Revisado por Caty R.
Todos los que vivimos los sucesos del 11 abril 2002 en Venezuela hemos revivido los acontecimientos en Honduras durante los últimos días. Un presidente secuestrado a punta de armas de fuego, unos medios de comunicación que manipulan los sucesos y luego un empresario que se autoproclama «presidente» en una ceremonia aplaudida por la llamada «sociedad civil». Pero mucho más allá de los obvios puntos en común entre el golpe de Estado en Venezuela en 2002 y el golpe de Honduras del pasado 28 de junio, hay profundos paralelismos que evidencian -sin duda- la reactivación del manual del golpe «made in USA».
Tanto como en el caso de Venezuela, detrás del golpe en Honduras hay una serie de actores que han estado creando las condiciones para ejecutar el acto final y lograr el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Vemos que el guión se repite casi al detalle:
El embajador de Estados Unidos:
- En el caso de Venezuela, durante los meses previos al golpe de abril, Washington envió un nuevo embajador al país en sustitución de su embajadora, Donna Hrinak, quien apenas llevaba un año en el cargo. La decisión de cambiar a los embajadores se tomó cinco meses antes del golpe, en diciembre 2001, cuando la oposición al presidente Chávez se consolidaba y mostraba posibilidades, aunque evidentemente necesitaba orientación y apoyo experimentados. Entonces, se envió un experto en golpes de Estado, el embajador Charles Shapiro, quien había sido asesor militar de la embajada estadounidense en Chile durante el golpe contra Allende y además había trabajado cinco años en la Embajada de EEUU en El Salvador durante la guerra sucia conducida por Washington en los años ochenta.
- En el caso de Honduras, ocurrió un cambio muy interesante con respecto al embajador de Estados Unidos. Se envió al embajador Hugo Llorens en septiembre 2008 para reemplazar a Charles Ford, quien había estado en el cargo desde que fue elegido el presidente Zelaya en 2005. Ford, un veterano de la diplomacia estadounidense, había trabajado anteriormente en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, entre otros cargos. En junio de 2006, empezaba a ponerse difícil la relación entre Washington y Honduras cuando el embajador Ford declaró a la prensa que el gobierno de Manuel Zelaya estaba entrando en «reuniones secretas» con una delegación de la empresa estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, sobre la venta de gas a la nación centroamericana. Según Ford, la reunión era «un negocio sucio» para dar a Venezuela una ventaja en el proceso de negociaciones para el suministro de gas al país. Ford ya había asegurado que unas empresas estadounidenses lograrían el lucrativo negocio. Mientras el presidente Zelaya, quien respondiendo a las declaraciones del embajador Ford dijo que Honduras «no era colonia de nadie», se acercaba más a Venezuela y los países del ALBA, más Washington comenzaba sus preparativos para desestabilizar el gobierno. En el 2008, cuando el presidente Zelaya anunció que había recibido un fondo del ALBA para construir un terminal civil en la base militar de Soto Cano, ocupada por el ejército estadounidense, y convertirla en un aeropuerto internacional, las cosas se caldearon. Se envió al embajador Ford al Comando Sur, para que asumiera el cargo de «asesor diplomático», colocándolo en una posición sumamente estratégica para orientar el mando del control militar que mantenía el Pentágono sobre las fuerzas armadas hondureñas. Y se envió al embajador Hugo Llorens a Honduras para reemplazar a Ford. Llorens se graduó en la Universidad Nacional de Guerra de Estados Unidos y fue el principal asesor del presidente de Estados Unidos y Asesor de Seguridad Nacional sobre Venezuela durante los años 2002 a 2003, justo cuando ocurrió el golpe de Estado contra el presidente Chávez.
Debido a sus altas credenciales y experiencia en golpes de Estado, no sorprende cuando el Departamento de Estado admite que su embajador en Honduras «ha estado conversando» con los sectores involucrados en el golpe contra el presidente Zelaya durante los días previos al suceso.
La sociedad civil:
- En Venezuela, durante los meses antes del golpe de abril 2002, diferentes sectores políticos y sociales empezaron a conformar una coalición de oposición al presidente Chávez. Se unieron grupos empresariales, la cámara de comercio Fedecámaras, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, la confederación de trabajadores (CTV), la iglesia católica y los partidos políticos tradicionales, para formar un conjunto que luego se denominó «coordinadora democrática». Se referían a si mismos como «la sociedad civil», intentando crear una distinción clasista y racista entre aquellos, principalmente de la clase popular, que apoyaban al presidente Chávez, calificándolos como «las turbas chavistas.» Su único objetivo era salir de Chávez. Fue esta coalición, financiada por agencias de Washington como la National Endowment for Democracy (NED) y luego la USAID, la que perpetró el golpe de Estado de abril 2002, utilizando como excusa «el rescate de la democracia» que veían amenazada por los cambios sociales y políticos que estaba implementando el gobierno del presidente Chávez. Exclusivamente de clase media y clase alta, la llamada «sociedad civil» violó todas las normas democráticas para impedir que los pobres tuvieran voz y representación en el país.
