En Guatemala, la educación superior sigue siendo un lujo. Un escaso 3% de la población tiene acceso a la universidad. El porcentaje de graduados universitarios comparado con otros países, con Cuba por ejemplo, es ínfimo. Seguimos siendo una sociedad analfabeta (más de 20% de analfabetismo abierto). Y en la universidad -obligado es decirlo- el texto […]
En Guatemala, la educación superior sigue siendo un lujo. Un escaso 3% de la población tiene acceso a la universidad. El porcentaje de graduados universitarios comparado con otros países, con Cuba por ejemplo, es ínfimo. Seguimos siendo una sociedad analfabeta (más de 20% de analfabetismo abierto). Y en la universidad -obligado es decirlo- el texto básico es Wikipedia. ¿Cuántos libros por mes leíste este año?
La universidad pública, la San Carlos de Guatemala, tiene una historia heroica, legendaria. Fue una de las primeras en el continente, fundada en 1676. Para ese entonces, en los primeros años de la Conquista española, Latinoamérica tenía varias universidades. En 1636, cuando apenas nacía la de Harvard en Estados Unidos, ya había trece universidades en la región latinoamericana. Pero en todos los casos se seguía el modelo medieval traído de Europa, asociado siempre con los poderes de la realeza y de la Iglesia católica.
Con los años, ese modelo fue cambiando, aunque persisten reminiscencias (las graduaciones, por ejemplo, con toda su parafernalia quasi medieval). Hoy, con el triunfo omnímodo del neoliberalismo, la universidad está al total servicio del mercado, enfatizando la noción de «universidad empresarial», donde lo que cuenta es la óptima relación costo-beneficio concebida solo desde el lucro privado. Lo comunitario no cuenta. Actualmente, dado ese paradigma, fue debilitándose o esfumándose la idea de desarrollo social, de extensión y servicio a la comunidad. De ese modo se termina olvidando el Artículo 82 de la Constitución, que establece que la universidad pública «cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales«.
A principios del siglo XX, en toda Latinoamérica tienen lugar procesos de autocrítica y explosión renovadora en el seno de las universidades. Surgidas en la de Córdoba, Argentina, en 1918, las protestas estudiantiles denunciaban la permanencia de estructuras clasistas y oligarcas en instituciones que no respondían a los procesos de modernización social que vivía el país por aquel entonces, con casas de altos estudios aún organizadas según criterios semi-medievales arrastrados durante toda la Colonia, sentando así las bases para una ola de reformas universitarias y crítica social que en las primeras décadas del siglo va a barrer toda la región. En Guatemala, la reforma universitaria llega en 1944. Las banderas fundamentales levantadas por estos movimientos eran la autonomía universitaria y la cogestión, elementos que se consideraron principios necesarios para convertir a las universidades en motores eficientes de la democratización social y cultural, y por tanto del desarrollo nacional.
Con su autonomía, la USAC se convirtió en un centro de denuncias, semillero de luchas políticas y protestas contra el orden social imperante. Por décadas fue un referente en la vanguardia intelectual, pasando a ser centro de pensamiento crítico, lugar donde se inspiraron numerosas propuestas de transformación revolucionaria. Pero todo eso ha cambiado en estas últimas décadas, a partir de una represión monstruosa que costó vidas y exilios, degradando deliberadamente a la Tricentenaria en su nivel académico. Cambiado, claro está, a favor del gran capital y no en provecho de las mayorías populares.
Hoy día es imprescindible profundizar la autonomía universitaria; ante la ola neoliberal y privatista que nos maniata, y que sigue golpeando a la educación superior pública. Ante ello es imprescindible mantener la autonomía de la universidad, para seguir fieles al precepto constitucional de ser un ente al servicio del pueblo, dado que el pueblo mismo es quien la financia con sus impuestos.
Pero el gobierno central no parece pensar lo mismo. Seguramente escuchando las recomendaciones dadas al oído por la derecha («Les damos el 5% constitucional si limpian la U de zurdos«, dicen que le dijeron al Rector en el Congreso), hoy día está en abierta confrontación con la Carolingia. La decisión del Consejo Superior Universitario de la San Carlos de haber decretado non grato al presidente Jimmy Morales y al vice Jafeth Cabrera por su poca transparencia en la lucha contra la corrupción, trajo como consecuencia esta «pasada de factura»: para el año 2019 los Padres de la Patria (¿?) recortan el presupuesto de la universidad, en beneficio del ejército. Así las cosas…. ¡ni a Wikipedia llegaremos!
Blog del autor: https://mcolussi.blogspot.com/
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