En el primer trimestre de 2016 Alemania registró 181.405 solicitudes de asilo, lo que supone un aumento del 112% respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras han alentado a la extrema derecha que se presenta a las elecciones en la potencia europea. Fundado en 2013, el partido «Alternativa para Alemania» (AfD) logró en […]
En el primer trimestre de 2016 Alemania registró 181.405 solicitudes de asilo, lo que supone un aumento del 112% respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras han alentado a la extrema derecha que se presenta a las elecciones en la potencia europea. Fundado en 2013, el partido «Alternativa para Alemania» (AfD) logró en los comicios federales de ese año el 4,7% de los votos, de modo que se quedó fuera del Budestag. Pero en las elecciones regionales de marzo de 2016, la formación xenófoba alcanzó el 15% de los votos en Baden-Wurtemberg, más del 12% en Renania-Palatinado y el 24% en Sajonia-Anhalt. En este estado el Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD), de orientación neonazi, rozó el 2% de los votos.
Un reciente informe de Amnistía Internacional – «Vivir en la inseguridad: cómo desatiende Alemania a las víctimas de la violencia racista»- ahonda en la inquietud ante el nuevo escenario. En un país que recibió en 2015 a más de 1,1 millones de solicitantes de asilo (el 40% procedentes de Siria), aumentaron los crímenes por razones de odio. «Hace tiempo que existe la necesidad de revisar cómo abordan estos crímenes las autoridades policiales alemanas», apunta el informe. Actualmente la necesidad se hace más perentoria. Porque durante 2015 se convocaron casi seis manifestaciones a la semana de protesta por la llegada de personas refugiadas, también se incrementaron de manera significativa los ataques contra albergues y solicitantes de asilo. «En los dos últimos, el país ha visto cómo se incendiaban albergues y cómo los manifestantes impedían a solicitantes acceder a estas instalaciones, así como ataques diarios a personas en la calle», constata Amnistía Internacional.
En 2015 las autoridades germanas registraron 1.031 delitos con motivación política contra albergues para personas solicitantes de asilo, cifra cinco veces superior a la de 2014 (199 delitos) y 16 veces mayor que la de 2013 (63 delitos). En el primer trimestre de 2016 las autoridades constataron 347 delitos contra albergues para refugiados. No obstante, subraya Amnistía Internacional, «las autoridades estatales y federales no han diseñado mecanismos exhaustivos de evaluación de riesgos para identificar los albergues más expuestos a sufrir ataques». La Fundación Amadeu Antonio, constituida en 1998 y destacada por la lucha contra la xenofobia y la extrema derecha, dio cuenta de 1.085 ataques violentos contra solicitantes de asilo durante 2015, lo que cuadruplica la cifra de 2014. El testimonio de Ciwan B., kurdo que huyó de la guerra de Siria y fue víctima de una agresión en Alemania (septiembre de 2015), resume la situación de numerosos refugiados: «Cuando las autoridades me dijeron que tenía que venir a Dresde (Sajonia), tuve mucho miedo, había oído hablar de PEGIDA («Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente») y las manifestaciones contra los refugiados. Al principio tuve una buena acogida en el albergue para solicitantes de asilo, pero después del ataque estaba aterrorizado y procuraba no salir mucho; temía que volvieran a hacerme daño; todos mis amigos tenían miedo después del ataque contra mí».
Entre 2000 y 2007 el grupo de ultraderecha «Clandestinidad Nacionalsocialista» (NSU) asesinó a ocho personas de origen turco en Alemania, una persona de ascendencia griega y un agente (blanco) de la policía germana. En 2011, informa Amnistía Internacional, se pusieron al descubierto «escandalosos fallos en la respuesta de las autoridades alemanas a los asesinatos», después que se produjera el suicidio de dos miembros del NSU y de que un tercero se entregara a la policía. Sobre la investigación policial de los asesinatos planearon serias dudas. «Centraron su atención en familiares de víctimas y miembros de comunidades minoritarias pese a que no había motivos para sospechar de su participación en los crímenes». Organizaciones de derechos humanos señalaron que la desconsideración hacia el móvil racista de los crímenes ponía de manifiesto un «problema general de racismo institucional en el seno de las autoridades policiales alemanas», expresa el informe de 2016 de Amnistía Internacional.
