El Congreso Nacional fue el escenario principal para la derrota de Javier Milei y Patricia Bullrich. No pudieron avanzar con la extranjerización de tierras ni con la modificación de la Ley de Manejo de Fuego. Sí lograron luz verde para los desalojos rurales y urbanos, y restringir las expropiaciones. Una multitud en las calles, en decenas de ciudades del país, gritó en defensa del territorio. Una crónica con las voces que se oponen al saqueo y construyen otro modelo.

El 5 % de las tierras rurales del país, 13 millones de hectáreas, está en manos de extranjeros. El Gobierno nacional y sus aliados provinciales buscan quitar todo límite y favorecer a magnates y corporaciones internacionales. Es un paso más en la profundización del extractivismo y la entrega del territorio. Investigaciones del Observatorio de Tierras de la UBA aportan cifras contundentes de la extranjerización.

El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como de «etiquetado frontal».

Ingeniero agrónomo y profesor titular de la cátedra de Agroecología en la Universidad de La Plata, Santiago Sarandón desarma el relato del agronegocio y muestra las ventajas de producir alimentos sin venenos ni transgénicos. La importancia de la mirada social, integral y el rol campesino e indígena. «Si se produjera con sistemas agroecológicos sobrarían alimentos», afirma y remarca: «El modelo de agronegocio no tiene que existir porque es depredador».

En un hecho histórico, se registraron más de 100.000 inscriptos para las audiencias públicas en defensa del agua. Pero el Gobierno nacional sólo permitió que se expresen 200 personas. Dos días donde quedó muy en evidencia que el Congreso Nacional se mueve en función de los intereses de multinacionales mineras. La complicidad del Poder Judicial y las voces de los territorios que rechazan el extractivismo.

Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.

Anderson Amaro, coordinador nacional del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), destaca los programas de política alimentaria puestos en marcha tras la vuelta de Lula Da Silva a la presidencia, pero advierte la cooptación por parte de la derecha y el agronegocio. «Aumenta la producción de soja, pero llevamos tres años de caída en arroz, frijol y harina de mandioca», marca.

Carlos Duarte integra del grupo de expertos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos. Aporta una mirada que va de su país (Colombia) a lo regional y global. No tiene dudas de la importancia fundamental de la vida y producción campesina, pero también remarca las dificultades ante tres actores: las potencias globales, las corporaciones y la falta de apoyo de los estados nacionales. Y remarca una necesidad tan actual como postergada: la reforma agraria.

Con el despido de 900 trabajadores —muchos con más de veinte años de trabajo—, el Gobierno vació los territorios del apoyo técnico que recibían familias campesinas, pueblos indígenas y cooperativas. Se movilizaron hasta la Secretaría de Agricultura, exigieron las reincorporaciones y denunciaron la política oficial de destrucción de economías regionales. Voces de norte a sur.