Aunque las congresistas fujmoristas Luz Salgado y Karina Beteta han salido ya a denigrar la movilización convocada para el próximo viernes 7 de julio, ella será la expresión multitudinaria de un pueblo que rechaza la impunidad y la colusión con la Mafia. En Lima, y en todo el país, centenares de miles de personas dirán […]
Aunque las congresistas fujmoristas Luz Salgado y Karina Beteta han salido ya a denigrar la movilización convocada para el próximo viernes 7 de julio, ella será la expresión multitudinaria de un pueblo que rechaza la impunidad y la colusión con la Mafia. En Lima, y en todo el país, centenares de miles de personas dirán ¡NO! al supuesto «indulto» que se trama en las sombras y que busca favorecer a Alberto Fujimori, condenado a sólo 25 años de pena privativa de la libertad, cuando bien habría merecido Cadena Perpetua.
Y es que los delitos que se configuraron en el proceso incoado contra el Dictador en el 2009 cuando fuera devuelto al Perú luego de su precipitada fuga en noviembre del año 2000; fueron extremadamente graves: alevosos crímenes, como La Cantuta, Barrios Altos, Pativilca, Huancayo, Huaral y otros; secuestros con modalidades agravantes; desaparición forzada de personas; ejecuciones extrajudiciales; Terrorismo de Estado; y -como no- apropiación ilícita de fondos públicos, robo agravado, peculado, y otros de orden financiero y administrativo. Calculados los bienes y recursos sustraídos, los especialistas hablaron de alrededor de seis mil millones de dólares como un total aproximado de los daños inferidos al Estado y a la Sociedad Peruana, por él y sus cómplices, algunos de ellos alevosamente fugados.
Hoy, cuando han pasado apenas 8 años de esa benévola condena, diversos medios de comunicación, una ficticia «mayoría parlamentaria», y distintos áulicos en la prensa y en la política; han dado fuerza a una campaña ricamente financiada, exigiendo la liberación del reo. Es más: lo han proclamado «el mejor presidente de la historia del Perú», y han denigrado, sin vergüenza alguna, al juez César San Martín y a la Corte que lo sentenciara.
Por supuesto, han omitido decir que el reo, realmente no sufrió hasta hoy un día en cárcel. Fue recluido , y sigue allí en un centro recreacional de la Policía Nacional –el Fundo Barbadillo– donde habita un bien montado ambiente rodeado de jardines que él mismo tiene a su cuidado. Así, el que premió, ascendió y luego indultó a los asesinos del niño de 8 años en una quinta de Barrios Altos por considerarlo «terrorista», y muchos más; goza de enormes privilegios que jamás han sido puestos a disposición de nadie en el Perú. En su «celda», recibe visitas, trabaja en Internet, está conectado a las redes y hace «política», si así se le puede denominar a la conducción de los operativos de la Mafia a su servicio, en distintas esferas del Poder.
El movimiento que lo secunda – por ahora denominada «Fuerza Popular»- usa puestos virtualmente asaltados en la administración pública para sustentar esa campaña. Y se vale de una artificial y dolosamente construida «correlación de fuerzas» en el parlamento nacional, para acosar, doblegar y someter a un Jefe de Estado que carece de apoyo propio, bancada congresal, organización partidaria y asistencia política. PPK, no tiene la experiencia, ni la formación indispensable para hacer frente a esa ofensiva; y sí una errática tendencia a la capitulación y al sometimiento.
Dos «argumentos» usan los portavoces del fujimorismo en nuestro tiempo: que «nos sacó de la crisis económica» y que «nos salvó del terrorismo». Ambas expresiones, ostentosamente falsas, no han sido rebatidas por las autoridades actuales porque de una u otra manera, ellas fueron cómplices de esa política en el pasado.
La «crisis económica» fue creada por la clase dominante cuando Alan García anunció la «estatización de la banca», durante su primer gobierno. Para el sector financiero, eso fue una suerte de «declaratoria de guerra», y respondida en el mismo terreno, provocando una inflación del 7,000% la más grave y severa del país y, probablemente, del continente. Y salió de ella cuando el gobierno de Fujimori le entregó la conducción de la economía al Fondo Monetario Internacional. En este marco, los mandos castrenses -que trabajaban a la sombra de la inteligencia yanqui- diseñaron el «Plan Verde«: un esbozo de dictadura civil-militar que diera un vuelco radical al proceso peruano, terminara con «la herencia velasquista» e impusiera una nueva Constitución Neo Liberal a su servicio.
