Los derechos humanos como obligación del Estado y límite a la Junta de Control Fiscal

Saludo y Agradecimientos:

Agradezco inmensamente la oportunidad que me dan en esta mañana de compartir con ustedes unos pensamientos. Les agradezco más porque me permiten compartir este espacio de conversación con uno de los hombres que más admiro y respeto, por su valentía, su resistencia, su compromiso con nuestra patria y con las aspiraciones más nobles de nuestro pueblo. Así que si me lo permiten, aprovecho también la oportunidad, para desde aquí expresarle a él mi agradecimiento. Oscar, no hay nada que pueda devolverte lo que has hecho y sacrificado por este pueblo. Gracias.

Gracias también a nuestro Presidente, Alejandro Torres, y a la Junta de Gobierno, a sus miembras y miembros, y a todas las compañeras y compañeros colegiadas que están presentes en nuestra asamblea en el día de hoy.

Les confieso lo siguiente antes de comenzar. Cuando recibí la llamada de la compañera Carol Sosa, hace algo más de un mes, para informarme que la Junta de Gobierno había decidido extenderme una invitación para ser oradora junto con Oscar en nuestra Asamblea, la verdad es que no la entendí. Pensé que me llamaban para ayudar a identificar a alguna persona que por su experiencia pudiera dirigirse a nosotras y nosotras hoy. Enseguida ella aclaró que me llamaba porque querían que yo fuera oradora, junto a Oscar Lopez Rivera. Entonces, me comenzaron a temblar las rodillas, y no han parado de moverse de forma descontrolada desde entonces. Carol notó mi inquietud a través del auricular, y luego de un silencio tenso, me dijo, «Annette, queremos que hables tú, hacen falta mujeres que nos representen en este espacio, y creemos que tienes la experiencia y el valor necesario para hacerlo». No tuvo que decir más.

Así que con gran humildad y respeto, me dirijo a ustedes, sabiendo que muchas de ustedes, mis compañeras abogadas, activistas y defensoras de derechos humanos, tienen también mucho que decir y muy pocos foros donde ser escuchadas. La experiencia, tenacidad, y el valor nos sobran. Espero poderlas representar bien.

«Tiempo de derrumbamiento y perplejidad; tiempo de grandes dudas y certezas chiquitas. Pero quizá no sea tan chiquita esta certeza: cuando nacen desde adentro, cuando crecen desde abajo, los grandes procesos de cambio no terminan en su lado jodido.»

A pesar de los pesares, Eduardo Galeano

De acuerdo con el economista puertorriqueño, Dr. José Caraballo Cueto, en Puerto Rico estamos viviendo una gran depresión, en sus palabras esta es «LA gran depresión de Puerto Rico, porque es la depresión económica más larga y profunda que hayamos vivido en nuestra historia. Esta gran depresión, comienza en el 2006, y desde entonces como sabemos, no hemos sacado los pies del plato.

En medio de este contexto, es que me toca dirigirme a ustedes hoy, y hay tres puntos que me parecen cruciales y punto de partida para encarar el problema de la crisis en Puerto Rico, o al menos comenzar la conversación.

• Primero, que aunque nuestra crisis no es nueva, ni diferente a la que se atraviesa en otros países, ya en este punto, no debe quedarle duda a nadie, que nuestra relación colonial nos ha puesto en una situación que limita grandemente el abanico de alternativas; y aún habiendo otras opciones, el Congreso de Estados Unidos ya se encargó de imponernos como única opción, pagar la deuda, aunque eso conlleve el estrangulamiento total de nuestros recursos.

• Segundo, que nuestra crisis no es tanto nuestra como de Estados Unidos, y en ese sentido los efectos de las decisiones que se han tomado por el gobierno federal y por sus administraciones locales de gobierno, implican una responsabilidad internacional, y esta responsabilidad es primaria y única de Estados Unidos, porque es quien ejerce poderes soberanos sobre nuestro territorio.

