En los últimos 20 años en el Uruguay el valor de la hectárea promedio se multiplicó por nueve. En dólares corrientes pasó de u$s 340 en 1989 a u$s 3114 en 2009. En dólares constantes en el mismo período su valor se multiplicó por cuatro, pasando de costar u$s 274 en 1989 a u$s 1451 […]
En los últimos 20 años en el Uruguay el valor de la hectárea promedio se multiplicó por nueve. En dólares corrientes pasó de u$s 340 en 1989 a u$s 3114 en 2009. En dólares constantes en el mismo período su valor se multiplicó por cuatro, pasando de costar u$s 274 en 1989 a u$s 1451 en 2009. Sin embargo el mayor aumento se refleja en el último lustro: 25%.
Por dicho motivo es que el 22 de agosto pasado a instancias del Presidente Mújica y con la aprobación del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un Proyecto de Ley para crear un Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.
En relación al valor de la tierra en los últimos diez años la tributación total del sector agropecuario disminuyó un 75% pasando del 16 por mil en 1999 al 4 por mil en 2009 si se compara el PIB agropecuario con los tributos por concepto de Contribución Inmobiliaria Rural.
El desmedido aumento en el valor de la tierra (un bien finito y no renovable) ha generado una desmedida concentración en la propiedad de la tierra y ha expulsado a los pequeños y medianos productores rurales (la mayoría de ellos, productores familiares) que han enajenado sus bienes y se han alejado de la tierra.
El proyecto de ley intenta desalentar la concentración de tierras en manos de grandes capitales (muchos de ellos transnacionales) y se propone como paso seguido revertir la situación de los productores familiares otorgando capitales al Instituto de Colonización para que por la via de la compra de tierras y su posterior entrega en carácter de usufructo a pequeños productores familiares se logre comenzar a revertir la situación y se vuelva a pensar la tierra con el caracter de bien de uso social y no únicamente de producción.
El proyecto de ley propone gravar con un impuesto anual a las extensiones de mas de 2.000 hectáreas y un índice CONEAT (1) mayor a 100. La escala que se plantea es la siguiente:
Entre 2.000 y 5.000 hectáreas………………. u$s 8 por hectárea
Entre 5.000 y 10.000 hectáreas…………….. u$s 12 por hectárea
Extensiones mayores a 10.000 hectáreas…… u$s 16 por hectárea
Se estima que el nuevo impuesto generará una recaudación anual de u$s 60 millones y en el mismo proyecto de ley se propone que estos dineros sean destinados a mejorar la caminería rural profunda (caminería de acceso) aunque habrá que esperar las modificaciones que seguramente realice sobre el proyecto la bancada del Frente Amplio antes de su aprobación parlamentaria.
Se estima que este impuesto alcanzará a unos 1.200 productores o empresas de un total de 47.300, lo que significa un 2.5% de productores que poseen el 36% de la superficie total de tierras. Dicho de otra forma: el impuesto no afectará al 97.5% de productores rurales.
Si analizamos el crecimiento en el valor de la tierra del 25% que mencionamos mas arriba y en el cálculo de que son 5 millones de hectáreas las comprendidas por el alcance de este impuesto, las que costaban en dólares constantes unos 4.000 millones de dólares, al día de hoy cuestan 12.000 millones. Menuda tasa de ganancia y herramienta para la especulación!!!
Se indica que la segunda parte del proyecto modificará los tributos a la compra-venta de inmuebles rurales. Se estima que por este mecanismo se recaudarán unos US$ 20 millones adicionales, los cuales se destinarían a financiar proyectos del Instituto Nacional de Colonización.
Citas
(1)http://www.prenader.gub.uy/coneat/doc/doc_coneat.htm
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