Muerte, desaparición forzada, persecución, criminalización, hostigamiento… defender los derechos humanos en América Latina y El Caribe no es un juego ni una afición. El segundo informe de la CIDH al respecto demuestra que Gobiernos, empresas extractivas y poderosos grupos económicos están detrás de este genocidio silencioso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público […]
Muerte, desaparición forzada, persecución, criminalización, hostigamiento… defender los derechos humanos en América Latina y El Caribe no es un juego ni una afición. El segundo informe de la CIDH al respecto demuestra que Gobiernos, empresas extractivas y poderosos grupos económicos están detrás de este genocidio silencioso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público ayer el segundo informe sobre la Situación de las Defensoras y defensores de Derechos Humanos. El texto, lleno de casos ejemplares, muestra como las personas comprometidas en estas luchas son la piedra en el zapato de muchos gobiernos de Latinoamérica y El Caribe así como de las empresas que aquí operan.
La cortesía diplomática obliga a la CIDH a hacer un reconocimiento genérico al «progreso» de algunos Gobiernos en cuanto a la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el hemisferio, pero la realidad es que el informe del organismo de la OEA no muestra un panorama mejor que la primera investigación a fondo sobre el tema, difundida en 2006.
La Comisión cree que los grupos más amenazados son «los y las líderes sindicales; líderes campesinos y comunitarios; líderes indígenas y afrodescendientes; operadoras y operadores de justicia; mujeres defensoras de derechos humanos; y defensoras y defensores del derecho al medio ambiente sano, de los derechos de las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexo (LGTBI); y los trabajadores migratorios y sus familias».
El relato aborda las maneras más habituales de agresión que van desde el asesinato, desaparición forzada, la privación de libertad, el hostigamiento y las amenazas, el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones o la criminalización de la actividades de las defensoras y defensores, hasta las restricciones a la libertad de asociación, a las acciones de hábeas data, limitaciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos a ciudadanos extranjeros o la impunidad total en las investigaciones relacionadas con estos hechos. Según la CIDH, «continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas, seguimientos y allanamientos, así como los señalamientos por parte de altas autoridades que desprestigian y estigmatizan la labor de defensa de los derechos humanos. Además, existe una creciente sofisticación en los mecanismos destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, reflejado en la iniciación de acciones penales, la restricción de fuentes de financiamiento a las organizaciones y la ausencia de mecanismos adecuados y efectivos para su protección».
Es especialmente dramático el capítulo sobre el derecho a la vida de las personas comprometidos con los derechos humanos en Latinoamérica. «Los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, constituyen uno de los más graves obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos», explica la Comisión para después incidir en que los países donde menos se respeta la vida de las y los activistas es en «Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela». La CIDH tiene claro que hay una relación directa entre las agresiones y la pérdida de la democracia, la presencia de crimen organizado o «sectores de gran poder económico», y las actividades de las industrias extractivas.
«En Colombia, según registros de las organizaciones de la sociedad civil, entre 2006 y 2010 se habrían cometido cerca de 68 violaciones al derecho a la vida de defensores y defensoras, incluyendo al menos 5 desapariciones», detalla la Comisión. «En cuanto a Guatemala, de acuerdo a la información recibida, desde el 2006 habrían sido asesinados aproximadamente 59 defensores de derechos humanos y habría ocurrido una presunta desaparición forzada».
Sobre Honduras, el informe destaca que «tras el golpe ocurrido en 2009, la situación de defensores y defensoras de derechos humanos se agravó y, de acuerdo a la información recibida por la CIDH, entre 2009 y el 2010 las organizaciones registraron cerca de 675 casos de agresiones y aproximadamente 65 en los meses de enero a marzo de 2011. Organizaciones de la sociedad civil informaron que en el contexto de la crisis política generada por el golpe de Estado, habrían sido asesinados cerca de 9 defensores de derechos civiles y políticos; 3 líderes sindicalistas; 14 defensores de derechos de los pueblos indígenas; 5 defensores de los derechos de las personas LGTBI; 19 defensores del medio ambiente; 13 líderes magisteriales y 12 líderes sociales vinculados al Frente Nacional de Resistencia».
El balance también hace una parada detenida en Brasil, en México (donde entre 2006 y 2010 han sido asesinados 61 defensores y otros 4 han sido desaparecidos) o Venezuela (con el asesinato de por lo menos 30 líderes sindicales en el período de junio de 2009 a mayo de 2010).
Dice la CIDH, que «ha constatado que grupos privados; paramilitares o parapoliciales, que actúan al margen de la ley o con aquiescencia del Estado, continúan identificando en algunos países a defensoras, defensores u organizaciones como ‘enemigos’ u objetivos militares». Y en ese sentido, le preocupa que en Colombia, tras el desmonte del DAS (a quien se le demostró el espionaje y hostigamiento a activistas y organizaciones), «algunos funcionarios, ante la perspectiva del despido, habrían decidido vender y filtrar información que se encontraba a su disposición a particulares, grupos ilegales o grupos interesados».
Otro de los fenómenos muy presentes en el informe es la criminalización de la protesta social, de las y los activistas y de las organizaciones. «El fenómeno de criminalización -insiste la CIDSH- afecta a las y los defensores de manera individual y colectiva. En relación a la persona del defensor o defensora de derechos humanos, puede producir angustia, inseguridad, frustración e impotencia ante las autoridades estatales, la privación de su libertad, cargas económicas inesperadas, además de una consecuente afectación a su reputación y credibilidad. Por otro lado, a través de la criminalización se hace una estigmatización colectiva».
Detenciones, uso excesivo de la fuerza, impunidad… el informe es todo un homenaje a la falta de libertades y al retroceso en materia de derechos humanos en Latinoamérica y El Caribe. Lleno de ejemplos y casos reales, en 253 páginas el informe desgrana una realidad que debería prender las alertas. Casi ningún Gobierno es inocente, casi ninguna defensora ni defensor de derechos humanos está a salvo.