Después de las revelaciones de 2011, tanto el parlamento federal alemán como diferentes parlamentos regionales realizaron investigaciones sobre la falta de medidas policiales y de inteligencia contra «Clandestinidad Nacionalsocialista». Sin embargo, no se abordó el modo en que había influido el «racismo institucional» en las indagaciones policiales, ya que se desatendieron las pistas sobre el motivo racista de los asesinatos. Con el tiempo se han llevado a término algunas reformas, por ejemplo, en 2015 se reformó el Código Penal alemán para que los tribunales tengan la obligación de considerar cualquier motivo discriminatorio asociado a un delito (sea racista xenófobo o de otro tipo). Además, valora Amnistía Internacional, se han establecido nuevas estructuras de coordinación entre las autoridades para combatir los crímenes de odio. Pero, agrega la organización de derechos humanos, «hay casos en que los responsables policiales no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas y adecuadas sobre las denuncias de violencia racista». Abogados y ONG que trabajan en tales casos critican que los agentes no protejan las pruebas, tampoco tomen declaración a testigos, ni hagan constar posibles motivos racistas en la primera fase de la investigación.
Amnistía Internacional atribuye parcialmente esta falta de garantías a la complejidad del sistema alemán, que cataloga los crímenes de odio como un «subconjunto» dentro de los delitos por motivación política. En estos casos, las investigaciones se trasladan a unidades especializadas de la policía, que en los últimos años han aumentado tanto en número como en recursos. Pero la aplicación del sistema actual, vigente desde 2001, «establece un listón muy alto para hacer constar inicialmente posibles motivos de odio». Además, «los agentes de policía en primera línea no demuestran toda la sensibilidad que deberían mostrar a los indicadores de delitos por motivación racista». El informe «Vivir en la Inseguridad: cómo desatiende Alemania a las víctimas de la violencia racista» no aventura una conclusión definitiva sobre la existencia de «racismo institucional» en el entramado político y jurídico alemán, pero a la luz de la investigación realizada se deja caer lo siguiente: «Hay razones generales, estructurales y de actitud, que explican en parte por qué no se investigan, enjuician y castigan eficazmente los crímenes de odio».
La metodología y las conclusiones del documento aportan información de interés. Aunque se centre en los crímenes racistas, de las investigaciones se infiere que la respuesta de las autoridades es similar en los crímenes de odio homófobos y tránsfobos. El informe se acotó de esta manera «en vista de la falta de medidas por parte de las autoridades alemanas para investigar los crímenes racistas perpetrados por el NSU entre 2000 y 2007». Otro de los factores que influyó fue el acusado incremento en el número de crímenes por razones xenófobas documentado por el gobierno alemán y las ONG durante los últimos años. Particularmente, en cuatro estados alemanes -Baviera, Berlín, Sajonia y Sajonia-Anhalt-, los elegidos por Amnistía Internacional para la investigación. En algunos de ellos (Sajonia y Sajonia-Anhalt) hay establecidos grupos sólidos de apoyo a las víctimas de la violencia ultraderechista; en otros casos, como Baviera, estos colectivos tienen presencia menor, señalan los autores del informe.
El Informe 2015-2016 de Amnistía Internacional para Alemania destaca, en el capítulo de «torturas y malos tratos», informaciones de los medios de comunicación sobre presuntos abusos sufridos en 2014 por dos personas refugiadas, una afgana y otra marroquí, en los calabozos de la policía federal en la estación ferroviaria de Hannover. En el apartado dedicado a la «discriminación», el informe anual apunta las centenares de protestas en todo el país en oposición a los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, sobre todo musulmanes. También recuerda que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial señaló la «inacción» de las autoridades a la hora de investigar la motivación racial de los delitos, sobre todo respecto a los crímenes del grupo «Clandestinidad Nacionalsocialista». El Comité trasladó además su preocupación por la discriminación de las minorías étnicas en determinadas actuaciones policiales, como parar, formular preguntas, pedir la documentación identificativa e inspeccionar objetos.
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