• En tercer lugar, que la narrativa de la crisis económica ha servido como subterfugio para el adelanto acelerado de una agenda claramente neoliberal que socava las protecciones de los derechos más básicos de nuestra población. Es decir, la crisis económica es una oportunidad perfecta para privatizar, a la disminuir servicios públicos, reducir derechos y protecciones laborales, entre otras.

Así que en mi ponencia pretendo establecer las bases para un reclamo colectivo, moral, ético a la existencia digna en este territorio que es nuestro país. Este reclamo tiene base en el derecho humano a la vida, que hoy se entiende como un derecho múltiple, que exige la presencia de condiciones básicas para una vida segura, productiva, y participativa en la comunidad. Esas condiciones ya no existen en Puerto Rico, y las políticas fiscales propuestas no están planteadas con esa necesidad como objetivo.

Por el contrario, la crisis económica se ha planteado en Puerto Rico como una calle sin salida, donde la solución única es pagar la deuda, sin más, y extender la implementación de políticas neoliberales dirigidas a generar condiciones que aunque empobrecen más a nuestra gente, dan paso libre y rápido al libre mercado.

Curiosamente, políticas similares ya se han propuesto e implementado, apoyadas por Estados Unidos en otros países. Un examen rápido de la historia nos tiene que hacer recordar a Chile y su tiempo de dictadura militar, cuando al mando de los «Chicago Boys» se implementa la doctrina del shock, y se quedaron con los recursos naturales y con todos los servicios públicos de Chile. Pero, no es el único lugar, Estados Unidos también ha implementado esta política en su propio territorio. Lo vimos por ejemplo en New Orleans, como justificación para atender la emergencia causada por el huracán Katrina. Esta fórmula, que utiliza las llamadas «emergencias» o «crisis» para adelantar cambios sumamente rápidos al andamiaje económico y social, resultó en la eliminación de ayudas de asistencia social, de servicios públicos, y la privatización de bienes, escuelas y hospitales, entre otros. Todo esto a una velocidad de rayo, mientras la población afectada está todavía tratando de entender lo que está pasando. Esta es la llamada doctrina del Shock (que explica muy bien la escritora Naomi Klein), «Shock Doctrine», que definitivamente se está tratando de implementar, o lleva rato ya implementándose en Puerto Rico.

En Puerto Rico no ha sido diferente, bajo la Ley PROMESA, se le entregó a la Junta, por razón de una «crisis», la facultad unilateral de tomar decisiones que afectan los derechos y servicios esenciales de nuestra gente. Esto se ha hecho además, mediante una ley que prácticamente no puede ser cuestionada, y solamente ante un juez federal. Nos han dejado sin ninguna salida, y la pregunta entonces es, qué debemos hacer, qué pensamos hacer, qué tenemos que hacer.

En mi opinión y a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, la Ley PROMESA y todas las acciones que se derivan de ella son inválidas. Son inválidas como tan inválida es nuestra relación colonial. Y así mismo también son inválidas las acciones de las administraciones coloniales de nuestro territorio que se han encargado de agenciarse el dinero del erario público para beneficio privado. Estas políticas no se sostienen, estas leyes no se sostienen, no pasan un examen de derecho internacional de derechos humanos porque laceran el derecho a una vida digna en Puerto Rico.

El reclamo a una vida digna, es precisamente el que ha mantenido en pie la lucha a miles de poblaciones marginadas alrededor del mundo, cuando el derecho no parecía favorecer sus reclamos. Por ejemplo, (y lo menciono, porque son casos que conozco y en los que de alguna manera trabajé), lo vimos en los casos de los pueblos indígenas de nuestro continente, en Paraguay y en Ecuador, cuando, con una lucha feroz en contra de fuerzas militares y de empresas privadas que explotaban sus territorios, sin ningún tipo de consideración para ellos, sus niños, sus niñas, su cultura y sus espacios ancestrales, se han tenido que levantar y exigir su reclamo a una tierra que les pertenece. Y ese reclamo lo han hecho a través del derecho a la vida, (un derecho que está incluido en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que es de obligado cumplimiento para Estados Unidos).