- En Honduras, justo en el mes previo al golpe contra el Presidente Zelaya, se conformó una coalición entre diferentes organizaciones no gubernamentales, empresarios, partidos políticos, la iglesia católica y los medios de comunicación, denominada «unión cívica democrática». Su único propósito era derrocar al presidente Zelaya para impedir que abriera el camino a una Asamblea Constituyente que permitiría al pueblo alzar su voz y participar en el proceso político. La «unión cívica democrática» de Honduras está compuesta por organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Consejo de Rectores de Universidades, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), el Foro Nacional de Convergencia, la Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA) y la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo Paz y Democracia, además del grupo estudiantil, Generación X Cambio. La mayoría de éstas organizaciones han sido beneficiarias de los más de 50 millones de dólares que anualmente invierten la USAID y la NED en el «desarrollo democrático» en Honduras. De hecho, un informe de la USAID sobre su financiación y trabajo con COHEP, destaca que «el perfil bajo de la USAID en este proyecto ayudó asegurar la credibilidad de COHEP como una organización hondureña y no un brazo de la USAID.»
Los voceros de la unión cívica democrática de Honduras, representando, según ellos, a la «sociedad civil», declararon a la prensa hondureña el 23 de junio -cinco días antes del golpe contra el presidente Zelaya- que «confían en que las fuerzas armadas cumplan con su deber de defender la Constitución, el Estado de Derecho, la paz y la democracia.» Cuando ocurrió el golpe el día 28 de junio, fueron los primeros que salieron a decir que no hubo un golpe de Estado sino que habían «rescatado su democracia» de las manos del presidente Zelaya, cuyo crimen fue querer dar al pueblo voz, visibilidad y participación. También representando a los sectores de clase media y clase alta, la unión cívica democrática ha clasificado a los sectores que apoyan al presidente Zelaya como «turbas».
Los militares:
- En Venezuela, la misión militar de Estados Unidos estaba ubicada en Fuerte Tiuna, la gran base militar de Caracas. Incluso, los militares estadounidenses mantenían sus oficinas dentro de la comandancia del ejército venezolano. Cuando sucedió el golpe en abril 2002, los militares estadounidenses estaban desplegándose por la base militar, reuniéndose con sus contrapartes venezolanos que acababan de secuestrar al presidente Chávez, dando órdenes de los próximos pasos de seguir. Al no disponer de una base militar dentro de Venezuela, el Pentágono había enviado helicópteros Black Hawk, barcos de guerra llenos de equipos y hasta un submarino para apoyar las operaciones militares antes y durante el golpe. Los militares de la misión de Estados Unidos en Caracas mantenían una relación muy estrecha con los militares golpistas en Venezuela. Por eso, tres días antes del golpe, durante una recepción de diferentes agregados militares en el país, el capitán de la marina estadounidense David Cáceres, le preguntó al general González del ejército venezolano, «¿Por qué no han contactado con los barcos que tenemos en la costa y el submarino sumergido en La Guaira?» Pero el oficial estadounidense se confundió de general, y en lugar de dirigir su pregunta al general González González, actor principal en el golpe, cometió el error de interrogar al general González Cárdenas, quien luego divulgó los planes golpistas. Los principales militares venezolanos involucrados en el golpe de abril 2002, como el general Néstor González González, el general Efraín Vásquez Velasco y el contralmirante Molina Tamayo, habían recibido instrucciones y entrenamiento en instituciones militares estadounidenses, y mantenían relaciones muy estrechas con la misión militar estadounidense en Venezuela. Y fue el general González González, que públicamente desobedeció a su comandante en jefe, el presidente Chávez, un día antes del golpe, cuando compareció en la televisión nacional y demandó la renuncia del presidente «o ya verán».
- En Honduras, Estados Unidos mantiene una base militar estratégica y muy grande en Soto Cano (Palmerola), en las afueras de Tegucigalpa. Está operativa desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el coronel estadounidense Oliver North, como una base de operaciones para la «Contra», las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la «Contra» lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica. La base de Soto Cano es la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta «Bravo» (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la Aviación estadounidense. Hay aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluyendo helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras.
