Hemos reseñado en otros artículos como la crisis fiscal es el resultado de una política aplicada desde hace décadas por el Estado burgués semicolonial costarricense, a través de sus distintos gobiernos, con la que han estado de acuerdo el conjunto de la burguesía y su personal político. Desde los años ochentas los gobiernos liberacionistas y […]
Hemos reseñado en otros artículos como la crisis fiscal es el resultado de una política aplicada desde hace décadas por el Estado burgués semicolonial costarricense, a través de sus distintos gobiernos, con la que han estado de acuerdo el conjunto de la burguesía y su personal político.
Desde los años ochentas los gobiernos liberacionistas y los socialcritianos, (de los cuales también fueron ministros o asesores quienes hoy militan en el PAC y en el Movimiento Libertario) diseñaron una política de Estado para transformar el país en un paraíso fiscal para el capital bancario-financiero, para los grandes grupos hoteleros, para los importadores y los grandes latifundios agrocapitalistas. No es sino hasta Septiembre de 2011, que el Banco Central se ve obligado por las propias contradicciones del modelo de acumulación, a tomar una pragmática medida para intentar regular la actividad de los banqueros privados (un encaje de 15% del valor de los préstamos externos a corto plazo recibidos por los bancos). Esta tibia medida es la primera de este tipo en casi 31 años de sistemática desregulación de las leyes financieras en función de fortalecer a los grandes banqueros nacionales y metropolitanos (1).
En nuestro país la atracción de capitales, se canalizó en distintas formas del circuito bancario (créditos, deuda, etc.) y a su vez alimentó: «la expansión inmobiliaria, el consumo y la inversión de las empresas, imprimiéndoles ritmos inusuales por comparación a los estándares históricos conocidos. (…) el ámbito financiero es el motor principal que mueve la economía costarricense» (Vargas, 2009,72).
Lo monstruoso de la conclusión de Vargas, es que después de tres años y medio, que la burguesía tica empezó a aplicar sus planes anti crisis y a enarbolar el discurso sacrificial de que: «con la crisis todos perdemos» y que «hay que hacer sacrificios por el bien de la patria», el dato frío y duro es que los banqueros, siguen haciendo «plata dulce». En declaraciones recientes las entidades bancarias señalaron que en el «difícil» año 2011 lograron: «ganancias por 138 mil millones de colones en 2011; un 22 por ciento más que en 2010.» (Ver Cuadro Nº 1).
La expoliación continúa
El programa del gobierno para transmitir la crisis a los trabajadores tiene 5 pilares: Plan Fiscal, endeudamiento externo, contención del gasto público, contrarreforma laboral y tarifazos.
Al respecto no está de más recordar que el modelo tributario en Costa Rica es totalmente regresivo 66, 1% de lo que se recauda son impuestos indirectos, que recaen sobre el consumo del pueblo trabajador (esta vía se radicalizaría con el plan fiscal) y los impuestos directos sobre las rentas y las ganancias son solo de 33.9% de la recaudado (XV IEN).
Pero aún, con este modelo regresivo, es importante entender que inclusive los ingresos por renta son fundamentalmente recaudados por los cobros a los trabajadores mejor pagados (ya sean contratados por planilla o por servicios profesionales). Recientemente Tributación Directa ha informado que: «Los pequeños contribuyentes fueron los que más aumentaron su aporte con el impuesto sobre la renta en el 2011 respecto al 2010. En el 2011 cada uno de ellos declaró y pagó, en promedio, ¢830.000 de impuesto sobre la renta, lo que significa un 31% más que en el 2010, cuando el promedio alcanzó los ¢630.000.»
En contraste: «Los grandes contribuyentes, que incluyen cerca de 500 grandes empresas, declararon, en promedio en el 2011, ¢762 millones, cada una, un 8% más que el año anterior» (LN. 16/02/2011).
¿Qué significan estos datos? Todos sabemos que el gobierno tiene una «línea dura» en contra de las reivindicaciones sindicales, pero supongamos que el gobierno, presionado por el actual ascenso en las luchas de los trabajadores, otorgue alguna concesión mínima, estos datos muestran que el gobierno en realidad ya se habrá cobrado varias veces y con creces por otra vía, cualquier concesión que realice.
Los dueños del gobierno y de la Alianza por Costa Rica
En ambos bandos políticos, se encuentran los agentes de los grandes grupos económicos. Empecemos por el gobierno Chinchilla-Solís, su vice es Luis Libermann. En el 2006 el Scotiabank compró el Banco Interfin por un monto de $293,5 millones, sus dueños: Luis Liberman y Luis Lukowiecki. El año pasado Scotiabank reportó utilidades de 4 441 millones de colones. Eso dentro del personal político visible, pero en la lista de donantes a la campaña electoral de Laura Chinchilla, podemos encontrar a los siguientes grupos y personajes: «Rodolfo Jímenez Borbón: Empresario co-dueño de la mega corporación Florida Ice & Farm (FIFCO) y de Vidiriera Centroamericana (VICAL). Posee inversiones en el sector turismo (Reserva Conchal & Four Seasons), e inversiones en Guatemala, Panamá y Nicaragua. (….) Familia Durman Esquivel (…) conforma una de las empresas más importantes de América Latina en la producción y comercialización de tuberías y accesorios de PVC. En el año 2007 fue comprada por la transnacional ALIAXIS, a partir de la cual nació Aliaxis Latinoamérica (Alila). Alfredo Esquivel Volio, Exministro de Agricultura y Ganadería de la administración de los Hermanos Arias Sánchez. Fue dueño de FRUTEX, una de las principales productoras nacionales de piña y ex dueño junto con la Familia Lewis y Loeb de Caribana, ambas recientemente vendidas a la transnacional Del Monte. Luego de la venta de estas empresas, la familia Esquivel Volio junto con la Familia Loeb Smith se movieron al sector financiero: la Financiera Acobo.» (Robles, 2010)
Por otro lado, es muy evidente el esmero con que La Nación y el PAC cuidan los intereses de las empresas de educación y salud privada. En el Plan Fiscal negociado entre el gobierno y el PAC de Ottón Solís, éste se cuidó de reducir los impuestos de las empresas de educación privada y salud privada de un 10% a un 2%. Este movimiento se engarza con la asfixia presupuestaria a la que llevó el gobierno a las universidades públicas a través del V Convenio FEES y el endeudamiento con el Banco Mundial. Pero en la Alianza por Costa Rica, no están mejor. Juan Carlos Mendoza, presenta a este conglomerado como un acuerdo que perdura porque: «Costa Rica exige que logremos acuerdos que revitalicen las raíces de la solidaridad, de la justicia y de la búsqueda del bien común de las que surgimos». (Diario Extra. 21/02/2012).