Ellos lograron establecer un desarrollo significativo sobre el derecho a la vida, para que no sea sólo un derecho a la vida, sino un derecho a la vida con dignidad. Los pueblos indígenas reclamaron lo que a nivel internacional no estaba claro, pero que para ellos sí, desde el principio, que la vida no es vida sin dignidad, y que la vida no es vida sin discriminación y sin participación en las decisiones que nos afectan.

Así, en esos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que «[u]na de las obligaciones ineludibles del Estado […] con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana», y eso según la Corte Interamericana incluye derecho a una debida alimentación, el acceso al agua limpia, a la educación, a los servicios de salud, al uso y disfrute de los recursos naturales, y en especial, el asegurar que estén libres de contaminación. De acuerdo con la Corte Interamericana, todas estas obligaciones forman parte del derecho de todo ser humano a una vida digna.

En los casos en los que tuve la oportunidad de representar a víctimas de [violaciones de] derechos humanos, yo tengo muchísimos recuerdos muy vivos de experiencias terribles vividas en el Cono Sur y en espacios muy cercanos a nosotros en el Caribe, donde hay gente a la que se les ha negado la existencia misma, mediante un concepto que se llama la apatridia. Gente que nace, pero que el Estado se niega a reconocerles su existencia mediante el no registro de ellos al nacer. Este tipo de casos desgarradores que me tocó representar, tuvieron un impacto muy fuerte en mí. Pero, ellos me enseñaron, ellos, las víctimas de estos casos, que la dignidad de cada persona vale más que cualquier estatuto o norma legal, que la dignidad, amigas y amigos, siempre, siempre va por encima del derecho, el derecho no va por encima de la dignidad. Cuando en derecho no se puede hacer más, entonces la fuerza de la necesidad nos tiene que mover a la resistencia.

Ya hemos visto cómo las graves violaciones de derechos humanos tienen una característica común y es siempre la total indiferencia del Estado. Total indiferencia al sufrimiento de las personas afectadas. Indiferencia, falta de apatía, y falta de reconocimiento de responsabilidad por el dolor causado, y ese es casi siempre el elemento principal que sostiene y permite la continuación de violaciones a los derechos humanos. La ley nunca es justa cuando sirve o facilita la violación constante de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Cuando eso ocurre estamos ante una gran contradicción que nos exige denunciar la ilegitimidad de tales acciones.

Por eso, cada vez que yo escucho la frase, que se repite mucho en Puerto Rico, de que «somos un país de ley y orden» (hay gente que le gusta mucho esa frase), no puedo evitar sino sentir por lo menos un poquito de dolor de estómago. Porque aquí cada vez que se cuestiona una acción de protesta o de manifestación pública, se habla de «ley y orden» y hay hasta quien hace alusiones apocalípticas de Puerto Rico, «cómo nos van a ver en el mundo», yo lo he escuchado y sé que ustedes también.

Pero el punto aquí es que la ley es maleable y ha respondido históricamente a los intereses políticos de aquellos que ostentan el poder, e incluso responde a grupos mucho más pequeños que dominan el espacio económico, y siembran sus influencias por medio de la corrupción. En Puerto Rico, poco a poco se han ido modificando las reglas del juego a través de leyes y reglamentos, que siguen favoreciendo cada vez más a los grupos con mayor poder adquisitivo a expensas del resto de la población. Y ése, según Joseph Stiglitz, un economista muy reconocido y premio nobel de economía, es a nivel mundial, el elemento principal que sostiene las grandes desigualdades en Puerto Rico.¹

El que hace la ley hace la trampa, así nos han enseñado los propios miembros de la la Junta de Control Fiscal. Esa Junta de Control Fiscal que incluye a puertorriqueños, personas con las manos embarradas en la deuda, con un serio conflicto de interés, ya que jugaron un rol principal en orquestrar el negocio redondo de la deuda de Puerto Rico, facilitando la emisión de bonos que no le sirvieron y no le sirven a los intereses de nuestro país, jugando a pitcher y cátcher entre el Banco Gubernamental de Fomento y el Banco Santander. Y ahora, luego de haber ya generado grandes ganancias, se sientan en la Junta con un discurso de austeridad.