Estados Unidos también tiene un grupo militar que opera desde una sede cercana al aeropuerto internacional de Colonia Las Torres. Depende directamente del Comando Sur. El grupo militar es el enlace principal con las fuerzas armadas hondureñas y conduce alrededor de 55 maniobras conjuntas cada año con más de 600 efectivos de Honduras. También financia con unos 2 millones de dólares anuales los programas de formación y entrenamiento de las fuerzas armadas hondureñas. Los dos principales actores militares en el golpe contra el presidente Zelaya son dos generales entrenados en la Escuela de las Américas, la famosa escuela militar estadounidense responsable por entrenar a la mayoría de los dictadores y represores en América Latina: el comandante de la Aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, y el jefe del estado mayor conjunto el General Romeo Vásquez. El general Romeo Vásquez fue destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego se convirtió en actor principal en el golpe militar pocos días después. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses del grupo militar y las que están en la base de Soto Cano.
El Departamento de Estado:
Aunque en el caso de Venezuela, la Casa Blanca salió de inmediato a reconocer a los golpistas como un gobierno «legítimo» y en el caso de Honduras, el presidente Obama ha dicho que las acciones contra el presidente Zelaya constituyen un «golpe ilegal», sin embargo, existen similitudes en la reacción oficial del Departamento de Estado.
Una guía de prensa del Departamento de Estado, de fecha 16 de abril de 2002, dos días después del retorno al poder del presidente Chávez, decía lo siguiente:
«Los funcionarios estadounidenses se han reunido con un amplio espectro de venezolanos durante los últimos meses, tanto en Caracas, como en Washington… Nuestro mensaje a todos los venezolanos con los que nos reunimos ha sido consecuente. La situación política en Venezuela es algo que compete a los venezolanos resolver por medios pacíficos, democráticos y constitucionales. Hemos afirmado categóricamente a todos nuestros interlocutores venezolanos en varias ocasiones y en muchos niveles, que bajo ningún concepto Estados Unidos apoyaría una acción antidemocrática y anticonstitucional, como es un golpe de Estado.»
Luego, el mismo documento instruye a los voceros del Departamento de Estado para que si los periodistas preguntan, «¿Participó Estados Unidos en el intento de derrocar al presidente venezolano Chávez del poder?» La respuesta sea: «De ninguna manera».
El miércoles 1 de julio de 2009, tres días después del golpe de Estado contra el presidente Zelaya, los voceros del Departamento de Estado declararon lo siguiente:
«Han sido semanas muy difíciles y tensas, con mucha desconfianza entre los actores políticos, y la creciente confrontación política había encendido un fuego en Honduras que era extremadamente peligroso. Nuestra propuesta y la de nuestros socios con quienes estábamos trabajando era intentar reducir las tensiones, facilitar la comunicación y asegurar que las instituciones hondureñas encontraran una manera pacífica y constitucional para resolver el conflicto. Estábamos obviamente preocupados por las posibles actividades extra-constitucionales, y por eso, fuimos muy claros en nuestra comunicación con todos los actores políticos, Estados Unidos no apoyaría ninguna acción extra-constitucional.»
En declaraciones a la prensa, el asesor presidencial para América Latina, Dan Restrepo, dijo que «algunas personas han querido vincular al gobierno de Estados Unidos con la situación actual en Honduras», pero el diplomático aclaró que «estos hechos pertenecen a un pasado que ahora está ‘congelado'».
O sea, lo mismo que decir, «de ninguna manera».
¿Parecen similares las declaraciones del Departamento de Estado de abril de 2002 y junio 2009? Mientras que en abril, Washington precipitó su aceptación pública del golpe de Estado contra el Presidente Chávez, esta vez el gobierno de Obama está respondiendo con más cautela, más mesurado. Pero no existe duda ninguna de que hasta los voceros estadounidenses siguen el mismo guión al pie de la letra.
En fin, las evidencias demuestran que el plan golpista perpetrado en Honduras esta semana se ha fabricado y financiado desde Washington. Cuando el golpe de Estado contra el presidente Chávez fue derrotado por el pueblo venezolano y las fuerzas armadas leales, Estados Unidos declaró a la prensa que «Nuestra respuesta a la situación en Venezuela el 12 de abril fue exponer los hechos a medida que los conocimos, en un momento de mucha confusión… Nuestra posición fue que esta situación debía resolverse pacífica y democráticamente, y de conformidad con la Carta Democrática Interamericana… Con ese objetivo, nuestro representante ante la OEA expresó claramente que el llamado «gobierno provisional» todavía tenía que demostrar que ellos eran la «autoridad civil legalmente constituida». Pero eso fue una gran mentira. Los voceros de Washington simplemente estaban buscando la forma de salvar su imagen pública luego de haber avalado el golpe y reconocido al gobierno golpista apenas se instaló.
Esta vez, Washington sigue mintiendo, pero con más inteligencia. La primera respuesta del Departamento de Estado el día del golpe fue emitida en una declaración de la Secretaria de Estado, Hilliary Clinton, que decía: «Esta acción perpetrada contra el presidente hondureño Mel Zelaya viola los principios de la Carta Democrática Interamericana y por lo tanto debe ser condenada por todos. Llamamos a todas las partes en Honduras a respetar el orden constitucional y el Estado de derecho, a reafirmar su vocación democrática y comprometerse a resolver las disputas políticas de manera pacífica y a través del diálogo.»
