Silvia Macciotta, colega y amiga de muchos años, me hizo ver el juego mágico que se inscribe en la suerte de Angélica Mendoza, la madre ayacuchana que falleciera recientemente tras una dura lucha en defensa de su hijo Arquímedes Ascarza Mendoza, y los desaparecidos en el Perú. En efecto, la «Mamacha» como se le conocía […]
Silvia Macciotta, colega y amiga de muchos años, me hizo ver el juego mágico que se inscribe en la suerte de Angélica Mendoza, la madre ayacuchana que falleciera recientemente tras una dura lucha en defensa de su hijo Arquímedes Ascarza Mendoza, y los desaparecidos en el Perú.
En efecto, la «Mamacha» como se le conocía más popularmente, combatió 34 años hasta lograr, finalmente, que el Poder Judicial emitiera sentencia en el caso de los detenidos-desaparecidos en el Cuartel «Los Cabitos» de Ayacucho.
Hace pocos días, el Estado Peruano reconoció que el citado establecimiento militar fue usado como un Centro Clandestino de Reclusión a partir de 1983; y que allí se instaló un horno crematorio en el que fueron incinerados los restos de centenares de detenidos-desaparecidos en lo que se ha dado en llamar «los años de la violencia».
Como consecuencia de la decisión judicial, pudo establecer que el hijo menor de Angélica -Arquímedes- fue extraído de su domicilio y recluido en ese cuartel, donde fue ejecutado extra judicialmente y luego incinerado.
Nadie pudo negar el hecho porque la madre conservó amorosamente, todo ese tiempo, una nota escrita y enviada por la victima, reportando su estancia en los calabozos de ese Centro.
Diez después de conocida la Sentencia que pone fin a un caso que duró casi tres décadas y media, Angélica, falleció. No podía morir antes. Como siempre lo dijo, tenía el deber de esperar que se hiciera justicia. Hoy se dice que fue a reunirse con su hijo informándole que, finalmente, había conocido su destino.
Angélica expiró el pasado 28 de agosto, el mismo día en el que se conmemora el Informe de la Comisión de la Verdad, que recogiera la denuncia del caso y el testimonio de la madre; a la par de muchísimos otros documentos similares. Y los restos de la «Mamacha» fueron sepultados hoy -30 de agosto- cuando se recuerda en América el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, como una forma de rendir homenaje a las víctimas de los brutales regímenes que asolaron varios países de nuestro continente en décadas pasadas.
«Los Cabitos» -el lugar en el que ocurrieron los hechos- es el Cuartel más importante de Ayacucho y uno de los más significativos de la Sierra Central. Debe su nombre a que en ese lugar se reunieron los jóvenes que -en los aciagos días de la Guerra del Pacífico- tomaron las armas para enfrentar al invasor.
Fue, desde entonces, un símbolo de coraje y heroísmo, pero la Clase Dominante peruana lo convirtió, desde 1983, en el símbolo del terror. Y sólo ahora comienza a oficializarse una verdad que fue dicha de boca en boca por millares de peruanos durante más de 30 años.
En lo personal, conocí a Angélica Mendoza en agosto de 1985, cuando se instaló en el Parlamento Peruano, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la que formé parte. A nosotros vino Angélica con un grupo de madres, hermanas y esposas de detenidos-desaparecidos, que reclamaban justicia. Nos trajo la nota escrita por su hijo, pero también su propio verbo, inflamado y enardecido.
Ya había luchado más de dos años sin conocer el destino ni la suerte de Arquímedes, no obstante que había tocado todas las puertas que le fuera posible en ese contexto: la Fiscalía, el Poder Judicial, la Iglesia, y, por cierto, todas las dependencias policiales y militares de la zona. También ya había puesto el caso en manos del Parlamento anterior, sin encontrar respuesta.
Después la vi en muchas otras ocasiones. Todas las veces en las que visité Ayacucho entre 1985 y 1990; pero también en Lima, cuando ella vino en busca de justicia. Con otros parlamentarios visitamos más de una vez el Cuartel Los Cabitos y entrevistamos a los jefes y oficiales que desempeñaban funciones allí. En todos los casos, la respuesta encontrada, fue el silencio. Y nunca resultó posible conocer algo más.
Aun así, fue posible apreciar el inmenso aporte de Angélica a esta causa que comprometiera a muchos: Ella organizó a madres, esposas, hermanas e hijas de las víctimas del terror de aquellos años, para hacerlas despertar, combatir, hablar en alto y enarbolar legítimas banderas. Creó desde el corazón, sentimiento y conciencia de justicia.
Después de 1990 cayó el telón sobre todos los peruanos. La dictadura Fujimorista generalizó la abominable experiencia heredada, de modo que se institucionalizó la violación de los Derechos Humanos. Las Ejecuciones Extra judiciales, la Desaparición Forzada de Personas, la Habilitación de Centros Clandestinos de Reclusión, la Detenciones Ilegales y la Tortura; fueron el uso común de la estructura del Estado. Así, se amasaron 70 mil muertos, y más de 15 mil desaparecidos.
Se desató, contra el pueblo peruano, una verdadera guerra de exterminio. 3, de cada 4 víctimas del Terrorismo de Estado, vivían en poblaciones rurales; y eran Quechua-hablantes. El 98% de los ciudadanos oficialmente detenidos, fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, terminología especializada que se usa para aludir a brutales torturas.
Casos horrendos, como la matanza de Barrios Altos; o el secuestro y ejecución de un profesor y 9 estudiantes de La Cantuta; o muchos otros crímenes ocurridos en Huancayo, El Santa, Huaral y otros lugares; despertaron un legítimo clamor ciudadano-, pero no pudieron evitarse. Solo el fin de la dictadura -el año 2000- comenzó a hacer luz en la materia. La formación de la Comisión de la Verdad y las sucesivas denuncias contra los crímenes de Estado; alentó en mucho esta batalla.
La decisión judicial sobre el caso de Los Cabitos es parcial y sesgada, porque asoma incompleta. Pero también lo es la sentencia referida a la matanza de Accomarca, y aun el deslinde pendiente en otros dos grandes casos: el uso de Grupos de Aniquilamiento -como el Comando Rodrigo Franco-, y el tema de los Penales: El Frontón, Lurigancho y Castro Castro, los dos primeros en 1986 y el tercero en 1992.
Todos esos crímenes están en la agenda de los peruanos. Y solo en la medida que seamos -todos- como Angélica Mendoza, será posible hacer justicia.
En su memoria, y con su ejemplo, debemos perseverar en el empeño y lograr que resplandezca legítimamente la verdad.
Gustavo Espinoza M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.
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