Nuestra legislatura también se presta para el juego de la Junta de Control Fiscal. Mediante legislación, no sólo se modifican términos para favorecer y acrecentar las ganancias de los ricos, sino que al resto nos quitan lo poco que tenemos. La ley y el poder que otorga a algunos grupos, también se usa por otro lado, como punta de lanza para perseguir a los que cuestionan, para acallar a la disidencia, para amenazarla, y en muchos modos aniquilarla como ha sido históricamente en nuestra país. La idea es hacer que sus espacios sean cada vez más pequeños, y que su mensaje no llegue al espacio público.

Los ejemplos más claros los tenemos demasiado cerca en el tiempo. Por un lado, la aprobación de las enmiendas al Código Penal, aumentando penas y creando delitos que criminalizan acciones que de otro modo se entienden protegidas por la libertad de expresión y de asociación. Por otro, la aprobación de legislación que disfrazada de protección ambiental, abre espacios para la contaminación en Peñuelas y en otros municipios. Estas legislaciones, vistas en su conjunto, responden claramente a una agenda de represión, dirigida a coartar nuestros derechos más básicos. En nombre de la ley, también están realizando detenciones arbitrarias, con uso excesivo de la fuerza, en contra de manifestantes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, que se han lanzado a la calle a protestar contra UBS, contra la Junta de Control Fiscal, contra AES y sus cenizas. Gente valiente, que a pesar de todo lo que arriesgan, no se detienen, y no se detienen porque saben que ya nos han robado todo y lo que nos queda vale oro, nos queda la dignidad.

Pero Estados Unidos, su Junta y la administración local, siguen respondiendo con más represión, de hecho las medidas que nos endilgan en su plan fiscal no pueden describirse de otra forma, porque son en sí mismas violentas. Violentan nuestra autonomía, violentan nuestra libertad, violentan nuestro derecho al desarrollo y a la seguridad social.

No nos equivoquemos, contrario a lo que quieren hacer pensar algunos legisladores de nuestra colonia, usar un disfraz, una capucha, un pañuelo, como le quieran llamar, sigue siendo un ejercicio genuino de la libertad de expresión y del derecho a protestar, no es un acto de violencia. Lo que sí es violento es que te quiten tu casa y te tiren a la calle porque estás atrasado en el pago de luz. Lo que es violento, es que a causa entonces de no tener ese techo que te quitaron, te quieran separar de tus hijos. Lo que es violento es que te suban los impuestos sobre un 12%, después te quiten el trabajo y encima te eliminen las ayudas de asistencia nutricional, porque según alguna gente, aquí todo el mundo vive del mantengo. El cierre masivo de escuelas, la reducción de jornada, los recortes a los servicios de salud, la privatización de lo que nos queda para terminar de pagarles a los buitres y que sigan haciendo fiesta de nosotros, eso compañeras y compañeros, eso sí es Violencia.

Ante esta situación, hay que pensar en lo que como gremio, como Colegio, como puertorriqueños y puertorriqueñas comprometidas con nuestra patria y nuestra gente nos toca hacer, qué vamos a hacer, esa es la pregunta. En momentos de quiebre, en una coyuntura como la nuestra, se presenta también la oportunidad de generar cambios profundos. Esos cambios pueden ser muy negativos si no asumimos postura y exigimos una transformación positiva de nuestra realidad económica, política y social. Estos cambios, en una coyuntura como la que estamos viviendo, no se van a dar de gratis, hay que salir a buscarlos.