Primero, la nota hace referencia a «todas las partes», implicando que el presidente Zelaya había violado de alguna forma el orden constitucional. Y segundo, no hace ninguna referencia a que haya ocurrido un golpe de Estado. Durante los días siguientes, comienzan a hacer referencia a los sucesos del 28 de junio como un «golpe» pero que no había sido determinado «legalmente» por los abogados del Departamento de Estado como un «golpe militar». El miércoles 1 de julio, los voceros de Washington declararon sobre el asunto: «En referencia al golpe mismo, lo mejor sería decir que fue un esfuerzo coordinado entre los militares y algunos actores políticos civiles. Obviamente, los militares fueron quienes condujeron la remoción forzosa del presidente y han actuado para asegurar el orden público durante este proceso. Pero para que el golpe sea más que una insurrección o una rebelión, hay que ver una transferencia del poder a los militares. Y en ese sentido, el congreso -la decisión del congreso de juramentar a su presidente Micheletti, como presidente de Honduras-, indican que el congreso y miembros claves del mismo han jugado un papel importante en esta situación.»
Lo que significa esa declaración es que Washington no va a clasificar lo que sucedió en Honduras como un «golpe de Estado» bajo sus conceptos legales, porque el poder no lo retuvieron los militares sino que lo asumieron los civiles. Esto permite a Estados Unidos continuar con su relación diplomática en Honduras y no suspender su importante paquete de millones de dólares en ayuda económica y militar al país centroamericano. Tampoco obliga al Pentágono a retirar su inmensa y estratégica presencia militar en el país.
Obviamente, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en este golpe, y el cerco mediático y la censura que han impuesto desde que se perpetró el golpe contra el presidente Zelaya, han sido fundamentales para mantener al pueblo hondureño sin información veraz y oportuna. También, la falsa carta de renuncia que presentó el congreso hondureño a la prensa el día del golpe, mintiendo descaradamente y diciendo que fue enviada «vía correo» por el presidente Zelaya, nunca se ha explicado. Lo mismo sucedió en Venezuela, cuando el canal de televisión Venevisión presentó una supuesta carta de renuncia del presidente Chávez, que luego fue desmentida por éste mismo, y nunca fue explicada por los golpistas. En los dos golpes, acosaron a los embajadores y sedes diplomáticas de los países amigos, como en Venezuela fue el acoso contra la embajada de Cuba en Caracas, y en Honduras fue el secuestro y la violencia física contra los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En ambos casos, también han culpado al presidente de las razones subyacentes del golpe para intentar justificarlo. Por eso, en Honduras, dicen que fue el presidente Zelaya quien «violó» la constitución por insistir en convocar una encuesta no vinculante para que el pueblo expresara su voz. Los golpistas hondureños también utilizan la relación con Venezuela y Cuba para justificar sus acciones, diciendo que Zelaya quería implementar el «castro-comunismo» en el país. En Venezuela, los golpistas decían que el presidente Chávez era responsable por todas las divisiones y problemas en el país y que estaba intentando «cubanizarlo». Sus acciones, según ellos, eran para «recuperar la democracia».
En Venezuela, el pueblo y las fuerzas armadas revolucionarias resistieron y derrotaron el golpe de Estado en un tiempo breve, rescatando su democracia, su constitución y a su presidente. En Honduras, hoy, el pueblo está resistiendo al estado dictatorial que están imponiendo los golpistas con su brutalidad y violencia. El pueblo está en las calles, no solamente en Honduras, sino en toda América Latina, para derrotar al guión golpista de Washington y demostrar no solamente la unión del pueblo hondureño, sino la fuerza de la integración latinoamericana y el poder de la solidaridad internacional.
*Eva Golinger, estadounidense-venezolana, es Doctora en Derecho Internacional, escritora e investigadora, y autora de los libros El Código Chávez; Bush vs. Chávez: La Guerra de Washington Contra Venezuela; La Telaraña Imperial: Enciclopedia de Injerencia y Subversión; y La Mirada del Imperio Sobre el 4F: Los Documentos Desclasificados de Washington Sobre la Rebelión Militar del 4 de Febrero de 1992.
Artículos anteriores sobre el golpe de estado en Honduras:
«La base militar de EEUU en Honduras en el centro del golpe» http://www.rebelion.org/
«Obama no condenó ni reconoció que hubo un golpe de Estado en Honduras» http://www.aporrea.org/
«La prueba para Obama: El Pentágono esta detrás del golpe de estado en Honduras, ¿con o sin la aprobación de la Casa Blanca?»