EL FMI fue el organismo imperial que «nos sacó» de la crisis, pero a costa de destruir el aparato productivo del país, apoderarse de las empresas públicas y quebrarlas, privatizar todos los recursos nacionales y vender al capital foráneo lo que le fue posible. Si hoy el espacio aéreo está en manos extranjeras, como lo están los puertos y los aeropuertos; los centros comerciales, las farmacias, las tierras del Estado, la producción de fruta; y otros; no es producto de una maldición divina, sino el resultado de una política concreta al servicio del capital financiero, y que llevó a la miseria y al abandono a millones de peruanos. El mismo Director del FMI, Michel Candesus lo dijo: «Música para mis oídos», cuando conoció los lineamientos de «programa económico» del fujimorismo en los 90.
Si hoy hay 10 millones de peruanos que viven bajo el límite de la pobreza; si existen casi 4 millones de trabajadores informales que ponen en peligro sus vidas a cambio de salarios indignos; si se registra un 60% de niños que sufren los efectos de la desnutrición crónica; si subsiste el analfabetismo que ha desaparecido ya en país hermanos, como Cuba , Nicaragua o Bolivia; si hay millares de personas con los pulmones tomados por el plomo de los relaves mineros; si la gente vive en los acantilado y sufre dramas horrendos en cada huaico que se registra anualmente; todo eso -y mucho más- es producto del «modelo» que constitucionalizó la dictadura, y que subsiste hasta hoy por el servilismo de gobiernos posteriores que doblegan siempre la cerviz ante el Gran Capital. El drama de los niños mineros de Pasco, y lo ocurrido en las Galerías Nicolini, recientemente, constituye apenas la secuela del drama nacional.
Y lo del «terrorismo» es otra mentira: la «descomunal ola terrorista» que se desató en el Perú no fue obra de ningún Partido de Izquierda ni de ninguna fuerza revolucionaria. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y sus «colegas» de acá, se «montaron» sobre una pequeña estructura entonces existente -«Sendero Luminoso»- y ejecutaron infinidad de acciones terroristas que se las adjudicaron a SL. Matanzas de campesinos, como Soccos, Accomarca, Llocllapampa o Cayara -solo para citar algunas- fueron consideradas inicialmente «acciones senderistas», pero las investigaciones posteriores las acreditaron como lo que eran: Obra de comandos militares. Lo mismo podría decirse de las voladura de torres de alta tensión, los «paros armados y hasta e los «coches bomba». No hay que olvidar que el vehículo que estallara ante el Canal 2 a inicio de los 90, fue un camión de la Marina de Guerra. Y el hecho, realmente nunca fue investigado.
¿Y por qué «desapareció» la actividad terrorista? Porque quienes la tenían a su cargo, dejaron de hacerla por una razón muy simple: ya habían consolidado su gobierno, asegurado el «Plan verde» e impuesto el «Modelo» Neo Liberal. Ya no necesitaban hacer más terrorismo. En cambio, presentaban la imagen que ellos habían «desbaratado a Sendero». Victoria completa.
Perú es un país atravesado por una grave crisis que le ha cogido la médula. Y está virtualmente quebrado por la política de la Clase Dominante a través de sucesivos gobiernos pro norteamericanos, que buscaron siempre la venia de Washington para sus acciones. En este marco, la liberación de Fujimori implicaría una capitulación, en toda la línea por parte del Jefe del Estado. Y eso lo saben, incluso, los llamados «remanentes» de Sendero. Por eso, el abogado Alfredo Crespo -vocero reconocido del MOVADEF ha apoyado resueltamente el «indulto» al dictador arguyendo que eso «abriría la puerta a Abimael Guzmán». Sabe lo que dice.
Para enfrentar ese vejamen al país y esa afrenta a los derechos más elementales de los peruanos, nos movilizaremos el viernes 7 de julio. No por odio, sino por amor a la vida, y a la paz. Y no será ésa la Marcha de un sector, de un segmento, o de un Partido. Será la expresión rotunda de un pueblo dispuesto a dar batalla sin tregua contra el crimen y la impunidad.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera
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