El reclamo a una vida digna en Puerto Rico, no puede estar limitado a entablar demandas en los tribunales locales o federales, pero sí hay que educar a nuestros jueces y a nuestras juezas, a nuestros abogados y nuestras abogadas, a que se atrevan a presentar argumentos nuevos, argumentos basados en el derecho a la dignidad de los pueblos. Pero sabemos que esos tribunales están limitados también por nuestra relación colonial. Enfrentamos leyes injustas en un sistema limitado. PROMESA por ejemplo, impone claras cortapisas a cualquier cuestionamiento sobre las acciones de la Junta.

Sugiero en su lugar, que desarrollemos una agenda de trabajo, con estrategias de acción local e internacional. En primer lugar, reforzando nuestro trabajo de acompañamiento en las denuncias y movilizaciones, como ya hemos estado haciendo, con organizaciones comunitarias que llevan décadas haciéndolo, y redirigir recursos para un trabajo más coordinado, junto con ellas, en materia de derechos humanos. Este plan de trabajo puede incluir por ejemplo, acciones de incidencia, programas de educación en derechos humanos y el desarrollo de mecanismos de protección para nuestros defensores y nuestras defensoras. La realidad que estamos viviendo es que los líderes y lideresas de nuestras organizaciones comunitarias, que hacen un trabajo de activismo por derechos humanos reciben amenazas a causa de su trabajo, y se exponen a campañas de odio, persecución y agresión. Las mujeres sobre todo, cuando son perseguidas, se enfrentan a formas muy particulares de violencia, y eso también tiene que ser atendido por nuestro Colegio.

El Colegio, puede desarrollar instrumentos para medir, por ejemplo, el nivel de riesgo, y coordinar acciones individuales y colectivas de protección.

En segundo lugar, coordinar un plan de trabajo frente a instituciones internacionales de protección de los derechos humanos, esto incluye tanto el Sistema de la Organización de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre este trabajo de incidencia internacional, ya varias organizaciones -incluyendo a nuestro Colegio-, hemos iniciado acciones conjuntas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2015 y el 2016 logramos la celebración de dos audiencias públicas sobre derechos humanos en Puerto Rico y el impacto de las medidas de austeridad. También hemos presentado un caso, una denuncia en contra de Estados Unidos, por la contaminación ambiental en la isla municipio de Vieques y hemos logrado que el Experto de Naciones Unidas sobre Deuda Pública y Derechos Humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, hiciera la única declaración que se ha hecho exclusivamente sobre el tema de Puerto Rico en derechos humanos, que no sea fuera del Comité de Descolonización. Eso es un paso de avance. El Relator ademéas ha pedido ya en varias ocasiones a Estados Unidos que le permita venir a Puerto Rico a hacer una visita oficial sobre la deuda y su impacto. Aparte de eso, el Experto de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, ya tiene una visita oficial para hacer un «fact-finding mission» en Estados Unidos, y nosotros le hemos solicitado que como parte de esa visita, venga para acá.

Como éstas, hay muchas otras acciones que nuestro Colegio puede apoyar tanto a nivel local como internacional. Por nuestra situación colonial, por mucho tiempo nos han hecho creer que no pertenecemos a la comunidad internacional, que allí no tenemos nada que buscar. Pero eso ya no se sostiene, Puerto Rico tiene que insertarse en la discusión internacional con el fin específico de exigir la protección de nuestros derechos más básicos, y que definitivamente se respete nuestro derecho a la auto-determinación.

Eso es importante mucho más ahora, que Estados Unidos, y sus tres ramas de gobierno han aceptado que nunca dejamos de ser una colonia, y con eso a mi me parece, que nos han regresado, sino expresamente, de forma tácita, a la lista de países no autónomos, sobre los cuales la Organización de Naciones Unidas ha establecido claras obligaciones. Estados Unidos tiene un deber de fiducia con Puerto Rico, es su obligación y la tenemos que reclamar.