Bueno, veamos si lo que dice Mendoza, tiene algo que ver con la realidad. Los diputados del Movimiento Libertario (ML) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se han presentado en su oposición al plan fiscal como voceros, por ejemplo, de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), uno de los supuestos afectados por el plan fiscal.
Bastaría decir que uno de los grandes ganadores del modelo son los importadores de autos. El grupo Corporación CAFSA. S.A., (Purdy Motor, Financiera CAFSA) de Amadeo Quirós, Mauricio Gómez Picado y José Rossi Umaña posee un capital estimado en 14 795 194 millones de dólares. ¿Es con estos megaconsorcios que se construye la justicia y el bien común?
No podemos más que recordarles también a los defensores de la Alianza por Costa Rica, quienes fueron los financistas del Movimiento Libertario, señala el investigador Francisco Robles Rivera: «muchos han sido los cuestionamientos sobre el origen de los fondos, [del Partido Movimiento Libertario], especulando entre dineros de Roberto Martinelli, el lavado de dólares y los casinos. En torno a lo anterior, el candidato del ML, ha revelado, en los últimos debates presidenciales los nombres de los bancos de los cuáles, en la última parte de la campaña, ha recibido fondos: Banco BCT; Financiera ACOBO y Banco Lafise».
La Financiera Acobo, es parte del grupo económico de las familias Loeb y Esquivel Volio, cuyo capital aproximado es de 46 269 628 millones de dólares.
El BCT «cuyos apoderados generalísimos son: Leonel Baruch Goldberg; Marco Vinicio Tristán Orlich y Antonio Burgués Terán.» (3) reportó utilidades para el año 2011 de 1 963 millones de colones. Las utilidades del Banco Lafise fueron de 1 236 millones de colones. Como vemos la apariencia de lucha contra la «concentración del poder» o contra el «obstruccionismo» y la «promiscuidad ideológica», esconde que detrás del telón parlamentario se levantan como sombras gigantescas, los verdaderos dueños de la política burguesa nacional, quienes concentran el poder económico y político en medio de la absoluta «promiscuidad de negocios». Estos son, precisamente, los grupos económicos a los que el pueblo trabajador debe vencer.
Nuestra estrategia
En el día a día, en las luchas cotidianas nos topamos con muchos activistas honestos del Frente Amplio, y justo por este papel que juegan en las luchas nos gustaría preguntarles: ¿No es acaso una absoluta ilusión y una burda confusión esperar construir una alianza progresista con facciones de la burguesía, cuando todos ellos comparten la dinámica del modelo y se benefician en sus campañas de los dineros de los grandes grupos?
Frente a estos hechos contundentes, nosotros, por el contrario presentamos un programa de movilización y organización de la clase trabajadora contra todos los grupos económicos que se han beneficiado del modelo de explotación y saqueo. Este programa contendría: A) El cese del endeudamiento externo y el no pago de la deuda interna y externa. B) La denuncia del Tratado de Libre Comercio y la renacionalización de las telecomunicaciones y los seguros. (4) C) Impuesto de renta de 45% a los grandes grupos económicos, empezando inmediatamente con los bancos privados (Ver Cuadro Nº 2), estos impuestos deben financiar la educación y salud pública y la construcción de vivienda popular. (5) D) Aumento general de salarios, libertad de organización sindical en las empresas privadas, fin de la tercerización y la flexibilidad laboral. Contratos colectivos de trabajo en el sector público y privado. E) Congelamiento de tarifas, precios de servicios públicos y nuevas alzas. F) Cese inmediato de los remates y expropiaciones de las pequeñas propiedades a manos de los bancos. (6) G) Veda de la expansión de los grandes latifundios, reforma agraria, entrega de las tierras ociosas a los campesinos, crédito baratos y buenos caminos para asegurar la producción y comercialización de sus productos. H) Nacionalización bajo control de las organizaciones campesinas y de consumidores de los conglomerados de la importación e industrialización de alimentos (Grupo Tío Pelón, etc.) I) Derogatoria de la ley de concesión obras públicas y de todos los contratos que privatizan el transporte público (autopistas del sol, trenes, aeropuerto, etc.), Nacionalización de los servicios de transporte, como parte de un programa general de obras públicas que construya escuelas, hospitales y nuevas carreteras en todo el país.
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