Con increíble torpeza, y en una actitud que la pinta de cuerpo entero, la candidata presidencial de «Fuerza 2011! Keiko Fujimori se ha proclamado en el Perú admiradora y seguidora de Alvaro Uribe, el ex presidente Colombiano al que ha juzgado como «un modelo» a imitar en la supuesta gestión que se dispone a desempeñar […]
Con increíble torpeza, y en una actitud que la pinta de cuerpo entero, la candidata presidencial de «Fuerza 2011! Keiko Fujimori se ha proclamado en el Perú admiradora y seguidora de Alvaro Uribe, el ex presidente Colombiano al que ha juzgado como «un modelo» a imitar en la supuesta gestión que se dispone a desempeñar -si fuera electa para tan alto cargo- a partir de julio del presente año en nuestro país.
Textualmente, la candidata de la Mafia ha dicho: «En los temas de seguridad, considero que el Presidente Uribe ha tenido grandes avances y le ha dado mucho estabilidad a Colombia», añadiendo luego que se trata del paradigma que su gobierno busca impulsar en nuestro suelo.
Esta declaración forma parte del nuevo andamiaje electoral con el que la hija de Alberto Fujimori busca «atraer» la atención de los votantes. Por eso, a él le ha sumado un supuesto «aprecio» a la política social de Lula, así como su decisión de cobrar impuesto a las sobreganancias mineras y adjudicar una pensión «de favor» en beneficio de los adultos mayores de 65 años, propuestas estas impunemente birladas del programa de su contendor Ollanta Humala Tasso.
Es posible que la ignorancia política de Keiko Fujimori la haya llevado a buscar en el colombiano Uribe un símil a su supuesta función gubernativa.
Pero a esa ignorancia -en alguna medida explicable por el frívolo escenario en el que desarrolla su vida- hay que sumar sin duda el informado, aunque en extremo perverso- «consejo» de su primer Vicepresidente, Rafael Rey Rey, quien fuera ministro de Defensa del gobierno de García Pérez y descarado protector de las bandas paramilitares que operan en el Perú.
Rafael Rey -no lo olvidemos- recientemente alentó un Decreto Ley que dispuso la amnistía para los efectivos de las instituciones armadas que actuaron en grupos paramilitares en los años de violencia dramáticamente vividos en nuestro país.
El Grupo Colina -autor de alevosos crímenes como los de La Cantuta, Barrios Altos, Huancayo, El valla del Santa y otros- resultaba el principal beneficiado con la medida, pero ella podía amparar también a todos los integrantes de las instituciones castrenses y policiales comprometidos en asesinatos, secuestros, tortura y otros delitos ya sancionados por tribunales civiles conforme a ley.
Si Keiko Fujimori no tiene idea de quién fue realmente Alvaro Uribe, su socio Rey sí que lo sabe, y muy bien. Por eso alienta su «modelo» y se dispone a ejecutarlo en el Perú en el caso de recibir el apoyo del electorado, en el empeño por construir aquí «la paz», una paz de cementerio, sin duda.
Alvaro Uribe ha pasado a la historia de Colombia por una política neo liberal, en extremo corrupta, y genocida. Los estudiosos de la realidad de ese país, no han vacilado en considerarlo responsable de una conducta caracterizada por la protección al narcotráfico, el amparo a las bandas paramilitares y la ejecución extrajudicial de miles de personas.
A esas prácticas, hay que sumar la habilitación de centros clandestinos de reclusión, el uso indiscriminado de la violencia y la institucionalización de la tortura como norma cotidiana por parte del Estado.
Hoy se sabe que en Colombia hay miles de personas encarceladas por el «delito» de haber expresado su rechazo al régimen uribista -que de alguna manera se mantiene parapetado tras la administración actual del Presidente Santos- , razón por la cual han sido privadas de su libertad, sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes y se hallan virtualmente sepultadas en vida en los presidios de la patria de Nariño.
La represión del régimen colombiano en los años de Uribe ha adquirido tales dimensiones de brutalidad, que todos los organismos internacionales -comenzando por Amnistía Internacional, pero siguiendo también por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra- han juzgado su deber condenar las prácticas bárbaras seguidas por la administración de Bogotá y demandado a las autoridades pertinentes el cese de estos mecanismos punitivos que han lacerado el cuerpo de la nación colombiana.
Hoy Colombia -dice el reporte de uno de los organismos especializados en la materia- «es el país con más presos políticos del continente: con 7.500 presos políticos, de los cuales al menos 7000 son civiles apresados bajo montajes judiciales: estudiantes, sindicalistas, maestros, artistas, poetas, ambientalistas, abogados, médicos, profesores, sociólogos, historiadores, investigadores, campesinos, líderes sociales, defensores de derechos humanos…. todos ellos encarcelados para callar el pensamiento crítico y la reivindicación social».
Incluso Congresistas Demócratas del gobierno de los Estados Unidos, instituciones del Parlamento Europeo y hasta la Organización de Estados Americanos -la OEA- han conocido los casos de violación a los derechos humanos en Colombia y se han visto forzado a asumir una actitud clara en la materia: han condenado al régimen de Alvaro Uribe, sin atenuantes.
La justicia colombiana ha puesto en evidencia que familiares muy cercanos al ex Presidente de ese país están estrechamente ligados al narcotráfico, del mismo modo como organizaron las llamadas «Autodefensas Unidas de Colombia» y han consumado atroces matanzas contra la población. Recientemente fue encontrada en los campos de ese país la fosa clandestina más grande de América conteniendo los restos de más de dos mil campesinos abatidos por la represión uribista.
A eso se refiere -sabiéndolo- Rafael Rey cuando recomienda ese «modelo»; y a eso alude también -tal vez sin saberlo- la sonriente Keiko Fujimori cuando nos habla de la necesidad de «pacificar» al Perú.
Por eso, no podemos dejar de considerar, como parte de nuestra preocupación, el documento de Amnistía Internacional referida a la situación de los Derechos Humanos en Colombia, y en el que alude precisamente con fuerza al tema de los grupos paramilitares que actúan con absoluta impunidad en ese país.
La organización internacional sostiene lo siguiente: «El modelo colombiano de impunidad incluye por primera vez en América Latina la inmunidad expresa de los integrantes del crimen organizado en forma pública. Los modelos anteriores afectaban directamente a militares, paramilitares y ejecutores civiles, pero nunca se había planteado en forma tan pública y desvergonzada que personas como Salvatore Mancuso puedan ser consideradas dignos de protección por parte del Estado, lo que estaría convirtiendo al Estado en cómplice del crimen organizado. Desde esta perspectiva, el modelo colombiano estaría comprendido en la frase de Jeremy Bentham (1748 – 1832) que tanto hemos usado en nuestras campaña en contra de la impunidad: «Del poder de perdonar sin límites, surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas; de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad; de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos; de la descomposición de los gobiernos, la descomposición política de la sociedad». Esta frase es, desde nuestro punto de vista, el paradigma jurídico y social al que tiene que hacer frente la sociedad colombiana en su conjunto».
Si la señora Keiko quiso «venderle» un mensaje tranquilizador al electorado peruano, para que «olvide» los horrores de la administración de su padre, se ha metido en camisa de once varas. El ejemplo de Colombia es insustentable.
Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
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