Por último, tenemos que hacerle frente al discurso de la deuda pública y denunciar por todos los medios necesarios la invalidez de esa deuda y de las políticas impuestas por nuestro gobierno y la Junta de Control Fiscal. La aprobación de PROMESA y del Plan Fiscal aprobado por la Junta solo está recrudeciendo aún más nuestra contracción económica. Por eso no se espera una reducción significativa en los niveles de pobreza ni en la cantidad de personas que están saliendo de nuestra isla. O sea, nos están obligando o a vivir todos bajo niveles de pobreza en nuestro país o a salir de este territorio.

La Junta, mediante un discurso de falsa moral, exige que las obligaciones contractuales se cumplan, casi sin importar los efectos que pueda tener el pago, a raja tabla nos quieren endilgar la deuda pública. Y debemos preguntarnos, ¿qué de las obligaciones que debe el Estado su gente? ¿Por qué se plantea la reducción de servicios públicos, de jornada laboral y otros, y no se discute la eliminación significativa de una deuda, que como dije, no es tanto nuestra como de Estados Unidos? Tampoco hay espacio para discutir qué ha pasado con la deuda que debe Estados Unidos a Puerto Rico, porque el uso de nuestros recursos y de nuestro territorio, y en específico, por decir un caso, la explotación y el uso de los terrenos contaminados por la Marina de Guerra en Vieques, nunca nos la han pagado. Y esa deuda, ¿quién la paga?

Como sabemos, Puerto Rico no es el único país que enfrenta un problema serio de deuda pública, de hecho, debido al problema mundial que causó el aumento vertiginoso en deudas públicas en el 2011 se desarrollaron los principios generales sobre deuda y derechos humanos. Allí se establece que los Estados tienen que garantizar la protección de derechos humanos en el contexto de deuda pública y señala que se prohíbe el pago de las deudas excesivas, cuando éstas impidan cumplir la obligación primaria de proteger los derechos humanos.²

Y , sobre la discusión reciente sobre la definición de «servicios públicos esenciales» que está en la ley PROMESA, no, no le toca ni a la Junta ni al gobierno de Puerto Rico definir lo que es un «servicio esencial». El derecho internacional establece claramente que los servicios públicos esenciales son aquellos destinados a proteger los derechos humanos básicos de la población, y esto incluye, (entre otros) la educación, el agua, la vivienda segura, todos los servicios públicos necesarios para una convivencia sana y el desarrollo humano sostenible. Ninguno de estos servicios puede sufrir recortes con el fin de destinarlos al servicio de la deuda, porque sin estos se haría imposible mantener condiciones necesarias para la protección de los derechos humanos [afectando de forma particular a las personas que ya viven en niveles de pobreza y que pertenecen a grupos históricamente discriminados].

Por eso, nuestro Colegio debe exigir que en el manejo de la deuda se observen los Principios de las Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos. Esto exige: (1) que la deuda se audite [se cae de la mata]; (2) que ante el hecho de que esta deuda es una deuda ilegal por nuestra relación colonial, se debe proseguir a la eliminación, sino toda, de gran parte de ella³; (3) que se imponga responsabilidad a las corporaciones y entidades que, conociendo la situación de insolvencia de Puerto Rico, igualmente extendieron préstamos con intereses sumamente altos e imposibles de pagar; (4) que Estados Unidos responda por haber impuesto en Puerto Rico condiciones que la empujaron a su insolvencia económica; (5) cualquier negociación de la deuda no puede incluir condiciones o medidas que hagan desaparecer los derechos que ya adquirimos con tanto sufrimiento, o que reduzcan y eliminen los derechos económicos, sociales y culturales de la población; (6) los principios generales requieren que los procesos de desarrollo económico estén dirigidos por personas a quienes el pueblo les haya delegado de forma legitima y soberana esa función.

