo ocurrido. Ellos, seguirán gozando de la impunidad más absoluta en la materia.
El testimonio brindado por Telmo Hurtado constituye una prueba fehaciente de lo que fue el Terrorismo de Estado en nuestro país. El admitió abiertamente haber participado en los hechos, pero aseguró que «recibió órdenes superiores de los altos oficiales». Sostuvo, adicionalmente, que este tipo de acciones «eran normales en Ayacucho» porque «así se combatía al terrorismo». Señaló, además, que sus superiores le ordenaron «eliminar a todos, porque eran terroristas comunistas».
El núcleo de la declaración es muy claro. Todo lo que hicieron los 12 mil oficiales destacados en esos años para consumar estas acciones, fue resultado de una política diseñada por los altos mandos castrenses y asumida por las autoridades gubernamentales de entonces.
Como en la Argentina de Videla, aquí también se cumplieron órdenes. Y no pudo haber sido de otro modo. No podría imaginase que en un cuerpo militarmente organizado, los subordinados actuasen según su libre albedrío y leal saber y entender.
La política de exterminio seguida por las entidades castrenses en este aciago periodo de la vida nacional, respondía a la idea de «una guerra atípica y no convencional», en la que eran válidos todos los procedimientos a fin de «exterminar al enemigo». El «enemigo», en el caso, eran niños, mujeres o ancianos de más de 80 años, como sucedió también en Pomatambo y Parcco Alto, otras localidades arrasadas en aquel tiempo.
Esa fue la manera práctica de «combatir al terrorismo». Estaba planificada así por los «manuales» procedentes de la Escuela de las Américas, donde instructores de la CIA, «educaban» a los oficiales de las instituciones armadas encargadas de operar en esa «guerra». En ella se disponía la eliminación de todos. Se trataba de no dejar sobrevivientes que pudieran, en su momento, presentar testimonio de acusación contra alguien. Por eso, no se dejó a nadie vivo en estas quebradas andinas.
Tampoco en Cayara, donde los efectivos militares, tras asesinar a 32 campesinos , «cazaron» uno a uno a los sobrevivientes de la mataza ocurrida el 14 de mayo de 1987; y los mataron, para que no rindieran testimonio en torno a los hechos.
Es claro que esta «guerra contra el terrorismo», fue inventada. En ninguno de estos lugares operaban «columnas senderistas», ni hubo enfrentamientos de ningún tipo. En todos estos casos, y en muchos más, los muertos fueron simplemente campesinos, hombres, mujeres y niños que vivían en aldeas dedicadas a la producción agrícola. Por eso, cuando
la Comisión de la Verdad hizo el resumen de lo ocurrido, señalò que el 75% de las víctimas de esa política, fueron quechua hablantes y habitantes de poblaciones rurales.
Su muerte, fue el resultado de una polìtica impuesta con el propósito deliberado de fascistizar a la Fuerza Arrmada, asegurando que todos sus integrantes -sin excepción- cometieran excecrables crímenes contra la población.
Así, incubanan en ellos un odio profundo al pueblo, y abrían un abismo de sangre entre la poblaciòn civil y la institución armada, como una manera de asegurar que nunca más en el Perú ocurriera un proceso similar al del general Velasco, cuyo símbolo estuvo basado siempre en la unidad del Pueblo con la Fuerza Armada, como herramienta imbatible de transformación social.
Convertir a los militares en enemigos de su pueblo resultaba una vacuna indispensable, al mismo tiempo que dejaba libres las manos de los mandos castrenses para que hicieran de las suyas. Así ocurrió.
En el proceso judicial en marcha no sólo comparecerá Telmo Hurtado -«la hiena de Accomarca», como se le calificó- sino tambioèn los mandos que impartieron las órdenes: el general Wilfredo Mori y otros, entre losd que destaca el general Williams Zapata, Jefe de las Unidades Lince y quien. años más tarde, tuviera funciones principales en la Operaciòn Chavín de Huantar, en la que fueran aniquilados 14 emerretistas que en diciembre de 1996 tomaran la residencia del embajador japonés en Lima.
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