Uno de los documentos filtrados por Greenpeace condiciona el derecho a regular en el sector servicios a que se ejecuten «políticas públicas legítimas», pero no incluye una definición sobre este término, que queda convenientemente abierto a la interpretación de gobiernos y corporaciones. La Comisión Europea intenta achicar agua tras la revelación de parte de los […]
Uno de los documentos filtrados por Greenpeace condiciona el derecho a regular en el sector servicios a que se ejecuten «políticas públicas legítimas», pero no incluye una definición sobre este término, que queda convenientemente abierto a la interpretación de gobiernos y corporaciones.
La Comisión Europea intenta achicar agua tras la revelación de parte de los documentos secretos del TTIP, pero el análisis de las casi 250 páginas filtradas este lunes amplía la brecha y sirve de altavoz a organizaciones civiles, sindicatos y partidos políticos, que alertan de que el polémico acuerdo restará soberanía a los estados para entregársela a las corporaciones.
De hecho, uno de los documentos recoge cómo la UE propone condicionar el derecho a regular de los estados firmantes en materia de servicios a que sus decisiones persigan «objetivos políticos legítimos». Sin embargo, el texto en cuestión no incluye entre muchas definiciones una que haga referencia a este concepto, que queda convenientemente abierto a la interpretación, como explica a Público Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción. «La interpretación es enormemente arbitraria», apunta.
«Cada una de las partes (EEUU y los 28 estados de la UE) mantiene el derecho a adoptar, mantener y reforzar las medidas necesarias para lograr objetivos políticos legítimos como proteger a la sociedad; al medio ambiente y a la salud pública; a los consumidores; asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero; promover la seguridad y la protección de la diversidad cultural», reza el texto incluido en el documento Comercio Transfronterizo de Servicios, fechado el 30 de noviembre de 2015. Es un texto consolidado, lo que significa que recoge las posiciones europea y estadounidense, y en este caso es el Viejo Continente quien plantea esta cláusula trampa.
Kucharz sostiene que esta y otras propuestas que hoy están sobre la mesa de negociación buscan atar las manos de los estados para impedirles regular: primero, por la inclusión de cláusulas de trato nacional que «persiguen obligar a los gobiernos a tratar a las empresas extranjeras como a las nacionales», y segundo porque «los inversores podrían utilizar disposiciones del TTIP para proteger sus inversiones, llegando a demandar a los estados si hay regulaciones molestas». «Esto puede limitar la capacidad de los gobiernos para apoyar a proveedores locales», advierte.
Este tipo de lenguaje abierto a la interpretación es una constante en este tipo de tratados: en el marco europeo la «protección al consumidor» que recoge esta cláusula trampa pasa por prohibir ciertas sustancias químicas que al otro lado del Atlántico sí están permitidas, por poner sólo un ejemplo.
Algo similar ocurre con la propuesta sobre Cooperación Reguladora -como la bautiza la UE, EEUU quiere darle otro nombre- también filtrada este lunes. El artículo X.1 del documento en cuestión, que no está fechado, incorpora una cláusula similar, también redactada por la Comisión Europea, representante de los 28 en las negociaciones.
«Las provisiones en este capítulo no restringen el derecho de cada parte de mantener, adoptar y aplicar medidas, para alcanzar objetivos de políticas públicas legítimos»… «como los esfuerzos para estimular el crecimiento o el empleo, para proteger las vidas de animales y plantas o las condiciones de trabajo». Sin embargo, teniendo en cuenta que EEUU no ha ratificado 6 de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -la UE los ha firmado todos-, la diferencia de criterio entre Washington y Bruselas en lo que respecta a la concepción de las «condiciones» de sus respectivos trabajadores parece evidente.
Medidas «no más gravosas de lo necesario»
Otra de las modalidades de cláusula trampa predilectas de Bruselas aparece en la propuesta europea en materia de Servicios, Inversiones y Comercio Electrónico para el TTIP. «Las medidas [adoptadas por las partes] no deben ser más gravosas de lo necesario para conseguir su objetivo», reza el documento, fechado a mediados de julio de 2015. En este caso el texto sólo incluye la posición de la UE, por lo que es público y aparece en la web de la Comisión, como no ocurre con los textos con los planteamientos estadounidenses, que sólo pueden ser consultados por funcionarios que trabajen en la materia, diputados y miembros de los respectivos gobiernos.
El escándalo de la filtración de 16 documentos del tratado por parte de Greenpeace Holanda ha puesto en jaque al Ejecutivo comunitario, cuyos portavoces tan pronto restan importancia a la filtración como aseguran que no se han interpretado adecuadamente los textos, mientras repiten los argumentos ya habituales para defender el acuerdo. Y mientras países como Francia elevan el tono de sus críticas y cuestionan que el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés) pueda ser realmente beneficioso para Europa.
«La filtración denota que funcionarios de la UE y políticos del bando conservador y socialdemócrata nos han mentido cuando han dicho que las negociaciones no van sobre eliminación de derechos y regulaciones. Los documentos filtrados muestran que hablamos de una rebaja importante de derechos fundamentales», explica Kucharz, que presume del trabajo «muy bien hecho» de varias organizaciones y movimientos que llevan «desde el minuto cero» exigiendo la suspensión de las negociaciones», sin los que «no podría explicarse el impacto de las filtraciones».
La «agresividad» de Bruselas
El portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, explica a este diario que la filtración ha sido clave para confirmar sospechas sobre el TTIP, y censura que ni siquiera uno de los documentos publicados mencione en forma alguna el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, sellado en diciembre de 2015.
«En algunos casos los documentos no me han sorprendido nada, pero es interesante leer las posturas de EEUU y la UE en los textos, en los que creo que hay amenazas confirmadas», apostilla Kucharz, que recuerda que aún no han sido publicados varios anexos que aparecen referidos en los documentos, y que podrían aportar nuevos detalles.ç
Así, y a pesar de que las exigencias de Washington son las que han levantado una mayor polvareda mediática, son precisamente las de la UE, la «agresividad» con la que interroga a EEUU por cuestiones regulatorias de cada uno de los 50 estados lo que más sorprende al activista, que sí daba por sentada la asunción de postulados de la gran industria.
Marcellesi comparte esta última idea, pero también se muestra optimista: si hace meses ya defendía la posibilidad de acabar con el acuerdo, hoy asegura que quienes se oponen al TTIP cada vez tienen mejores cartas, y que la Comisión será incapaz de aprobar un acuerdo lastrado por su opacidad y por la creciente oposición ciudadana. «Lo importante hoy es ganar la batalla del relato sobre el tratado», afirma el portavoz de Equo, que pide abrir el melón del debate para alcanzar un modelo comercial alternativo, «más justo» que el que promulga Bruselas con tratados como el denostado acuerdo transatlántico.
Fuente: http://www.publico.es/internacional/ttip-incluye-norma-trampa-limitar.html