Nosotros, sin embargo, nunca hemos tenido efectivo control sobre las decisiones económicas de nuestro país, y ahora con la Junta, mucho menos. Esto, no es solo una violación derivada del derecho a la auto-determinación, sino que es también una violación independiente del derecho inalienable de los pueblos de implementar un plan de desarrollo, libre de interferencias de interferencia e influencia de otros países e incluso de instituciones financieras.

Por eso señores y señoras, nuestros estudiantes siempre han tenido la razón, la educación pública es un derecho humano fundamental, y la educación universitaria es un servicio esencial. Sin ellos no podemos hablar de condiciones para el desarrollo pleno de nuestros derechos humanos y tampoco podemos hablar de tener una vida digna en nuestro país. Nuestros estudiantes, esos que no se callan, que aguantaron en los portones, cuestionando al sistema, resistiendo aún en situaciones de amenaza y persecución, han sabido desde el principio que cuando se habla de recortes, los cañones se enfilan siempre hacia la educación, hacia la educación pública gratuita y accesible, y a la educación universitaria. Las acciones de los estudiantes y de las organizaciones que les acompañaron y que se siguen resistiendo a la aceptación de PROMESA, son ejemplo de lo que no podemos dejar de hacer.

Conclusión

En Puerto Rico, como en muchos países, los cambios y avances en materia de derechos humanos han sido lentos, y se logran luego de que la gente, desde sus espacios, se coordina, se moviliza en acciones resistencia y denuncia, al tiempo que educan e informan y con ello hacen contrapeso a la fuerza voraz del Estado. Es hora de que una vez más hagamos valer los derechos de nuestro pueblo, de nuestra gente más dolida, los que han sentido el azote del hambre voraz del capital, que se come todo a su paso, sin importar a quién. Es hora de que los abogados y abogadas, nos atrevamos a cuestionar la validez moral de las leyes y regulaciones que permiten que los bancos y las industrias multinacionales se sigan enriqueciendo a costa de la salud y la vida de nuestra gente.

Este llamado no es ajeno a la historia de nuestro Colegio, que en sus 177 años ha servido de apoyo a la exigencia del respeto a los derechos de las poblaciones en riesgo, haciéndose presente en todas las luchas sociales de nuestro país. Así, como ha sido siempre el compromiso de este Colegio, hoy necesitamos redoblar esfuerzos en pro de la defensa de los derechos humanos, de los derechos más básicos de nuestra población, en la defensa de nuestra dignidad. Precisamente, tenemos ante nosotros hoy una resolución que les invito que aprobemos, donde se establece y se reafirma el compromiso de nuestro Colegio con los derechos humanos y nos da herramientas para comenzar un trabajo coordinado en esa dirección. Esta resolución es un primer paso y espero que reciba nuestro total respaldo.

Estamos ante una situación, realmente bien difícil, nadie lo duda. Por eso viene a la mente un texto de Eduardo Galeano, que dice: «[es] tiempo de derrumbamiento y perplejidad; tiempo de grandes dudas y certezas chiquitas […] pero quizá no sea tan chiquita esta certeza: cuando nacen desde adentro, cuando crecen desde abajo, los grandes procesos de cambio no terminan en su lado jodido.»

El camino hacia la emancipación lo señala la dignidad. El techo antes que la deuda, la salud antes que la deuda, la educación antes que la deuda, el trabajo digno antes que la deuda. Que siga la lucha por una vida en dignidad. Que siga la lucha por Puerto Rico, por nuestra gente, que siempre es gente, antes que la deuda.

Muchas gracias.

Notas:

1^ http://www.researchgate.net/publication/304579515_La_pobreza_y_la_desigualdad_retos_pendientes

2^ A/HRC/20/23. Human Rights Council. Report of the Independent Expert on the Effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights. Guiding Principles on foreign debt and human rights. 10 April 2011

3^ De acuerdo con los Principios de Deuda Externa y Derechos Humanos, la primera alternativa al pago excesivo de deuda debe siempre ser su reducción o eliminación total.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.